Lamento cortar los aplausos y silenciar los melosos calificativos hacia la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Recordemos que ella está en ese cargo para acatar el mandato de la Asamblea General de la ONU. No por simpatía, militancia política, bondad o ausencia de ella. Y en tanto Venezuela, la señora Bachelet está incumpliendo lo que le fue ordenado por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019. Traigo a la memoria el punto 6: “…urge que inmediatamente las autoridades de Venezuela pongan en libertad a todos los presos políticos…”. Un año después, la señora Bachelet evita referirse a ellos. La liberación de los presos políticos quedó en el olvido. Hay mucho más, como que con su silencio el escuadrón paramilitar de la FAES recibió su bendición.

Este nuevo informe tampoco registra el incremento de torturas, de las detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, extorsión con familiares de detenidos, negación de acceso a la justicia (más aún con el COVID-19) o que 13 indígenas permanezcan en prisión.

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Tienen razón en su indignación los familiares de los presos políticos porque, si bien Bachelet desarrolla en su informe la falta de independencia del sistema de justicia (sutil eufemismo que evade denunciar el control del Poder Ejecutivo sobre el mismo y la ausente separación de poderes), para nada precisa la situación del sistema penitenciario, ni relata que a sus mismos representantes de ACNUDH se les ha negado el acceso a los penales donde más se tortura y hay decenas de detenidos con su salud deteriorada. Así que la tarea está incompleta.

Por eso hay que resaltar lo que el informe no dice y que la alta comisionada evade deliberadamente. Resulta inexplicable que este documento no denuncie al régimen por haber incumplido 21 de las 23 recomendaciones presentadas hace un año. ¿Por qué, por ejemplo, en el desarrollo de la preocupación de Bachelet por la violencia por motivos de género, ella “olvidó” exigir la liberación de la abogada Antonia Turbay, quien tiene boleta de excarcelación desde julio del año pasado? ¿Por qué el silencio ante el aumento descarado de agresiones y detenciones de periodistas? Para facilitarle el hipotético discurso, apenas 48 horas antes el politólogo Nicmer Evans, director del portal Punto de Corte, había sido detenido por escribir un tuit y luego de ser extorsionado con la amenaza de apresar a su esposa en presencia de otros familiares, incluyendo su hijo de 6 años. La alta comisionada no se dio por enterada.

Cierto que en el informe son de utilidad las menciones a la amañada designación del diputado CLAP Luis Parra, a la repartición del territorio venezolano a grupos narcoterroristas y la precisión de las bandas criminales en el arco minero del Orinoco con la explotación de seres humanos y destrucción de los recursos naturales. Pero en la tragedia de Venezuela se cometen más delitos y muy graves.

No es descuido que la alta comisionada haga menos cuando su deber es hacer más. Creo que ese informe es una decisión calculada. Bachelet habría podido presentar pruebas ante los estados de la ONU de la destrucción de nuestro país por parte de quienes ostentan el poder y el sometimiento de los venezolanos ante un régimen totalitario que reprime, tortura, destruye a la disidencia, pisotea la ley, delinque con terroristas y narcotraficantes y pretende llevar a cabo un proceso electoral parlamentario fraudulento en medio de una pandemia que la dictadura utiliza para mantener a la población bajo su control con una crisis de carestía de combustible, alimentos y servicios básicos.

Sin embargo, Bachelet centró sus recomendaciones en aspectos importantes que el régimen puede seguir burlando sin consecuencias. Y en su política diplomática la alta comisionada hasta presume de los esfuerzos mostrados por el “gobierno” y el Ministerio Público.

Si Bachelet hubiese enumerado los puntos no cumplidos por la dictadura venezolana durante este año y mostrado con pruebas –que las hay– cómo la situación está peor aún, habría tenido que exigir a los estados miembros acciones concretas para salvar a Venezuela. Pero eso no ocurrió.

No voy a llegar al extremo de decir que es una aliada del régimen (aunque hay sospechas), pero no puedo evitar pensar que su impulso personal lleva el interés político de mostrarse ante la comunidad internacional como una protagonista mediadora en el conflicto. Tal vez por eso su insistente mención a que Maduro y su gente cooperan.

Y dejo esta pregunta. Un año después, ¿esa supuesta cooperación del régimen con Bachelet ha servido para las víctimas o para cohabitar con la dictadura a quien la alta comisionada le ha lanzado un salvavidas?

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