Las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos han pasado a ser consideradas por el régimen de Maduro como sospechosas de cometer delitos de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. El sello oficial a esta evidente persecución y claro hostigamiento ha quedado expresado en la Providencia Administrativa No. 001-2021 que obliga a estos entes de la sociedad civil a entregar información de sus beneficiarios -acto ilegal que violenta la prohibición que tienen las ONG´s de informar sobre sus casos y defendidos sin su consentimiento- así como de los donantes.

Los activistas vienen siendo abiertamente criminalizados por la dictadura y en los últimos tiempos el persecutor ha sonado las llaves de la prisión.

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La providencia mencionada, vigente desde el 30 de marzo, ha sido rechazada por 663 organizaciones no gubernamentales del país, luego de hacerse público su contenido. Varias condiciones evidencian la clara intención del régimen de mutilar la actividad humanitaria y de reducir la actividad de las ONG´s que cumplen su labor. El férreo control sobre ellas se evidencia en la disposición para su registro, al obligarlas a hacerlo en la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, instancia sujeta al Ministerio del Interior y Justicia.

“Es un acto inconstitucional de extralimitación legal con evidente quebrantamiento de las normas internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales”, expresaron directivos de los entes afectados.

Es evidente que la dictadura no cesa de apretar sus tenazas y que saliva con la idea de ponerle mano a los nombres de donantes registrados en los libros de actas. Pero de manera especial, la mayor perversidad la despliega al dirigir sus baterías contra los beneficiados. Así, “los violadores de los Derechos Humanos exigen que las ONG´s se conviertan en patriotas cooperantes (delatores) y den los nombres de sus víctimas, a ellos, que son los verdugos y que, como tales, han sido denunciados en Venezuela y el mundo”, precisó Gonzalo Himiob, director presidente del Foro Penal venezolano.

Acatar esta normativa sub-legal violentaría el cumplimiento del artículo 13 de la Declaración de defensores de Derechos Humanos de la ONU de 1998: “Toda persona tiene el derecho legal y colectivamente a solicitar, recibir y utilizar recursos, con el objeto expreso de promover y proteger por medios pacíficos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Un comunicado de las 663 ONG´s afectadas denuncia que la providencia “coloca en grave amenaza a todas las personas que se encuentran bajo el deber de amparo provisto en las organizaciones de la sociedad civil (…) se obliga a revelar información personal que puede poner en peligro sus vidas integridad, seguridad, libertad y subsistencia en el actual contexto venezolano, violando sus derechos a la protección, la asistencia, la confidencialidad y la privacidad”, precisó el texto.

Tal como refirieron las organizaciones de la sociedad civil, esta providencia evidencia la criminalización reiterada y bloquea el espacio cívico al restringir a la sociedad civil de brindar a la población venezolana asistencia, ayuda y defensa de sus derechos.

“Acatar esta providencia significaría colocar en riesgo la vida, integridad, seguridad, libertad y subsistencia de los beneficiarios”, precisa Rafael Uzcátegui, director de Provea.

Antecedentes de lo que el régimen es capaz de hacer a las ONG´s, hay. Recordemos las acciones contra Roberto Patiño, directivo de “Alimenta la Solidaridad” y “Convive”, así como la reciente imputación a cinco miembros de “Azul Positivo” por distribuir tarjetas de débito a personas necesitadas que con ellas recibirían una pequeña ayuda que les permitiría comprar alimentos y medicinas.

Si bien a Maduro le mortifica altamente la investigación que debe iniciar la Corte Penal Internacional contra él y otros miembros de su régimen por la comisión de delitos de lesa humanidad, también es cierto que dicho proceso no ha frenado la constante exhibición de su impiedad. Esa actitud no es casual. Es coherente con un plan que ha venido ejecutando la dictadura. Lo ha hecho sin pausa y la providencia es solo una parte. Tiene que ver con el control sobre los ciudadanos a través del maltrato, la humillación para mantenerlos doblegados, impidiéndoles de manera deliberada el acceso a los beneficios y peor aún, castigar a todo aquel que reciba ayuda, dejando la única migaja, el mínimo beneficio posible, al delator que traicione y entregue al que le ha dado la mano.

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