El domingo 7 de noviembre habrá elecciones en Nicaragua. Decir que se celebran elecciones sería darles a esos comicios una importancia y una legitimidad que evidentemente no tienen. Con ese evento, que debería ser democrático, pero lamentablemente no lo es, el gobernante nica Daniel Ortega pretende apenas seguir perpetuándose en el poder y darle un viso de legalidad a su gestión rigiendo de forma deplorable los destinos de la otrora próspera nación centroamericana.
Claudia Cárdenas, joven líder nicaragüenseamericana, denuncia la patraña electoral: "Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no solo serán fraudulentas y una amenaza para la democracia, sino también una afrenta contra los derechos humanos, fundamentalmente el derecho básico a la vida y el derecho a la libertad. El pueblo de Nicaragua ha sufrido mucho bajo la dictadura comunista y opresora de Ortega.”
Claudia pertenece a una generación de nicas que no conoce otro partido de gobierno en ese país que no sea el sandinismo de Daniel Ortega, que llegó al mando en 1985, gobernó hasta 1990, fue derrotado en las urnas y regresó en el 2007, y ahí se ha anclado hasta los días de hoy.
Además de la presidencia y la vicepresidencia, están en juego en estas elecciones las 92 curules de la Asamblea Nacional y 20 escaños del Parlamento Centroamericano. No obstante, el hecho de que se realicen los comicios está lejos de significar que el pueblo nicaragüense tendrá la oportunidad de decidir sobre quienes serán sus lideres y mucho menos sus legisladores. Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, aspira a reelegirse por tercera vez consecutiva, desde que una reforma constitucional, promovida por él mismo, eliminó los límites a la reelección para mandatos sucesivos en Nicaragua. Ortega tiene todo arreglado y ha consolidado su poder, para lo que sería su quinto período como mandatario nicaragüense.
Sin embargo, se da por descontado que seguirá al mando. Ha conseguido que sean detenidos o inhabilitados los principales candidatos que podrían oponérsele. De hecho, la Policía Nacional de Nicaragua dio a conocer que por lo menos 39 políticos y activistas opositores han sido detenidos, entre los que se cuentan siete precandidatos presidenciales, que por estar a órdenes de las autoridades no pudieron inscribirse. Tres de ellos fueron acusados oficialmente de violar adefesios legales que hacen parte de la controversial ley 1055, aprobada por la Asamblea Nacional en el 2020, supuestamente para defender “los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz", y que se ha constituido en una herramienta del gobierno de Ortega para perseguir judicialmente a miembros de la oposición.
La comunidad nicaragüense no pierde la fe. Ana Margarita Abaunza, presidenta de Iniciativa por el Cambio y la Democracia expresó con esperanza lo siguiente: “Nuestra comunidad Nicaragüense Americana y la diáspora nicaragüense dispersa por el mundo, así como la gran mayoría de nicas dentro del país resistiendo la represión y la cárcel y los nicas sobreviviendo en el exilio sabemos que nada va a cambiar en Nicaragua este 7 de noviembre. Pero Ortega si sabe que está cerca del final. Va a ser declarado ilegítimo por una gran mayoría de los gobiernos elegidos legítimamente en todo el mundo. Para nosotros, esta lucha por la libertad continúa todos los días hasta lograr ver libres a todos los presos políticos y hasta el día en que podamos ver elecciones libres y justas en Nicaragua. Jamás descansaremos mientras exista una dictadura. En cada conflicto vemos la oportunidad de dar la batalla contra el régimen, y de darle apoyo y una luz de esperanza a nuestro pueblo.”
Como republicanos, comprometidos con todos los esfuerzos en favor de la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el derecho a la prosperidad de todos los pueblos del mundo. “Los nicaragüenses merecen un gobierno que trabaje por el pueblo y no en contra de él," añade Claudia Cárdenas. El liderazgo republicano se suma al clamor de los nicaragüenses que piden respeto a su derecho de elegir a sus líderes, de manera libre y legítima, y exigen de la administración del presidente Jo Biden que asuma una posición más enérgica en defensa de la libertad y de la democracia en Nicaragua.
