Una ley federal a probada por el Congreso en 1989, conocida como Ley de Protección a Denunciantes o Whistle Blower Act (en inglés), proporciona un recurso legal para proteger a empleados públicos de represalias por divulgar actos o conductas poco éticas como violación de la ley, mala gestión, malversación de fondos, abuso de autoridad o peligro específico para la salud o la seguridad pública.

Esta ley no sorprende, dado que la protección de los denunciantes tiene tradición histórica en Estados Unidos.

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En 1772, Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de la nación, recibió anónimamente unas cartas escritas por el gobernador de Massachusetts, Thomas Hutchinson, dirigidas a un funcionario británico.

En esas misivas, Hutchinson instaba a Gran Bretaña a enviar más tropas para disuadir a los colonos rebeldes en Boston.

Franklin distribuyó las cartas en privado, pero John Adams, otro de los padres fundadores, las hizo publicar en el Boston Gazette, en 1773, lo que sirvió luego para alimentar las tensiones que condujeron a la Guerra Revolucionaria, o Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

Luego de la firma de la Declaración de Independencia en 1776, el Congreso Continental aprobó lo que se ha dado en llamar la “primera ley de protección de denunciantes del mundo”.

Esa figura del denunciante protegido se ha mantenido desde entonces, convirtiéndose en una especie de recurso en aras de la rendición de cuentas y como medio para influenciar eventos políticos en curso.

Uno de los episodios más conocidos de la historia política del Gobierno federal en Washington DC se produjo durante la década de 1970 con el escándalo de Watergate, una filtración que puso en evidencia una trama de espionaje que la administración del presidente Richard Nixon llevó a cabo durante la campaña electoral de 1972.

Otro tanto sucedió con la publicación de los Papeles del Pentágono sobre los detalles confidenciales de la participación política y militar de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, desde 1945 hasta 1967.

Aunque la ley de Protección de Denunciantes extendió en 2012 su protección a los empleados federales y la comunidad de inteligencia, no todos los casos son iguales.

En 2013, cuando Edward Snowden, un empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), reveló la existencia de programas de vigilancia y recopilación de inteligencia masiva por parte de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, fue acusado de traición a la patria.

La sabiduría popular en Washington sabe que muchas de las grandes historias se han escrito gracias a filtraciones de funcionarios gubernamentales.

Hace unos días, se filtró a los medios un proyecto de opinión de la Corte Suprema de Justicia, sobre la posibilidad de revertir una decisión de 1973 que permitía el aborto.

La posibilidad de que se derogue la llamada Roe v. Wade, que provocaría el regreso a la prohibición de la mayoría de los procedimientos de aborto en los Estados Unidos, tal vez nunca haya sido un tema tan político y divisivo como ahora.

En otro evento diferente, el presidente Joe Biden habló recientemente con altos funcionarios de inteligencia y defensa de su administración y dijo que los informes de noticias recientes sobre el intercambio de inteligencia estadounidense con Ucrania han sido contraproducentes.

Y es que el periódico The New York Times citó a funcionarios estadounidenses diciendo que la inteligencia del campo de batalla había ayudado a las fuerzas ucranianas a atacar unidades rusas específicas, incluidos los comandos superiores.

Está información iba en contravía de declaraciones anteriores de la administración, negando haber participado en el exitoso ataque del mes pasado contra el Moskva, el crucero insignia de la flota rusa del mar Negro.

El suministro de inteligencia, al igual que el suministro de armas a Ucrania, ha estado en el centro de la estrategia estadounidense desde que comenzó la invasión de Rusia, bajo el argumento de que Ucrania ha sido atacada ilegalmente, lo que justifica armar a Kiev para defenderse de las fuerzas rusas.

Sin embargo, aunque La Casa Blanca ha intentado ser transparente pero cuidadosa sobre la asistencia militar y de inteligencia, buscando evitar que Moscú intensifique la guerra más allá de las fronteras de Ucrania, expertos han expresado preocupación de que las revelaciones públicas puedan intensificar el conflicto e involucrar abierta y directamente a Estados Unidos en una guerra que aparentemente no desea.

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