La adopción por la Asamblea Nacional de 2015 (legítima ahora ¿?) de una reforma al Estatuto para la Transición hacia la Democracia en Venezuela, en primera discusión, distinta de la planteada por la Procuraduría Especial de la República y orientada a reforzar el carácter constitucional de la continuidad en sus ejercicios del Encargado de la Presidencia y de la misma Asamblea, hasta tanto logre tener Venezuela elecciones libres, es un salto mortal y al vacío. Algo peor, es el logro de una paradoja, a saber, la unidad política del mundo político a costa de la destrucción del régimen constitucional.

El Estatuto para la Transición no está separado de la Constitución que le da vida y sirve de fundamento, a saber, la de 1999. No por azar, al explicarse la razón de aquél – fundado en la previsión del artículo 333 de esta – se dice que su propósito es lograr que la nación, hoy hecha hilachas, vuelva a reconstituirse mediante un regreso a la Constitución, desde la misma Constitución.

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Cosa importante, pero no la vertebral, es que para ello haya previsto el Estatuto original, y su primera reforma, unas fases – cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres – y unos tiempos para su cometido; que pueden variar, aquellas y estos, pues se trata de una “transición” ajena a la regularidad constitucional. Toda transición, en su esencia, es atemporal y nunca rígida, salvo en su finalidad.

La desviación constitucional o la inconstitucional decisión – si se aprueba el proyecto de reforma en cuestión – de asignarle a la transición como cometido preferente a uno subsidiario, por relevante que sea, a saber, que el interinato se ocupe de ser un mero albacea de activos y dineros del Estado sustraídos a la dictadura bajo la dirección de la Asamblea, hace espuria tal tarea, degenera la gobernanza presidencial, y le pone punto final a la Transición hacia Democracia.

Era ya una desviación, de suyo inconstitucional, el haber aprobado la Asamblea un Estatuto para la Transición en el que se estableció que quien gobierna no es el gobierno sino el parlamento, con un presidente interino de simple vocero. Se trata, en la práctica, de una aberración sin paralelo del sistema parlamentario de gobierno, que acaso existió en la Venezuela de 1811 y es ajeno, extraño y contrario a la tradición constitucional patria.

La Constitución de 1999 – cerradamente presidencial y centralista – en modo alguno deja de existir o de ser el referente necesario para la Transición y su Estatuto. Por lo que, hablarse en este de una vuelta a la Constitución desde la misma Constitución incurre en un galimatías, por disponer una normativa estatutaria transicional que niega de raíz al propio orden constitucional que le da sustento. Todavía más, perturba el principio esencial de la separación de poderes prescrito en la Carta Democrática Interamericana y que es mandataria para los órganos de la transición en Venezuela.

De no enmendarse el camino señalado, las consecuencias no es difícil predecirlas.

Desde ahora, lo que se ha alcanzado y por lo pronto es lo antes dicho, el avenimiento entre todos los factores de la “oposición democrática” que, con sus marcadas excepciones, coinciden con el régimen usurpador en que el hecho político y de oportunidad es acabar con el interinato; un logro a costa y por encima de la Carta Fundamental. De modo que, repitiéndose lo que fuese constante de nuestra magra historia patria, al confundirse odios y enconos – no pocos ilegítimos, cabe admitirlo – y desplazarse ellos hacia la persona del gobernante de turno, para tumbarlo y lapidarlo se admite y es válido destruir al Estado de Derecho.

La exquisitez de la relación entre medios y fines legítimos no calza con la narrativa que actualmente domina en la región, tanto en líderes de la izquierda como en los de la derecha. La democracia y la ley serían comodines en el juego, nada más.

De aprobarse el proyecto de reforma estatutaria considerado por la Asamblea, al término quedará muerto el interinato, más grave aún, la Transición y su finalidad sustantiva: restablecer la constitucionalidad y la democracia, a partir de la Constitución. Se cerrarán sin saldo veinte años de lucha – de víctimas inmoladas o en prisión – contra una revolución depredadora, que ha usado el nombre de Bolívar para desalojar a los habitantes del territorio y entregarlo a colonizadores y a sus bodegones.

El reloj volverá a cero. Apenas restará un albaceazgo o una administradora de bienes, de factura o parentela con la de un síndico de quiebra judicial, que con el paso de tiempo y como experiencia deja exangüe el patrimonio que ha de entregarse a herederos o acreedores.

No le falta razón a Octavio Paz, Premio Nobel, cuando afirma de nosotros, latinoamericanos, que “nos movemos en la mentira con naturalidad. Durante más de cien años hemos sufrido regímenes de fuerza al servicio de las oligarquías feudales pero que utilizan el lenguaje de la libertad.”

Quiera Dios que esta crónica no sea un capítulo más que haya de insertarse en la reedición de mi libro sobre la Historia Inconstitucional de Venezuela.

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