El pueblo boliviano es víctima de una crisis política, social y económica que, agravada por el coronavirus, lo lleva a la confrontación, a la miseria y al retorno del dictador Evo Morales.

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Morales renunció pero la dictadura sigue detentando el poder por medio de la estructura jurídico constitucional que impuso por la fuerza y que le garantiza impunidad y autoridad sin responsabilidad.

En Bolivia salió el dictador pero no la dictadura y no hay transición ni democracia. Para terminar la dictadura y recuperar la democracia hay que retornar al estado de Derecho con la República de Bolivia.

La denominada constitución del Estado Plurinacional no es boliviana, es un modelo y texto impuestos por el grupo trasnacional de Chávez y Castro (castrochavismo) para la permanencia indefinida de Evo Morales en el poder.

Se origina en la llamada “agenda de octubre”, luego de la instauración en el poder y se aplica con la falsificación hecha en la ley 2631 de reforma constitucional, que adulteró la ley de necesidad de reforma de 8 de agosto de 2002, introduciendo la reforma total de la constitución expresamente prohibida.

La Constitución de la República de Bolivia en su artículo 230 solo admite “reforma parcial”, o sea, solo “enmiendas”, de manera que al imponer la “reforma total” por vía de la “asamblea constituyente”. La ley 2631 falsifica no solo la ley de necesidad que no contenía tal despropósito, sino que suplanta el texto mismo de la Constitución.

La asamblea constituyente -inadmisible en la Constitución- fue convocada por Evo Morales por ley 3460. Empezó usurpando funciones y más de un año después de su instalación, ya cesada por vencimiento de su término -con la masacre de la Calancha- fue trasladada a un cuartel militar en Oruro.

Por ley 3941, de 21 de octubre de 2008, el Congreso se atribuyó los derechos del pueblo y en otro acto de usurpación se auto-facultó a “realizar los ajustes necesarios” al texto de constitución remitido por la constituyente. De esta manera la constitución de Evo Morales fue redactada por abogados españoles del castrochavismo en La Paz.

Este atropello pudo frenarse en el Senado nacional, donde en el año 2008 la oposición tenía mayoría, pero pactaron y aprobaron la ley 3941 para fraguar el texto.

Así, mientras los pueblos, dirigentes cívicos y gobernadores de Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando y líderes de La Paz, Oruro y Potosí defendían la Constitución y la República, la “oposición funcional” proclamó que la “nueva constitución” en la que introducían la “reelección continua de Evo Morales aplicable de inmediato” era el “instrumento de la unidad del pueblo boliviano”.

Esta falacia dio impunidad a Morales por las masacres del Porvenir, Cochabamba, Hotel las Américas, los casos “terrorismo”, la represión con asesinatos, persecución, presos políticos y exilio.

El 7 de febrero de 2009 que impuso el estado plurinacional, es la fecha de institucionalización de la dictadura de Morales en Bolivia. Suplanta la Constitución de 1967, reformada en 1994, y desconoce la República de Bolivia. Cambia el nombre a los poderes de la República para vaciarlos y coparlos, asegurando el control del poder para hacer de Bolivia un narcoestado. Impone elementos de confrontación para destrozar la “Nación Boliviana”, liquida el voto universal al hacer desparecer la igualdad de los ciudadanos y establece mecanismos dictatoriales para detentar el poder con discurso de reivindicaciones. Una extensión de las constituciones de Cuba y Venezuela.

La constitución del estado plurinacional es NULA DE PLENO DERECHO por mandato del Art. 31 de la Constitución Política de la República de Bolivia que ordena: “SON NULOS LOS ACTOS DE LOS QUE USURPEN FUNCIONES QUE LES COMPETEN, ASÍ COMO LOS ACTOS DE LOS QUE EJERZAN JURISDICCIÓN O POTESTAD QUE NO EMANE DE LA LEY”.

Esta nulidad es efectiva en cuanto cesan los actos de fuerza dictatorial que los motivaron y que los sostienen. De acuerdo a derecho, la Constitución vigente hoy en Bolivia es la de 1967/94 y la Presidenta está en la obligación de declararlo así por Decreto Presidencial.

El mandato del pueblo boliviano a la presidenta interina es la TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA y la transición empieza cesando el usurpador ordenamiento jurídico constitucional de la dictadura y retornando a la REPÚBLICA DE BOLIVIA.

Así termina el estado dictatorial. Hasta que de esta manera recupere el “estado de derecho”, el gobierno es la continuación del régimen dictatorial porque actúa bajo las normas de la dictadura y las elecciones serán solo otro acto de la “dictadura electoralista”.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

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