Nuevas dudas sobre la legalidad de los ataques contra embarcaciones en el Caribe

Con más de 20 ataques a embarcaciones, que resultaron en la muerte de unos 80 presuntos narcotraficantes, la pregunta más importante sigue sin respuesta: ¿cuál es el marco legal que asiste a Estados Unidos en estas operaciones?

La respuesta parece encontrarse en la nueva estrategia de seguridad de La Casa Blanca para consolidar a Estados Unidos como el principal poder del continente americano y evitar la presencia de fuerzas externas, una velada referencia para China, Rusia o Irán.

El informe anuncia el restablecimiento de la Doctrina Monroe de 1823.

En ese sentido, describe un "reajuste" de la presencia militar estadounidense en Latinoamérica y el Caribe para contrarrestar la migración irregular y el narcotráfico.

El presidente Donald Trump reveló que había hablado por teléfono con Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano, y, según reportes de los medios, el mandatario estadounidense instó a Maduro a abandonar el país para permitir la celebración de elecciones democráticas, pero la propuesta, no prosperó.

Al mismo tiempo, tanto China como Rusia advirtieron a Trump que no tomara ninguna medida militar contra Venezuela.

Ante la escalada militar estadounidense, parece que ha llegado el momento de que el mandatario tome una decisión. ¿Continuará con los ataques a los barcos, pese a la controversia sobre el respaldo legal de estos, u ¿ordenará a los militares de la región que intervengan en Venezuela?

El problema es que el régimen en Caracas se mantiene desafiante. Todos se preguntan si el despliegue de la armada de buques de guerra, encabezada por el portaaviones USS Gerald R. Ford, ha sido en vano y es que, devolver el portaaviones al Mediterráneo, de donde vino, significaría que se habría logrado muy poco.

Desde el pasado verano, Trump ha desplegado un fuerte poderío naval en la región y ha destruido una veintena de embarcaciones cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 personas que considera "narcoterroristas".

Ello ha disparado la tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro, a quien Washington considera el líder del Cartel de los Soles mientras, aumentan los rumores de un posible ataque contra territorio venezolano.

Parece que Trump esperaba que la llegada de semejante armada de buques de guerra a las costas de Venezuela intimidaría a Maduro, quien, buscaría el exilio en un refugio seguro, en Rusia o Turquía, pero, ante las advertencias de Rusia y China contra cualquier intervención estadounidense, el líder venezolano ha resistido todos los esfuerzos de Washington para persuadirlo de que renuncie.

Mientras tanto, la atención se centró en la sesión a puerta cerrada del Congreso, donde el almirante Frank “Mitch” Bradley, comandante del Comando de Operaciones Especiales estadounidenses informó a altos cargos de los Comités de las Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes sobre los antecedentes de su decisión de ordenar un segundo ataque contra el narcotraficante el 2 de septiembre.

El Washington Post informó que los dos supervivientes fueron vistos aferrados a los restos del barco antes de ser abatidos por un dron.

El almirante Bradley, según los legisladores que asistieron a la sesión informativa clasificada, insistió en que existían buenas razones para el segundo ataque con dron además de negar que, el secretario de Guerra Pete Hegseth, le hubiera ordenado "matar a todos", como informó el Washington Post.”

Sin embargo, de la sesión informativa no se obtuvo ninguna explicación completa y detallada del por qué, el segundo ataque consideró justificado.

Quizás la publicación del vídeo del segundo ataque ayude a comprender mejor este controvertido incidente. Hasta entonces, persistirán serias dudas sobre este segundo ataque y sobre el propósito de la enorme presencia militar estadounidense en la región.