En noviembre de 2018, casi dos tercios de las personas que votaron en nuestro estado aprobaron la Enmienda 4 de la constitución de la Florida, que establece un proceso automático para quienes cumplieron sentencia retomen el derecho al voto.

La Enmienda 4 dice: “Los derechos al voto serán restaurados (para individuos con convicciones previas de delitos mayores) al cumplir todos los términos de su sentencia incluyendo probatoria y libertad condicional”.

Te puede interesar

Es importante aclarar que la Enmienda 4 excluye a personas que fueron condenadas por homicidio u ofensas sexuales.

El deseo de los votantes quedó claro: una persona que ya no está en custodia y ha cumplido su sentencia, se merece una segunda oportunidad para rehacer su vida de manera productiva y ejercer su derecho al voto. O sea, reintegrarse a la sociedad.

Desafortunadamente, muchas personas que hayan sido convictas y cumplieron las sentencias tienen dificultades para conseguir vivienda, educación y empleo. En algunos casos, esto sucede a consecuencia del estigma que existe sobre quien haya estado preso. Y estas barreras no solo afectan de manera negativa al individuo, sino también a la comunidad en general.

Como fiscal, mi trabajo es defender los derechos de las víctimas y que se haga justicia. Todo esto es para mantener una comunidad segura y libre de crimen. Parte de eso es tratar de prevenir la reincidencia de las personas que salieron de la cárcel y que se reintegran en la sociedad.

Mantener obstáculos que les niegan vivienda, empleos y educación solo los condena a repetir el ciclo de violencia y criminalidad que los llevó al sistema criminal originalmente.

Imagínese que usted cumplió su condena y deuda con la sociedad, pero al salir de la cárcel no tiene dónde vivir ni cómo ganarse la vida de una manera honrada. ¿Qué hace? Allí es cuando es fácil caer en la criminalidad.

En el reporte del Gran Jurado del Condado Miami-Dade del otoño de 2017, la Comisión de Libertad Condicional comparó el porcentaje de reincidencia de expresos, que volvieron a obtener sus derechos civiles (el voto) con otros que no los obtuvieron. Para aquellos a quienes sus derechos fueron restaurados, la reincidencia en el sistema criminal bajo de un 33 % a un 11%.

Pero hay legisladores en Tallahassee que buscan ir en contra del voto de quienes aprobaron la enmienda. Una de las medidas que buscan es retener el derecho al voto hasta que la persona pague gastos de agencias, como el Departamento de Correcciones y la Comisión de Reviso de Delincuente. Ellos imponen tarifas para servicio comunitario y pruebas de drogas que son requeridas. Estas obligaciones económicas no son parte de la sentencia recibida en el caso criminal y a menudo son añadidas mucho después.

¿Como pretenden que estas personas lleven una vida digna y productiva si el mismo sistema le pone trabas y obstáculos?

Los fiscales apoyamos la restauración del derecho al voto a las personas que cumplieron su sentencia y cualquier supervisión post-encarcelamiento. Y le pedimos a los legisladores de nuestro gran estado que hagan más fácil el proceso, en vez de más difícil el camino a reintegrarse a la comunidad como miembros respetuosos de la ley.

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

DLA Clasificados

 

Deja tu comentario

Se está leyendo

Lo último

Encuesta

¿Está de acuerdo con la visita de Estado de los reyes de España a Cuba?

No
No sé
ver resultados

Las Más Leídas