El proceso de exterminio que adelanta el gobierno Maduro contra la sociedad organizada venezolana, especialmente contra la empresa privada, merece un capítulo especial en relación a la industria de la información.
Cuando la opinión pública se entera del cierre de un periódico, de una emisora de radio, un canal de TV o el bloqueo de un portal web, en la mayoría de los casos se asume como el cierre de un espacio aislado, de la empresa de “algún rico” que solo afecta a sus dueños y a los empleados.
Pero cuando acercamos la lupa a los detalles nos damos cuenta de que, más allá de sus implicaciones económicas, el cierre de un medio de comunicación es parte de un plan que persigue también silenciar a un sector de la población, arruinar a sus propietarios e impedir que la gente reciba información.
Entre otras tragedias, Venezuela sufre una calamidad en materia de medios cerrados o silenciados. Cuando observamos, alarmados, que el 70% de los medios han desaparecido, dejando en la calle a unos 10 mil trabajadores, incluyendo miles de periodistas, comenzamos a entender por qué gran parte de la población se refugia en las redes.
Cuando calculamos el espacio informativo perdido por el cierre de medios descubrimos que el público deja de recibir una 10 mil informaciones diarias. Si queremos una comparación sencilla podemos recordar que, hace algunos años, el periódico El Universal de Caracas, de formato standard, publicaba 144 páginas diarias. Con una sola edición de éste diario se podría imprimir cualquier tabloide venezolano durante 8 días. Hoy El Universal y El Nacional circulan con, apenas, 16 páginas.
Esta es una política de Estado que afecta a todo emisor de información. Ya no son los grandes medios; ahora con el poder de internet y el uso particular de las redes, cada ciudadano que divulga contenidos se convierte en un caso peligroso para el gobierno y ya existen innumerables denuncias de hackeo y bloqueo de cuentas por cometer el “delito” de expresar sus críticas contra los abusos oficiales, el colapso de los servicios y la crisis económica.
Informaba IPYS recientemente que intentó ingresar a 53 páginas web casi 700 veces a cada una durante 4 días y solo tuvo acceso a menos de la mitad por el bloqueo que aplican, intermitentemente, las operadoras por presiones del Gobierno de Maduro.
Por otra parte, con motivo del Día Internacional del Acceso a la Información, el pasado 28 de septiembre, el Servicio de Información Pública formuló 50 preguntas que todavía esperan respuesta del Gobierno y no son respondidas como lo exige la Constitución y la Ley de Ejercicio del Periodismo.
¿Cuáles son los índices de inflación, cuál es la tasa de pobreza extrema, cuántos módulos de Barrio Adentro funcionan y cuántos están cerrados, cuánto dinero se destina al llamado plan “Vuelta a la Patria”, qué pasó con la fábrica de pañales, dónde quedó la fábrica de helados Copelia, cuándo murió Hugo Chávez, por qué no se investiga el desfalco en PDVSA?
Son demasiadas interrogantes que no obtienen respuesta de ninguno de los organismos correspondientes porque la política oficial es el silencio, la oscuridad, la mentira.
El pasado 27 de septiembre, la Alianza por la Libertad de Expresión, plataforma que reúne a 14 organizaciones gremiales, docentes y de investigación en el campo del periodismo y la comunicación, llevaron una carta de reclamos a la Defensoría del Pueblo y el ciudadano “defensor” se hizo el desentendido, porque la orden de arriba es ignorar los reclamos de la gente, porque toda duda es sospechosa, porque temen la luz y la transparencia. Se ocultan en la oscuridad.
* Ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela.
