Nunca en la historia de Venezuela la comunidad internacional ha sido tan solidaria para superar la catástrofe social, política y económica en la cual se encuentra sumida nuestra patria; si bien su actuación en determinadas ocasiones ha sido lenta y pausada, debemos agradecer esa solidaridad y al mismo tiempo reclamar acciones más efectivas y contundentes contra el régimen usurpador y su padilla. Voces democráticas en organizaciones internacionales, así como los más importantes gobiernos y parlamentos del mundo han alzado su voz para solicitar a la dictadura se haga a un lado, para dar paso a la restitución de la democracia y solventar la crisis para evitar más muertes por hambre o enfermedad; muchas actuaciones para enfrentar con solvencia la crisis se han quedado cortas, en el tintero, a pesar de la atención internacional sobre Venezuela, porque la misma dinámica que impulsa la crisis interna y los enredos de los asuntos de cada país en su propio entorno, dificultaran la actuación y marcan diferenciaciones entre los países democráticos de una Latinoamérica corroída por el perverso virus socialista.

El régimen en su desespero por mantenerse en el poder a toda costa, ensaya arrebatar al pueblo la esperanza de concurrir a una elección democrática, verdadera y justa; convocando un fraude, ilegal desde su partida, designando en complicidad con un TSJ ilegitimo al árbitro electoral, manipulando todos los pasos y procedimientos del cronograma electoral y la plataforma tecnológica para la votación y cómputos, interviniendo y secuestrando partidos políticos, encarga al CNE el diseñó de un inconstitucional sistema electoral a la medida de sus intereses, mientras la Fuerza Armada, insultando su juramento, amedrenta y conculca la seguridad del proceso apoyándose en grupos paramilitares.

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Un sistema que organiza el fraude al permitir controlar y dirigir el proceso, condicionando los resultados a una estrategia de clientelismo competitivo, creada para suplantar la elección como resultado de la mayoría del voto por una representación proporcional amañada, mediante el aumento inconstitucional del número de diputados a la Asamblea Nacional, que redistribuye cuotas entre sus partidos adeptos, algunos despreciables integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional y partidos recién confiscados, que alcanzarían una controlada, disminuida y fragmentada representación. De esta forma el usurpador contraloría la mayoría calificada, lo que le permitiría la aprobación de una enmienda constitucional para modificar la carta magna en camino a una república socialista y acometer sin tropiezos la contigüidad de un siguiente proceso electoral para elegir gobernaciones y alcaldías.

Este perverso plan obliga a los venezolanos a afrontar su destino con arrojo, enfrentando el fraude con todos los recursos con que cuenta la sociedad civil en universidades, asociaciones gremiales, profesionales, empresariales y sindicales; incorporando a la lucha a esas dos terceras partes del país que esperanzada sigue dispuesta a continuar luchando por recuperar la democracia y la libertad; convocándolos al extraordinario esfuerzo de ponerse de acuerdo antes del 6 de diciembre en una estrategia comun que derrote las pretensiones del régimen.

La democracia no espera y la transición solo es posible si la oposición se unifica, actúa con propósito de enmienda y no se resigna a desaparecer como país, a evitar ser adheridos como una masa de gente, a esa especie de nueva URSS, con “cortina de hierro tecnológica” incluida, que pretenden imponer Rusia y China, sumado el fundamentalismo islámico, en su intento por acabar con la democracia en el mundo para imponer un nuevo orden mundial, tesis a la cual el régimen usurpador se adhiere como moco de gripe, para garantizar su supervivencia.

El autor es gerente de Comunicación de VenAmérica

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