Las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo en Colombia no son entre dos partidos que se disputan la forma de gobernar en un sistema democrático. No. Estas elecciones permitirán a los colombianos escoger entre continuar en una aparente democracia, llena de imperfecciones, con líderes poco preparados para gobernar y muy hábiles para hacerse con los recursos del Estado con el consecuente perjuicio del pueblo; o reemplazar esa corruptela por otra peor, que además de continuar con el latrocinio ya mencionado, cumplirá la consabida tarea del comunismo guerrillero de sangre, odio, genocidios, violaciones de menores, destrucción, violencia, terror, asaltos a instituciones bancarias etc., todo a nombre del pueblo que nunca les ha dado esa representación. Esas son las elecciones del 29 de mayo. ¡Qué desolador panorama!
El pueblo está confundido. Por una parte, no quiere continuar con la clase corrupta que tanto daño le ha hecho al país, pero tampoco quiere seguir sufriendo la dictadura de los terroristas de los diferentes grupos que han bañado de sangre a Colombia.
Y en medio de esta terrible duda, los amigos de las FARC, con los réditos del más productivo de los negocios criminales, que es el narcotráfico, se han adueñado de las más importantes instituciones. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha demostrado en las elecciones del Congreso que no está a la altura de las delicadas circunstancias del país; su cabeza visible está manchada de duda por innumerable cantidad de eventos de corrupción que no se sabe si están o no siendo investigados. La gente no cree en la Registraduría. Los partidos políticos diferentes a quienes colocaron al registrador están convencidos de que el fraude ya está instalado en el software de la institución.
El contrato con la empresa española INDRA del 29 de diciembre pasado, a la cual se le dio la tarea de contabilización de los votos, genera sospechas. Según lo denunció el expresidente Andrés Pastrana, los funcionarios de esta empresa ya se reunieron en España con Gustavo Petro, el exguerrillero del M-19 que aspira a la Presidencia. Eso la inhabilita por falta de imparcialidad. Quedó expuesta su tendencia y además parece que el contrato se hizo sin el lleno de los requisitos de ley, y es difícil que esa falta alguien la investigue y juzgue pues las tres Altas Cortes colombianas fueron las que escogieron al registrador. Así lo dice la Constitución del 91, que parece haber sido diseñada para la desventura de nuestra democracia.
El sindicato comunista de los educadores llamado FECODE es el que provee los funcionarios que actúan como jurados de votación en los miles de mesas del país. Dejan sus funciones de adoctrinamiento marxista en las aulas para dedicarse por un día a modificar a su conveniencia los formularios donde se registran los votos de las mesas. Lo vienen haciendo hace años y no les pasa nada.
Las Altas Cortes, con un abultado número de magistrados, se ocupan más de las funciones administrativas que ellas solas requieren, como nombramientos de presidentes de salas, de comisiones especiales, de retiros, o de dar clases; mientras el impresionante número de procesos pendientes va llegando en una buena cantidad, paso a paso, a la prescripción. La denuncia de tres expresidentes de las Altas Cortes acusados de vender procesos no avanza. Alias “Otoniel” está a punto de seguir el mismo curso de “Santrich”, por mencionar algunos temas.
La Justicia Especial para la Paz que protege a los miembros de las FARC —en varios años no ha sancionado a ningún terrorista—, está entretenida en sancionar militares a los cuales despojaron de la Justicia Penal Militar. Los jueces de los niveles elementales no logran entender entre el bien y el mal. Y presumo que la mayoría han concluido que el bien es seguirle la idea al jefe, y el mal es contradecirlo. Hay que recordarles que un juez es independiente, y su más preciada política es el cumplimiento de la ley y la “Constitución”, no los acuerdos llamados de paz, que solo consiguieron el incremento del crimen y un desteñido y vergonzoso premio Nobel.
Los candidatos presidenciales más prestantes y honorables están presos o lo han estado, están sub judice o lo han estado, mientras los más tenebrosos criminales y terroristas disfrutan de la impunidad, la libertad y los cargos de poder o las aspiraciones presidenciales. Diez terroristas sin un solo voto están legislando en el Congreso colombiano. Algunos de ellos están pedidos por la justicia americana con jugosas recompensas a quien informe su paradero, por los delitos de narcotráfico y terrorismo.
La gente no denuncia a los bandidos porque los jueces no les hacen nada, y los denunciantes son muertos o puestos presos. No actúan en esa forma todos los jueces, porque todavía los hay justos, pero cada vez son menos claro está, porque esa tarea es para héroes y a veces mártires.
Ciertos medios de comunicación informan lo que conviene a quienes los patrocinan económicamente. Y en materia de apoyo económico directo o indirecto, nadie supera a los narcotraficantes. Entonces el Glifosato queda condenado a no ser usado contra los cultivos ilícitos como la coca o la amapola, de resto no hay problema, puede seguirse usando. Y la Corte Constitucional asume poderes presidenciales “sin que el gobierno se entere”.
La persecución a los militares que son la columna vertebral de la democracia en Colombia es evidente. Más de mil oficiales y suboficiales presos. El escándalo de unos soldados violadores de niñas indígenas iba a llevarlos a estrenar la cadena perpetua, según lo expresó el propio Presidente, hasta que uno de los jueces investigadores encontró que las niñas no se dejaban violar si no se les pagaba por adelantado. No era violación, era prostitución. Era una falta disciplinaria, los muchachos de 18 años se salvaron de pasar el resto de su vida en la cárcel. A veces da risa, otras tristeza. Los cuarteles además de dormitorios para sus sacrificados militares tienen cárceles llenas de inocentes acusados de violar los DDHH a los terroristas, mientras la violación a sus propios DDHH nadie las ve.
Vamos a votar. No hay candidatos que quieran hacer respetar al pueblo en su decisión de eliminar los narco-acuerdos de Paz y la clase política corrupta los fue eliminando uno a uno. El partido Verde, antigua “Alianza Democrática M-19”, tiene opción de presidencia. Un candidato que promovió los acuerdos de paz en Antioquia también tiene opción, y sin ser una panacea es el que más atrae mi voto. Pero el que más posibilidades tiene es el que más destrucción ha ocasionado en Colombia, un miembro de las FARC que luego lo fue del M-19, que ya estuvo en la cárcel condenado por año y medio y que pagó la pena, con lo cual quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos. Pero la Justicia en manos de una magistrada que hoy es una de sus jefes de campaña decidió que no pasaba nada y lo habilitó para ser alcalde de Bogotá, destruir y saquear la ciudad capital, y ahora es candidato presidencial.
La corrupción judicial es el peor problema de Colombia, más grave aún que el narcotráfico. Por ahí hay un maravilloso candidato de un partido que recuperó su personería hace pocos meses, es el mejor de todos, de lejos. Pero no tiene ningún chance en esta elección, y nunca más será candidato si gana el candidato del grupo secuestrador y genocida al que nos hemos referido, porque en tal caso, las elecciones serán historia, no habrá más. Una tragicomedia, como las que hace Maduro de vez en cuando, las reemplazará.
Colombia puede pasar a ser peor que Venezuela, porque el candidato que se perfila es peor que Maduro.
