domingo 24  de  marzo 2024
Control Civil

Propiedades del Estado venezolano

El Estado venezolano siempre fue concebido como un Estado benefactor, presuponiendo la incapacidad de sus ciudadanos para valerse por sí mismos y, en consecuencia, asumiendo su protección y la procura de servicios y productos básicos para el logro de una vida digna
Diario las Américas | JUAN IGNACIO RIQUEZES
Por JUAN IGNACIO RIQUEZES

El mayor problema del Estado venezolano durante las últimas seis décadas ha sido el latrocinio urdido entre funcionarios y civiles corruptos, deseosos de medrar de las mieles que permean de los activos y de las empresas del Estado, con especial énfasis en la renta petrolera. Sin esos activos y sin esas empresas, los funcionarios públicos tendrían menos distracciones para dedicarse de lleno a cumplir con las responsabilidades básicas del Estado y los civiles podrían ocuparse, sin perturbaciones indebidas, de la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad y crecer como individuos.

El Estado venezolano siempre fue concebido como un Estado benefactor, presuponiendo la incapacidad de sus ciudadanos para valerse por sí mismos y, en consecuencia, asumiendo su protección y la procura de servicios y productos básicos para el logro de una vida digna.

Ese desiderátum, aparentemente ingenuo, ha conllevado al actual y absurdo estado de cosas en el que ese Estado “benefactor” no es capaz de beneficiar a nadie pero es dueño de casi todos los medios de producción, y los que no logra controlar los confisca o los ahoga con todos los resortes institucionales a su disposición, bajo la peregrina excusa socialista. Ese mismo Estado “benefactor” que no es capaz de garantizar la vida, la salud o la educación a nadie, controla prácticamente todos los servicios públicos. Ese mismo Estado “benefactor” que no puede siquiera proveer de seguridad o justicia a nadie, tiene subyugadas de manera ilegal e ilegítima a todas las instituciones, y las utiliza para acallar o criminalizar la disidencia, cada vez que se pone en riesgo la permanencia de sus jerarcas en el poder.

La pésima gestión del Estado venezolano como productor, distribuidor y comerciante de bienes y servicios, que son funciones que por naturaleza le corresponden a sus ciudadanos y con quienes compite muy deslealmente, y el aún peor desempeño en la gestión de seguridad, justicia, salud, educación e infraestructura, que sí caen dentro del ámbito de sus competencias propias, nos lleva a concluir que el Estado venezolano no debería tener más activos que los que estrictamente necesite para cumplir sus funciones propias.

En este sentido, la propuesta de Control Civil es que la propiedad de todos los otros activos y empresas del Estado sean transferidos al Fideicomiso Nacional para el Futuro, cuyos propietarios serían todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos vivos para una fecha determinada, que estén debidamente registrados en el Registro Civil y cuya cualidad de ciudadanía sea validada dentro de un período de tiempo razonable, que le permita al Poder Civil efectuar una auditoría profunda y rigurosa de dicho Registro.

Dentro de los activos y las empresas a ser transferidos al referido Fideicomiso, se incluirían: Las empresas de exploración, explotación, transformación y comercialización de productos; las empresas prestadoras de servicios; los bancos; las propiedades inmobiliarias; los terrenos con vocación agrícola o ganadera e incluso, los terrenos baldíos; los parques nacionales; los derechos de explotación del subsuelo, de las áreas marítimas y lacustres, así como del espectro radioeléctrico, entre otros.

El Fideicomiso Nacional para el Futuro tendría que ser administrado por una Junta Directiva conformada por excelentes profesionales de honestidad comprobada y muy bien remunerados. Para su correcto funcionamiento, esta Junta Directiva debería actuar sometida a una normativa muy estricta, sus facultades estar taxativamente reguladas y su gestión permanentemente sometida a la supervisión del Consejo Rector del Poder Civil.

Dentro de las tareas prioritarias del Fideicomiso estarían la estabilización de las operaciones de las empresas bajo su control, la determinación de cuales activos y empresas serían conservados para su explotación comercial directamente o a través de acuerdos con terceros y cuales activos y empresas serían objeto de venta, en el entendido de que toda venta de activos o empresas del Fideicomiso se haría por licitación pública transparente y el precio cotizado tendría que ser pagado por el mejor postor en divisas.

La ejecución de la presente propuesta de Control Civil ofrecería una serie de bondades, entre las que cabe destacar las siguientes:

  • Los políticos dejarían de ejercer control sobre empresas o activos que les representen una tentación para corromperse;
  • Los políticos tendrían que dirigir toda su gestión a las funciones básicas del Estado, a saber: Seguridad, justicia, salud, educación e infraestructura;
  • Los civiles dejarían de tener al Estado como un muy poderoso competidor desleal;
  • Los civiles podrían dedicarse a actividades hasta ahora reservadas sólo al Estado;
  • Los ciudadanos, a través de su propiedad sobre el Fideicomiso Nacional para el Futuro, contarían con un capital propio y con una fuente de ingresos que les permitiría, inicialmente, sufragar los gastos familiares de educación y salud; y, luego de un tiempo que tendría que ser determinado, disponer de ese capital para hacer sus propias inversiones, adquirir una vivienda o iniciar un negocio propio.

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@juanriquezes

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