Despidos masivos en agencias federales de EEUU generan tensión entre Donald Trump y el poder judicial, mientras Elon Musk evalúa recortes para reducir la deuda nacional.
Sonia Schott
Los tornados que azotaron recientemente gran parte de Estados Unidos, dejando muerte y destrucción, avivaron los temores sobre el futuro de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y su Servicio Meteorológico Nacional, responsables de las alertas por fenómenos climatológicos extremos, y es que esta agencia ha enfrentado despidos masivos de al menos el 10% de su plantilla, pero no es la única.
La justificación del Departamento de Eficiencia Gubernamental del presidente (DOGE), guiada por Elon Musk, es que hay que reducir el tamaño del gobierno federal y su gasto, dado que, a marzo de 2025, la deuda nacional estadounidense es de aproximadamente 36,22 billones de dólares.
La deuda nacional es la cantidad de dinero que el gobierno federal toma prestado para cubrir el saldo pendiente de los gastos incurridos y según la página del Departamento del Tesoro, cuando el gasto supera los ingresos, se produce el déficit presupuestario.
Ahora bien, en las ocho semanas transcurridas desde que Donald Trump asumió la presidencia, miles de empleados federales han perdido sus empleos de manera draconiana, en aras de reducir la deuda federal pero creando una conmoción sin precedentes.
Musk ha ido de un lado al otro evaluando cómo optimizar funciones y presupuestos.
La semana pasada, visitó la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el mayor de los 17 servicios de inteligencia, con sede en Fort Meade, Maryland.
Hasta ahora, el segmento más afectado es el de los llamados empleados en período de prueba, reclutados durante el último año.
Si bien la búsqueda de que la fuerza laboral gubernamental funcione eficientemente y a menor costo fue una de las promesas electorales de Trump, el despido de tantos empleados también parece injusto y muchos tribunales están de acuerdo.
Se han interpuesto numerosas demandas para intentar revertir los despidos y varios jueces ya han ordenado a la Casa Blanca que devuelva sus puestos a los empleados.
Por ejemplo, el juez federal de distrito James Bredar, en Maryland, emitió una orden de restricción temporal contra docenas de departamentos gubernamentales que habían despedido a un gran número de empleados. Igualmente, el juez William Alsup, en San Francisco, ordenó la reincorporación de miles de trabajadores en período de prueba cuyos contratos fueron rescindidos.
La intervención de los jueces provocó una respuesta airada de la Casa Blanca, lo que sugiere una creciente tensión entre la administración Trump y el poder judicial.
La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, declaró que el poder reside en el presidente y que "los jueces de tribunales de distrito no pueden abusar de su potestad para frustrar la agenda ejecutiva”.
Seguramente, las decisiones de los jueces serán revocadas en un tribunal superior.
El gobierno emplea actualmente a más de dos millones de personas. Sin embargo ahora, algunas agencias además de despedir personal, están congelando nuevas contrataciones.
Unos se han visto más afectados que otros; Musk ha cerrado la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) enviando a los trabajadores a casa. USAID, absorbida por el Departamento de Estado, ha cancelado 5.200 programas, según el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio.
También el Departamento de Educación se está desmantelando al igual que el Centro Internacional para Académicos, Woodrow Wilson, el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas, el Consejo Interinstitucional para las Personas sin Hogar, el Fondo de Instituciones Financieras para el Desarrollo Comunitario o la Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias.
La Voz de América (VOA) y sus emisoras hermanas, como Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia y Middle East Broadcasting Networks, que promovían la defensa de la democracia y la libertad de prensa en el extranjero, fueron dadas de baja.
La Asociación del Servicio Exterior Estadounidense (AFSA) que incluye a la VOA consideró que despojar unilateralmente a una agencia establecida por el Congreso de sus funciones constituye una afrenta al equilibrio constitucional de poderes.
Una vez más, la “razón de Estado” impone su argumento de que el fin justifica los medios. Ahora bien, el desafío para Trump está en mantener ese delicado equilibrio entre gobernar con mano de hierro y seguir manteniendo el apoyo de sus ciudadanos.
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