Comencemos con las más millonarias:
Ann Williams, Stuart Finkelstein, Gail Scott, Christina Lemons, Mitchel Greer y Stefan Kruszewski, recompensados por el Tesoro de EEUU con la bicoca de US$700 millones, a repartir entre los felices ganadores, en partes iguales (caso Reckitt Benckiser Group); Adam Rahimi y Christopher Schulte, recompensados con US$104,5 millones, para cada uno (caso Walgreens Boots Alliance, Inc.); John Kopchinski, recompensado, como los antes referidos por la oficina del Tesoro con US$51 millones para él solito (caso Pfizer Inc.).
Todo, con base en la Ley de Reclamaciones Falsas (The False Claims Act, FCA, 31 U.S.C.), que remunera al primer denunciante de ciertas infracciones fiscales o administrativas, entre el 10% y el 30% del monto recuperado por el Tesoro con apego al principio “qui tam”, apócope de “qui tam pro domino rege quam pro se ipso in hac parte sequitur” (El demandante, en este asunto, actúa por el rey y por sí mismo). Quiere decir que el primero en denunciar determinado perjuicio contra el Tesoro es recompensado en la medida en que lo recuperado por el Fisco haya sido gracias a su delación.
La profesión de “cazarrecompensas” es respetable en EEUU. y, en determinadas circunstancias, muy bien remunerada, como ya lo hemos visto. Si usted busca por la Internet un “bounty hunter”, encontrará páginas y páginas de anuncios: desde los más humildes encargados de las capturas de los violadores de sus libertades bajo fianza, hasta los innumerables “ambulance chasers”, como Groucho Marx llamaba despectivamente a cierta calaña de abogados.
No es fácil, por más que sea por una sola vez en su vida, la misión de cazarrecompensas de determinado terrorista, narco, corrupto, monstruo con apariencia humana, cuando resida fuera de EEUU.
En 1886, la Corte Suprema de Justicia (Ker v. Illinois) dictaminó que un secuestrado en Perú y llevado a la fuerza a territorio norteamericano sin el debido juicio de extradición pudo ser válidamente juzgado y condenado por los tribunales de EE. UU., con base en el principio “mala captio, bene detentio” (mala captura, pero buena detención). Sin embargo, esa misma Corte Suprema, años después, rechazó tal juzgamiento y castigo si durante su captura y secuestro el respectivo buscado por la justicia había sido drogado o víctima de tratos muy crueles (cfr. Frisbie v. Collins, 1952; USA v. Toscanino; USA v. Álvarez Machaín, 1992), este último el más aberrante porque el supuesto “drogado”, a la postre, fue liberado pese a que prestaba sus servicios “médicos” para que los torturados por el Cártel de Guadalajara se mantuvieran vivos o medio muertos, hasta confesar lo que los empleadores de Machaín querían que confesaran.
El terrorista Ilich Ramírez (a) “El Chacal”, se estaba dando la gran vida en Kartún. Pero los desgobernantes tipo Putin, los Castro Ruz, el gordiflón de Norcorea, Daniel Ortega, Jinping, Maduro, son como son. En ese caso, Al Bashir, tirano de Sudán —vaya usted a saber cuál fue el cambalache— permitió en su territorio el secuestro de “El Chacal” por los servicios secretos franceses para que, al final, la Corte de DD. HH. de la Unión Europea bendijera, sin ambages, aquella “mala captio, bene detentio”.
El cronista, por razones estrictamente jurídicas, censura tal clase de capturas y recompensas. La violencia física contra personas, en casos muy excepcionales y con apego estricto al debido proceso, es monopolio de cada Estado a través de sus funcionarios, que no pueden delegarla en mercenarios (U.S. Corte Suprema, Ex rel. Polansky v. Executive Health Resources, 2023).
—¿Aceptaría usted ser el defensor judicial de Augusto Pinochet? —le preguntaron alguna vez al abogado Jacques Vergès:
—La aceptaría —respondió el controversial colega— si me garantizan que Pinochet será inexorablemente condenado.
Respuesta que hacemos nuestra, para que los narcoterroristas en general y ciertos narcoterroristas en concreto no se confundan con la presente crónica.
