domingo 26  de  mayo 2024
COLOMBIA

La tragedia del Putumayo

Ahora están llegando las organizaciones extranjeras de DDHH y DIH a investigar qué pasó, y a acusar a los militares de asesinar civiles y menores de edad
Diario las Américas | Luis Alfonso Plazas Vega
Por Luis Alfonso Plazas Vega

Algunos medios de comunicación pusieron el grito en el cielo por la muerte de 11 personas en una operación antiterrorismo y antidrogas en el departamento del Putumayo. Mientras el Gobierno y las autoridades militares con otros medios han elogiado los resultados, otros muy conocidos por sus posiciones sesgadas de protección a los delincuentes y persecución a las autoridades señalan la operación como una masacre oficial.

Lo que parece ser más aproximado a la realidad, esperando que las autoridades desarrollen su investigación, y saquen las conclusiones oficiales, es lo siguiente:

El departamento del Putumayo constituye una de las regiones del país más afectadas por el narcotráfico, partiendo de la enorme cantidad de cultivos de coca que contiene (unas 22.000 hectáreas) gracias a la absurda prohibición de la aspersión con Glifosato, que muchos consideran que no es un error de apreciación, sino complicidad con el negocio. Lo cierto es que la coca se ha convertido desde hace muchos años en el medio de subsistencia de un alto porcentaje de la población de este departamento limítrofe con el Ecuador. Cultivadores, ‘raspachines’, transportadores, procesadores, contrabandistas de precursores, proveedores de gasolina, acetona y otros diluyentes, manejadores de cocinas y de laboratorios, traficantes y lavadores de activos y de dinero. Todo el proceso con sus múltiples negocios manejado por los terroristas de las FARC, a las cuales pertenecen los guerrilleros que aseguran las áreas de cultivo y siembran minas para mutilar a los soldados y policías enviados a hacer erradicación manual.

También pertenecen a las FARC de ‘cuello blanco’ muchos concejales, diputados, representantes, senadores y todo tipo de funcionarios públicos, que legislan o ejercen sus cargos para protegerlos mediante normas espurias y la aplicación disfrazada de los ‘derechos humanos’. Es posible que con ellos haya algunos comunicadores. No es nada fácil enfrentar este criminal entramado y esa es la dura e ingrata tarea que le corresponde a las FFMM, particularmente al Ejército en Colombia.

Numéricamente predominan los cultivadores y ‘raspachines’, que son indígenas y campesinos ignorantes que aman a las FARC porque son los proveedores del pan de sus familias.

No es que haya falta de presencia del Estado. Es que el Estado ha sido cooptado por las FARC. Los funcionarios estatales, en buen número, están con las FARC. Estas a su vez han cambiado su nombre por el de “disidencias”, con lo cual le dan legalidad a los que están en la Función Pública, que dicen “se acogieron a la paz”. Además, se hicieron calificar oficialmente de “grupos residuales”, cuando la realidad es que no son residuales, sino el bloque principal y mayoritario del grupo terrorista.

En los últimos años, el negocio de la coca ha sido tan productivo que cada semana sus productores hacen un bazar en alguna población de las muchas sometidas por ellos en el Putumayo. Felices, los campesinos e indígenas productores del monumental negocio asisten a los bazares. Es que ellos vuelven ricos a otros, pero siguen en la pobreza y en la miseria. Aun así, pagan cifras hasta de cien mil pesos para asistir. En los bazares se rifan vacas o toros reproductores, televisores o motocicletas. Se bebe el whiskey más fino: Old Parr y Buchanan en cantidades, champaña y la más agradable comida, la que le guste a la gente y en buenas cantidades. Se trata de tener contentos a los trabajadores de la industria criminal de la droga. En el bazar se celebran grandes negocios de coca, precursores, bazuco y clorhidrato de cocaína. Lo que convenga.

Pero los bazares tienen un peligro para sus organizadores: que llegue ‘la tropa’, que decomisa la cocaína, destruye las cocinas y los laboratorios. La policía los acompaña, porque ‘la tropa’ no tiene atribuciones de policía judicial, los policías sí. Ellos hacen capturas, allanamientos a viviendas o tiendas contiguas, etc.

Para protegerlos de la acción de las autoridades, las FARC tienen grupos de guerrilleros que pueden oscilar entre 30 y 40 muy bien armados. Como treta para favorecerse ante una investigación o pruebas como filmaciones o fotografías, sus integrantes permanecen de civil, pero con las armas al hombro. Algunos muy pocos están uniformados y armados, son hombres y mujeres, muchos menores de edad. Los autorizan a turnarse la guardia y participar del baile y las rifas. Los bazares pueden convocar entre 100 y 300 personas, e incluyen hombres, mujeres y niños, todos vinculados de alguna forma con el narcotráfico: son esclavos de las FARC.

La Fuerza Pública colombiana descubrió este andamiaje hace más de un año y empezó a trabajar desde septiembre de 2021 con la inteligencia de las FFMM y de la Policía, para no ir a equivocarse en el momento de realizar una operación. Había que tener pruebas documentales como papeles o imágenes porque se trataba de capturar a los guerrilleros armados para someterlos a juicio. Y había que respetar a la población civil por tratarse de trabajadores esclavizados, puesto que esta la única actividad productiva de la región. Así sea ilícita, es su medio de subsistencia. Y de ese estudio resultó la determinación de un objetivo. En términos militares, los objetivos son lugares, no personas, como lo interpretan erradamente algunos medios de comunicación.

El 28 de marzo de 2022, mediante una operación conjunta (Ejército, Armada y Fuerza Aérea, con el apoyo de la Policía ya explicado), ‘la tropa’ llegó al objetivo seleccionado: el caserío de Alto Remanso —en otros papeles figura como Alto Concepción—, pero antes de increpar la rendición los soldados fueron recibidos con fuego de fusilería de las FARC. Mientras el intercambio de disparos se intensificaba, las más de doscientas personas asistentes al bazar salieron corriendo del lugar, dejando todo tirado en el mayor descontrol y desorden. Los militares nunca dispararon contra las personas que escaparon del lugar, todas salieron ilesas.

El combate se libró entre los guerrilleros de las FARC, cuadrilla llamada Segunda Marquetalia, que hace parte de otra organización criminal más grande que cubre ambos países y se autodenomina Comando de Frontera, y tropas del Ejército colombiano. Los resultados fueron: once guerrilleros dados de baja, cuatro más heridos y capturados, siete armas de fuego decomisadas. Un soldado herido fue evacuado. El combate se desarrolló principalmente cerca al río y varios cadáveres quedaron sobre el borde, por lo cual tuvieron que ser movidos para evitar que las aguas se los llevara. Antes de hacerlo fueron tomadas fotografías.

La Fiscalía llegó unas horas más tarde a hacer el levantamiento de los cadáveres e iniciar la correspondiente investigación. Hasta el momento todos los guerrilleros muertos están plenamente identificados y cada uno de ellos tiene un grave prontuario. Todos pertenecían a la cuadrilla, frente o estructura # 48 de las FARC, y esta a su vez hacía parte del llamado Comando de Frontera, es decir cuadrilla de frontera, una treta para moverse entre los dos países con el fin de burlar a las autoridades de ambos lados del río Putumayo.

Mientras tanto, algunos medios de comunicación iniciaron la labor de desinformación y desprestigio contra el Ejército Nacional. Valientemente el abogado y candidato presidencial Enrique Gómez Hurtado ha salido en defensa del Ejército. Se corren riesgos en Colombia cuando se defiende a nuestra institución.

Ha sido muy clara la defensa por parte del general Zapateiro, comandante del Ejército, en varios medios de comunicación. El general goza de mucha credibilidad, afortunadamente.

Cuando hay problemas de orden público, todavía hay personas que preguntan dónde están el Ejército y la Policía. Pero cuando aparecen cada semana entre dos y diez muchachos muertos miembros de esas instituciones, por defender la patria de estos demonios narcotraficantes, en Colombia no hay banderas a media asta. Bastan las expresiones de las redes sociales: “Pobrecitos”, “Qué horror”. Ahora están llegando las organizaciones extranjeras de DDHH y DIH a investigar qué pasó, y a acusar a los militares de asesinar civiles y menores de edad. No les conviene entender que más de la mitad de los guerrilleros rasos son menores de edad, reclutados a la fuerza y entrenados para matar soldados y policías, a sembrar minas y a proteger el negocio de la coca. Eso lo saben, pero no lo expresan en los medios. La semana anterior fueron asesinados un sargento y cuatro soldados del Ejército y hace dos días fue ultimado un capitán por un francotirador de la narcoguerrilla. Eso no lo investigan esas organizaciones tan acuciosas.

¡Dios salve a Colombia!

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