La respuesta a la pregunta sería muy sencilla: esperar al 7 de agosto y ver cómo se va de la casa de Nariño y del país, pero seguramente habrá muchos colombianos que se empiezan a preguntar si realmente este presidente, quien es repudiado por casi el 85% de los colombianos, debe irse del país sin que nadie le haga un juicio político por el acuerdo suscrito con las FARC, lleno de concesiones a la guerrilla marxista que hoy es un movimiento político. La idea de cuestionar estos acuerdos y lo que el presidente ha negociado tal vez no sería tan importante si no se hubieran presentado tres escándalos que han sacudido a la opinión pública colombiana.

Para empezar, la acusación en contra de Jesús Santrich por tráfico de drogas después de la firma del acuerdo y cómo se busca impedir que sea extraditado a EEUU por parte de los defensores de la supuesta paz de Santos. La acusación ha tenido un peso contundente a pesar de que varios candidatos a la presidencia han salido a decir que primero se debe establecer si las acusaciones son ciertas. ¿En serio? ¿Debemos esperar para saber si son ciertas? Un juez y un Fiscal extranjero han expedido una orden de captura-acusación en base a un seguimiento de un año y estos candidatos presidenciales tienen el descaro de decir que hay que establecer si hay méritos o no, o sea, una total burla al país. Solo uno habló con contundencia de extraditar cuanto antes a Santrich. Lo único cierto es que esto demuestra cómo las FARC, en complicidad con el gobierno, le han mentido al país y lo siguen haciendo.

Segundo, el escándalo generado por el borrador del decreto del ministerio de Agricultura que adiciona un artículo al decreto 1071 de 2015 que reglamenta el desarrollo rural y dotación de tierras, el cual busca otorgarle tierras a las FARC, lo cual no estaba en los acuerdos de La Habana y que solo hasta ahora, unos meses antes de salir del gobierno, Juan Manuel Santos sorprende con más acuerdos y beneficios ocultos que no fueron dados a conocer antes dentro del acuerdo de paz. Al parecer, cuando termine todo esto no será un acuerdo de paz, sino la más grande burla y estafa al pueblo colombiano. Un acuerdo que otorgó impunidad, disidencias que más bien parec que son el brazo armado de las FARC, y unos cabecillas que siguen delinquiendo bajo el brazo amigo de un presidente que deja mucho que desear.

Tercero, no podemos dejar de mencionar el escándalo por los dineros para la paz otorgados por los países garantes. El señor Marlon Marín Marín, quien fue capturado con alias Santrich, sobrino de Iván Márquez, aparte de ser un narcotraficante al servicio de los intereses de las FARC, al parecer también era la cabeza de un cártel que otorgaba contratos y beneficios a ciertos empresarios a cambio de beneficios económicos indebidos para ser favorecidos en los contratos para la paz y las preguntas que surgen son: ¿Acaso esta es la paz de Juan Manuel Santos? ¿Esto es un país en paz? Claramente no lo es. Más bien es un país sumido en una impunidad descarada que ha regado un gobierno corrupto que tiene a Colombia en una crisis económica y que le ha dado a unos criminales vía libre para que actúen sin que el peso de la ley caiga sobre ellos. Esto, sumado al tema del microtráfico y otras modalidades del crimen que este gobierno ha ignorado por completo porque en estos ocho años no ha habido nada distinto a un gobierno para las FARC y por las FARC. Yo me pregunto, ¿acaso si extraditan a Santrich, la curul que queda libre se la darán a alias "Guacho"? La respuesta solo produce risa, ya que todo se puede esperar de Juan Manuel Santos.

Para rematar, las supuestas disidencias de las FARC matan de manera cobarde y miserable a unos comunicadores del Ecuador, pero lo curioso es el silencio del gobierno colombiano y la cobarde forma en que dejaron morir a los comunicadores sin que las fuerzas armadas colombianas prestaran la ayuda necesaria al Ecuador para evitar la tragedia.

Guacho y sus rebeldes no son disidentes, dejemos de mentirle al país, son las FARC quienes dejaron a otros manejando el negocio mientras los del secretariado se jubilaban para seguir desangrando al país desde el Congreso. Entonces, en resumen, Juan Manuel Santos merece ser juzgado y sometido por traición a la patria y por sumir al país en la mayor escalada de corrupción en la historia reciente. Por eso no se puede elegir a nadie que quiera mantener el rumbo de este gobierno y que cubra los delitos de Juan Manuel Santos.

Muchos podrán tildarme de temerario al escribir esta columna, pero en realidad quise pensar y creer en la paz porque sé que es lo que más le conviene al país, pero no la paz que quieren Santos y las FARC en donde al país se le engaña e impera la impunidad sin reparar a las víctimas y niños del conflicto. ¿Qué debemos hacer con Santos? No votar por nadie que crea en sus acuerdos y pretenda seguir engañado al país como lo han hecho hasta ahora.

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

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