Después de meses de audiencias, memorandos y maniobras presupuestarias, una cosa está clara: los contribuyentes de Miami-Dade merecen algo mejor que otro juego de manos presupuestario de $12,900 millones.
Esta temporada presupuestaria ha sido sobre más que simples cifras; se trata de confianza, transparencia y prioridades. Gracias a la constante fiscalización y al arduo trabajo mío y de mis colegas, la Oficina del Sheriff está totalmente financiada y se resolvió el problema de trasladar los costos de los helicópteros de Rescate de Incendios a los contribuyentes de distrito.
Priorizar la seguridad pública fue una victoria para la equidad y el sentido común. Pero aún queda mucho por hacer si queremos brindar a los residentes lo que realmente necesitan: protección contra aumentos de tarifas, alivio genuino en los impuestos a la propiedad y un uso más inteligente de los fondos públicos.
He enviado a la alcaldesa un memorando, basado en la información limitada que se nos ha proporcionado, identificando más de $59.4 millones en ahorros presupuestarios adicionales para ofrecer alivio en el impuesto a la propiedad, propuesta que someteré a votación el 18 de septiembre.
Mi propuesta también eliminará los aumentos en las tarifas del transporte público y STS, mantendrá estables las tarifas de residuos sólidos y reducirá en un 2% la tasa de amillaramiento, un alivio fiscal que esta administración nunca ha entregado.
Esto no son trucos contables abstractos; son ajustes concretos en múltiples departamentos que eliminan el despilfarro, reducen programas cuestionables y priorizan los servicios esenciales. El resultado: se eliminan los aumentos de tarifas, se liberan fondos para mejoras en los refugios de animales y se brinda alivio fiscal a las familias trabajadoras.
Primero, eliminemos la propuesta de la alcaldesa de contribuir con $21 millones a la Copa Mundial. Con más de $200 millones en impuestos turísticos proyectados para el próximo año, no hay razón para que los propietarios de viviendas deban asumir esa carga.
Redirigir los fondos turísticos para eventos turísticos es sentido común y libera esos $21 millones para el alivio fiscal. Luego, hagamos ajustes que reflejen compasión y sentido común.
En Servicios para Animales, por ejemplo, los ahorros generados por vacantes administrativas pueden financiar sistemas de aire acondicionado y control de plagas —hace tiempo necesarios— en el refugio de Medley, donde las condiciones son inaceptables.
Finalmente, podemos recortar en algunos departamentos para entregar alivio fiscal. En el Departamento de Transporte y Obras Públicas, este presupuesto asigna casi $29 millones más a operaciones de transporte público de lo que realmente se requiere.
Reducir esa contribución a un nivel aún generoso permite ahorrar $28.99 millones. De ese total, $10 millones eliminarían los aumentos propuestos en las tarifas de transporte, y los $18.99 millones restantes irían directamente al alivio en el impuesto a la propiedad.
De forma similar, el aumento de $1 millón planeado en las tarifas de Servicios de Transporte Especial (STS) puede eliminarse ajustando los contratos inflados de mantenimiento de ascensores, dejando aun así el gasto por encima de los niveles históricos.
En otros departamentos, el mensaje es el mismo: recortar la burocracia, invertir en lo básico. Parques no debería gastar $3.58 millones en “proyectos comunitarios especiales” que la alcaldesa ni siquiera puede describir. Las consolidaciones de departamentos deben ahorrar dinero, no costar más.
Por eso, el área de comunicaciones no debería tener vacantes en puestos de marketing y medios que cuestan $1.44 millones, ni debería financiarse una nueva División de Negocios y Servicios Creativos a niveles mucho más altos que sus oficinas predecesoras. Recortar esto ahorra otros $3.81 millones.
El Departamento de Gestión de Recursos Ambientales no debería gastar $7.26 millones para absorber puestos de la Oficina de Resiliencia, una oficina creada por la alcaldesa que afirma haber eliminado. Tampoco debería gastar dinero en campañas de marketing llamativas como “Resilient305”, “Calor Extremo” y “Bahía de Biscayne”.
Ese dinero debe volver al bolsillo de los contribuyentes. En el área de Vivienda, redirigir fondos hacia el mantenimiento —y lejos del personal de defensa y la burocracia— garantiza que las unidades de vivienda pública se mantengan seguras y habitables.
De manera similar, en Residuos Sólidos, eliminar puestos redundantes de gestión evita un aumento propuesto en la tarifa domiciliaria. En Agua y Alcantarillado, recortar trabajos administrativos duplicados y los costos de fluoración puede ayudar a reducir las facturas de agua.
Con la información que tenemos, pasamos de un supuesto déficit a eliminar los aumentos de tarifas del transporte público, reducir las tarifas de residuos sólidos e incluso bajar la tasa de amillaramiento un poco más del 2%.
Este recorte es el doble que las dos últimas reducciones de tasa. Los contribuyentes del condado de Miami-Dade merecen nuestro mayor esfuerzo para proteger el dinero que tanto les cuesta ganar. No deben ser castigados con facturas más altas para sostener proyectos favoritos ni para comodidad burocrática.
Haciendo que el gobierno viva dentro de sus posibilidades, podemos proteger los servicios esenciales, mejorar la calidad de vida y finalmente dar a los residentes de Miami-Dade el alivio que merecen.
Roberto J. González es comisionado del Distrito 11 de Miami-Dade
