Durante los últimos tres años, la administración del presidente Donald Trump ha realizado cambios fundamentales en la política inmigratoria a fin de desincentivar la inmigración ilegal e incentivar la entrada ordenada al país. Estos cambios han resultado ser decisivos para intentar detener los flujos migratorios masivos de ciudadanos provenientes de países como México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Cuba o Venezuela. Sus propuestas más ambiciosas se han puesto en marcha en la frontera sur y han generado gran oposición, así como un aumento en el número de demandas contra su actual gobierno. Esto ha sido, sin embargo, bajo mi punto de vista, algo positivo ya que ha puesto de manifiesto el fenomenal estado de salud del estado de derecho en nuestro país.

Existe en la actualidad la idea que la Administración Trump ha introducido cambios en las leyes para detener la inmigración ilegal. Al respecto, solo me gustaría destacar el hecho que la ley federal de inmigración y ciudanía sigue vigente e intacta y que, hasta la fecha, se mantienen en pie la aplicación de la mayoría de programas de protección humanitaria de los inmigrantes. Hablamos, entre otros, de los programas como TPS, asilo, protección de menores o suspensión de la deportación por posibles torturas. Y es que si bien el gobierno actual expuso muchos de los abusos que se estaban llevando a cabo gracias a las lagunas del propio sistema, esto no fue suficiente para persuadir a los congresistas o al poder judicial de la necesidad de eliminar dichos programas, aunque sí para aprobar medidas de mayor control en la entrada o en la recepción de los beneficios que de esta se derivan.

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La mala publicidad que tiene la actual Administración se debe a que desde el inicio de su mandato el presidente norteamericano hizo declaraciones en contra de la inmigración ilegal y una clara referencia a sus prioridades respecto a la defensa de las fronteras y la necesidad del cumplimiento íntegro de la legislación vigente. La seguridad nacional y los programas humanitarios son, sin duda alguna, dos de los temas que más enfrentan a los gobernantes con los organismos internacionales como las Naciones Unidas (“ONU”). Los primeros abogan por políticas de control de la inmigración y de los gastos relacionados con la misma, mientras que los segundos defienden a ultranza la protección de los inmigrantes y avanzan una agenda global sin límites difícilmente asumible por muchos países.

Destaca por ejemplo que en el seno de la ONU se hayan elaborado y aprobado acuerdos como el Pacto Mundial de la Migración de 2018, mientras que no se logran resoluciones para sancionar a aquellos regímenes dictatoriales que provocan que millones de inmigrantes abandonen sus países en la más absoluta miseria. Es más, desde esta misma organización se denuncia públicamente a países como EE.UU. que deciden no cooperar con estas dictaduras que violan todos los derechos humanos promulgados por la propia ONU. De esta forma, mientras el sistema de Naciones Unidas ha perdido toda su credibilidad, inclusive entre los defensores de derechos humanos, EE.UU. ha decidido avanzar y proceder a la firma de acuerdos bilaterales y regionales que tengan sentido, respeten el estado de derecho y ofrezcan una solución real a problemas como la inmigración masiva desordenada y la detención del tráfico humano o el tráfico ilegal de personas.

* Abogada en EE.UU. y España en Kivaki Law Firm.

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