El proceso revocatorio más reciente en la historia del sur de la Florida puso en la calle al entonces alcalde del condado Miami-Dade Carlos Álvarez, aquel fornido expolicía al que su exesposa acusó de agresiones que no logró comprobar ante las autoridades judiciales.

El electorado del Gran Miami no le perdonó a Álvarez el hecho de que el condado subiera el impuesto a la propiedad, que los empleados del círculo más cercano al exmandatario recibieran un elevado incremento en los sueldos y, para colmo de males, que el también exbombero de extracción humilde decidiera comprar un flamante BMW para su uso personal, con dinero de los contribuyentes.

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La caída de Álvarez data del año 2011, y en estos momentos los mismos aires que tumbaron al expolicía comienzan a soplar con intensidad en el pequeño municipio de Sweetwater, adscrito al condado Miami-Dade, cuyo tamaño reducido no ha sido óbice para los grandes escándalos que han sacudido a esa localidad. Por algo los viejos sabios siempre han dicho: “Pueblo pequeño, infierno grande”.

En consecuencia, un comité político fue creado con el propósito de moverle la silla al alcalde Orlando López, y marginarlo del poder en esa municipalidad que ha estado a punto de declararse en bancarrota por manejos non sanctus de pasados administradores.

Para viabilizar la revocatoria del mandato de López, sus opositores tuvieron que lanzarse a las calles en busca de las firmas del 10% del electorado registrado ante el Departamento de Elecciones del Condado. El comité político antagónico al alcalde se jactó de decir que había recogido casi el doble de las firmas requeridas, pero un manto de dudas cae como una llovizna que se crea alrededor del proceso.

El alcalde López se dio a la tarea de comprobar que ese proceso transcurriera en un marco de transparencia. Los rumores que había escuchado indicaban que algo andaba mal y ahora tiene la certeza de que algunas personas dieron sus firmas siendo víctimas de engaño. Por supuesto, esta es una alegación que debe ser refrendada por la Justicia.

Como es apenas lógico, el alcalde López prepara una demanda contra sus detractores, dando inicio a otro proceso jurídico. ¿Ha habido trampa en el proceso revocatorio? ¿El mandatario tiene la razón? Otra pregunta tiene mayor impacto en el bolsillo de los contribuyentes: ¿Cuánto costará al erario municipal esta nueva disputa entre el alcalde y sus opositores?

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