Esta semana hubo mucho movimiento en la capital de la Florida. Tallahassee está inundado de legisladores, activistas, cabilderos y personas en general que buscan hacer cambios en las leyes del estado.

Viajé a Tallahassee para abogar por los derechos de los residentes del condado Miami-Dade y mantener el sistema judicial funcionando de acuerdo a su misión.

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Entre los diversos temas que he tratado con nuestros legisladores es el de los salarios de los empleados y abogados que trabajan arduamente todos los días en la fiscalía, para asegurar que quienes sean afectados por crimines reciban justicia. Ellos son los que aseguran de que los criminales sean castigados por sus acciones y paguen su deuda a la sociedad.

La Cámara de Representantes tiene una propuesta de ley para aumentar el salario básico de los fiscales y defensores públicos a $50.000 al año. Esta cifra sigue siendo baja cuando uno la compara a los salarios básicos de otros abogados que trabajan para los gobiernos locales, estatales y federal. Pero sería un primer paso para intentar retener a buenos abogados con experiencia y prevenir que tengan que irse a otros lugares para ganar más.

Aquellos que han tenido contacto directo con el sistema judicial criminal, saben que hay muchos componentes en juego, desde los fiscales hasta los defensores y los servicios especializados en las cortes. También saben lo importante que es tener a personas con experiencia para que todo funcione mejor.

En la fiscalía todos los años reclutamos abogados de todas partes de los Estados Unidos. Seleccionamos a los mejores y les proveemos un entrenamiento intenso, antes de que ellos empiecen a ejercer su profesión como fiscales. En esta etapa de su carrera y durante su tiempo en la fiscalía que presido, les dedicamos mucho tiempo y recursos. Siempre reciben el apoyo y la guía de fiscales con más experiencia y esto es invaluable. Ellos crecen y se desarrollan como profesionales hasta llegar a ejercer en la corte de circuito, donde se tratan los crímenes más serios.

Esto es una inversión considerable de dinero y tiempo, pero desafortunadamente al no poderle pagar lo suficiente muchos toman la decisión de buscar empleo en otro lugar, donde el salario les permite pagar sus deudas educacionales y mantener a sus familias.

Y eso se entiende, después de al menos 7 años de estudios universitarios, estos jóvenes apenas pueden subsistir. Un abogado puede acumular desde $67.000 a más de $150.000 dólares en deudas de matrícula en una facultad de Derecho.

Esto, más el alto costo de vida y las viviendas en el sur de la Florida, hace casi imposible que estos jóvenes subsistan con un salario de $41.500 al año.

La economía se ha robustecido y eso quiere decir que hay muchas más oportunidades para ellos. Por eso, muchos dejan un trabajo que aman luchando por las víctimas de crímenes por ir a otro empleo pueden ganar entre $90.000 a más de $180.000 al año.

Otros abogados en el sector público ganan más y algunos hasta reciben un ajuste en salario por trabajar en un área donde el costo de vida es más alto.

¿Y cómo es que esto nos afecta a la comunidad? Este éxodo cada año causa que perdamos un tercio de los abogados de nuestra oficina. Eso quiere decir que la experiencia y la inversión de tiempo, recursos y entrenamiento se pierde.

Imagínese que usted sea víctima de un crimen y que su caso se alargue porque cada cierto tiempo hay un cambio de fiscal o de defensor público. Eso no solamente puede afectar la integridad del caso, sino también no permite que la víctima y su familia tenga la justicia que ellos se merecen. Los únicos que ganan cuando se retrasa un caso son los criminales.

Les pido que por favor apoyen esta propuesta y hablen con sus legisladores. Aumentar el salario básico a $50.000 costará 5 millones de dólares en vez de los $15 millones que cuesta perder empleados y entrenar a nuevos.

Recuerden que justicia retrasada es justicia negada.

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

 

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