Los actos, procesos y sentencias de los sistemas de justicia de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua prueban que los jueces en esos países son ejecutores de la represión y de la impunidad para los miembros del régimen. El poder judicial destinado a garantizar los derechos y libertades fundamentales por medio de la administración de justicia ha sido convertido por las dictaduras del socialismo del siglo XXI el brazo represivo que ha institucionalizado el miedo, la violación de derechos humanos, los presos políticos, la persecución y el asesinato de la reputación. Los jueces son verdugos, los juicios son linchamientos, los acusados son víctimas, mientras las democracias del mundo siguen aceptando como justicia a este oprobio dictatorial.

El Poder Judicial es el “órgano del poder público encargado de hacer cumplir la ley administrando justicia”, es “la facultad estatal que permite la administración de justicia a través de la aplicación de las leyes”. Sus características mínimas fundamentales son la independencia, la imparcialidad y exclusividad jurisdiccional. Su competencia es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, proteger a los ciudadanos de los excesos de poder y dirimir conflictos entre particulares y entre estos y el estado.

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El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el “estado de derecho” y la separación e independencia de poderes como elementos esenciales de la democracia contenidos en el Art. 3 de la Carta Democrática Interamericana, hacen a la importancia del Poder Judicial como parte de la democracia.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José y todas las constituciones políticas establecen la “independencia e imparcialidad” del poder judicial y reconocen como fundamentales e inherentes a la persona “el debido proceso legal”, la “presunción de inocencia”, la “igualdad jurídica”, la “protección de la ley”, y más.

La represión y la persecución políticas, utilizando la administración de justicia, no es nueva, ha sido practicada por los regímenes totalitarios, autoritarios y dictatoriales a lo largo de la historia y la lucha por la libertad ha consistido en gran parte en establecer principios y normas que garanticen una justicia independiente que sea “garantía de libertad” y no “instrumento de dominio”.

El socialismo del siglo XXI o castrochavismo ha hecho parte de su metodología como una extensión de la aplicada por décadas por la dictadura de Cuba, el control total del poder y la manipulación del Poder Judicial. Justicia convertida en mecanismo de represión y persecución, en base a “leyes infames” que violan los derechos humanos y establecen tipificaciones, procedimientos y sanciones destinadas a la perpetuación del régimen.

En Cuba, en procesos sumarios y casi secretos en los últimos meses, han condenado a 3 años de cárcel al músico opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, a 8 meses de prisión a Luis Enrique Santos Caballero por pedir libertad de José Daniel Ferrer, a 4 años de trabajo con internamiento a Ariel Alonso Pérez, a 8 meses de prisión a Denis Solis por portar un cartel expresando “Pueblo de Cuba, decide tu futuro”, y sigue el abuso.

En Venezuela la condena a más de 13 años de prisión contra Leopoldo López ha tenido transcendencia internacional, pero centenas de ciudadanos, militares y dirigentes sociales y políticos son presos políticos con sentencias judiciales infames. En Nicaragua se denomina “justicia modo Ortega” al patrón que se repite en los tribunales de justicia de “garantizar impunidad cuando los acusados son militares sandinistas y ensañarse cuando son adversarios políticos” como lo denuncia y demuestra la crónica de Fabián Medina desde Managua.

En Bolivia, en solo días han liberado a Evo Morales y sus cómplices de todo cargo en varios procesos que van dese fraude electoral, terrorismo, masacres, asesinatos, hasta estupro y abuso de menores en ejercicio del poder. Han iniciado procesos de acusaciones penales, repitiendo la metodología castrochavista ya usada en los casos “terrorismo”, contra abogados, periodistas ciudadanos y dirigentes de organizaciones cívicas. El ministro de justicia ha pedido oficialmente –luego de un tuit de Evo Morales- liberar al guerrillero de las FARC preso por acciones criminales del 2019.

La pregunta es ¿cuándo los gobiernos democráticos y los organismos internacionales denunciarán el oprobio de lo que Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua llaman Justicia? ¿Y hasta cuando seguirán aceptando los fallos de ese oprobio como validos!?

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

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