Por Paciano Padrón
Por Paciano Padrón
Se aproxima el 10 de enero del 2019 como fecha emblemática para el cambio. Con ocho meses de antelación, el pasado mes de mayo, “Nicolás Maduro Moros se hizo reelegir Presidente de la República, violando las leyes, en ilegal connivencia con los rectores del Consejo Nacional Electoral, lo que generó el desconocimiento de esa reelección fraudulenta por los países democráticos; en consecuencia, a partir del 10 de enero de 2019, cuando debería comenzar el nuevo sexenio presidencial, el usurpador Nicolás Maduro Moros no será reconocido por la mayoría de nuestro pueblo, ni por los países democráticos y los organismos multilaterales internacionales”, así se lee en el documento que suscribimos desde la diáspora venezolana, “Restablecer la democracia y recuperar Venezuela para la vida en libertad”, elaborado por el Comité Político por la Venezolanidad y Defensa de los Derechos Humanos.
Venezuela sufre una insostenible situación social, signada por la muerte; está al margen del Estado de Derecho, sometida por un régimen totalitario y por el crimen organizado internacional, ocupada y secuestrada por Cuba y otros países; constitucionalmente existe un vacío institucional en la Presidencia de la República, usurpada por Nicolás Maduro Moros, quien no solo tiene ilegitimidad de origen, sino que además ha sido destituido de conformidad con lo estipulado en la Constitución de la República, por vigentes y obligantes decisiones de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, el cual, en Sala Plena, sentenció que corresponde a la Asamblea Nacional “llenar el vacío constitucional de la presidencia de la República, hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales libres”.
“Es deber de todo ciudadano venezolano impedir que la Constitución de la República de Venezuela pierda su vigencia, la que de hecho ha dejado de observarse por Nicolás Maduro Moros y su régimen dictatorial, quien ha eliminado la preeminencia de la máxima ley sobre todos sus actos. En consecuencia, investidos con el poder que nos otorga el artículo 333 de la Constitución, y a los fines de acatar su mandato, proponemos bases para la efectiva vigencia del texto constitucional”.
Exigimos a la Asamblea Nacional: 1) Recuperar la plenitud de sus funciones constitucionales y declarar inexistente la asamblea nacional constituyente y sus decisiones. 2) Designar un Gobierno de Transición para la libertad, el desalojo de los usurpadores y el rescate de la soberanía nacional. El Gobierno de Transición tendrá la menor duración posible y estará conformado de manera plural, para reordenar la situación social, económica y política, y crear las condiciones para elecciones generales libres y democráticas, a efectos del restablecimiento pleno de la vigencia de la Constitución de la República.
La Asamblea Nacional reconstituirá en su totalidad el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, y designará los titulares de los otros poderes públicos, que tendrán carácter transitorio, hasta que se produzcan las elecciones generales transparentes.
“El Gobierno de Transición y los otros poderes públicos rescatados harán renacer la esperanza contra el reino del miedo, el hambre y la inseguridad, instrumentarán el nacimiento de la nación productiva”.
“La sociedad civil organizada de Venezuela y el sector constitucionalista de la Fuerza Armada Nacional deben ser garantes del cambio a producirse de inmediato. Que Dios bendiga esta hora”