Independientemente del gusto, de las opiniones o de las preferencias de quienes hemos sido afectados por los crímenes del régimen socialista venezolano, todo parece indicar que el cese de la usurpación va a ser producto de una negociación. Como sociedad, y también como víctimas, debemos comenzar a digerirlo y a aceptarlo, ya que ello será indispensable para poder avanzar.

Sería muy ingenuo pensar que el régimen aceptará todas las peticiones efectuadas por el equipo negociador de las fuerzas democráticas y que, además, no hará también sus propias peticiones. Como sucede en toda negociación, cada una de las partes tiene sus condiciones mínimas que no está dispuesta a negociar.

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En el caso concreto de quienes conformamos las fuerzas democráticas, no debemos olvidar que todos estamos comprometidos con el juramento empeñado el 23 de enero del presente año, cuando acordamos juntamente con el presidente encargado Juan Guaidó “… mantenernos en las calles hasta lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres”.

Y a pesar de las campañas de desinformación y de contrainformación que, con cierto nivel de eficacia, han sido vertidas a través de las redes sociales por parte de internautas a sueldo que el régimen ha empleado a fondo durante los últimos tiempos, Juan Guaidó ha ratificado la propuesta de salida política consistente con el juramento del 23 de enero, en los siguientes términos:

  • Separación de cargos;
  • Conformación de un Consejo de Estado;
  • Reinstitucionalización de los poderes públicos; y,
  • Celebración de elecciones realmente libres.

Por lo que respecta a las exigencias del régimen en la negociación, se sabe que sus representantes han pedido participar en el gobierno de transición, obtener garantías de impunidad para sus altos cargos por los delitos cometidos, que se les garantice el levantamiento de las sanciones que les afectan a ellos, a sus familiares y a sus activos, que la comunidad internacional se comprometa a no perseguirles luego de que abandonen el gobierno y que el PSUV pueda continuar como un partido político operativo en Venezuela.

Aunque es imposible anticipar cuáles serán los términos del acuerdo definitivo y cómo será su cumplimiento por las partes, los ciudadanos contaremos con un indicador objetivo muy poderoso al que debemos prestarle toda nuestra atención, mediante un efectivo control ciudadano y sin el cual toda expectativa razonable de éxito del acuerdo se desvanecería.

Ese indicador será la designación, por parte de la Asamblea a Nacional, de magistrados realmente independientes para ocupar todos los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, enmarcada dentro del proceso de reinstitucionalización de los poderes públicos propuesto por el presidente encargado Juan Guaidó.

Los ciudadanos tendremos la carga de velar por la idoneidad de los candidatos postulados a ocupar tales responsabilidades, mediante el sometimiento de sus hojas de vida, virtudes, defectos, caracteres, honestidad, integridad, capacidades, antecedentes y cualquier otra información profesional o personal al mayor escrutinio público posible, haciendo realidad la recomendación de nuestro Libertador al sugerir “elegid por magistrados a los más virtuosos de nuestros ciudadanos”.

Todos los venezolanos de bien debemos aspirar a que el acuerdo político se alcance pronto y, sobre todo, que de él se deriven efectos duraderos que permitan la recuperación de la democracia y que favorezcan una transición real hacia un nuevo modelo político, económico y social de país, que coloque al ciudadano al centro de toda la acción del Estado.

Solo así, podrá la república evolucionar hacia un estado de derecho y de justicia, en el que sus ciudadanos recuperen la confianza, abatida por décadas continuas de opresión, y progresen con base en la virtud y el esfuerzo.

juanriquezes@gmail.com
@juanriquezes

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