En Venezuela, durante años nos acostumbramos a una justicia que llegaba tarde, si es que algún día llegaba.
Una justicia con los ojos vendados, sí, pero no precisamente para ser imparcial, sino para no mirar hacia el poder.
Por eso el acuerdo alcanzado entre la Asamblea Nacional 2015 y el gobierno interino de Delcy Rodríguez para renovar completamente el Tribunal Supremo de Justicia (TAJ) no es un asunto menor; es, posiblemente, una de las pruebas más importantes de todo el proceso de negociación que inició formalmente el 1 de agosto de este año.
El acuerdo contempla reformar la Ley Orgánica del TSJ, renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales, abrir nuevamente el proceso para designar a todos los magistrados y crear un mecanismo de revisión de credenciales.
Y aquí es importante detenerse. El problema no son los 32 cargos; el verdadero problema son los 32 nombres.
La reforma aprobada en mayo elevó nuevamente de 20 a 32 el número de magistrados del TSJ, después de que en 2022 ese número hubiera sido reducido de 32 a 20; o sea, hasta el número de magistrados ha sido una variable que el régimen ha movido a su antojo y conveniencia.
Cambiar escritorios, togas y oficinas no sirve de absolutamente nada si quienes ocupan esos escritorios responden a los mismos intereses de siempre. Sería estrenar un TSJ con la misma justicia vieja.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que Venezuela no cuenta con un Poder Judicial independiente y señala entre los problemas la designación irregular de las autoridades judiciales, la elevada presencia de jueces temporales, la falta de estabilidad y la opacidad en la administración de justicia.
Por su parte, Human Rights Watch, ubica el quiebre de la independencia judicial en 2004, cuando una reforma, en la era del hoy fallecido Hugo Chávez, permitió copar el máximo tribunal con aliados de su gobierno. Desde entonces, dice la organización, el TSJ ha respaldado al Ejecutivo.
Basta recordar algunos episodios para entender la dimensión del problema.
Maikel Moreno llegó a presidir el TSJ después de haber sido magistrado de la Sala Penal. Caryslia Rodríguez, quien llegó a la presidencia del máximo tribunal en 2024, había sido concejal y alcaldesa encargada del municipio Libertador antes de convertirse en magistrada. Su Sala Electoral fue además la que en 2024 convalidó la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.
Y así podríamos seguir nombrando, pero ya está bueno porque el problema no es hacer una lista de funcionarios. El asunto es entender cómo se construyó el sistema que permitió que la justicia terminara orbitando alrededor del poder político.
Ese es el verdadero monstruo que hay que desmontar.
Por eso esta renovación puede ser histórica o puede ser simplemente cosmética. Todo dependerá de cómo se elijan a los 32 magistrados.
Para ello, no puede haber cuotas partidistas, no puede haber compadres, tampoco puede haber amigos del poder, mucho menos puede haber operadores políticos disfrazados de jueces.
Porque un magistrado que llega al cargo debiéndole el puesto a un político difícilmente tendrá la independencia necesaria para juzgar a ese mismo político cuando llegue el momento.
Hay que decirlo por la calle del medio y sin titubeo: despolitizar la justicia no significa cambiar a los militantes de un partido por los militantes de otro. Eso sería apenas cambiarle el uniforme al problema.
La independencia judicial significa que un juez pueda fallar contra el gobierno sin miedo, que pueda fallar contra la oposición sin recibir una llamada; que una sentencia no dependa de quién ocupe Miraflores.
La verdadera prueba de esta negociación no será la fotografía, ni el comunicado, ni será el apretón de manos; será la lista de nombres.
Porque si después de todo este proceso aparecen 32 magistrados seleccionados por cuotas, compromisos y lealtades políticas, habremos cambiado el decorado, pero no la obra.
Y si eso ocurre, Venezuela habrá perdido otra oportunidad.
La República no se reconstruye solamente desde Miraflores; también se reconstruye desde los tribunales.
