Esta vez, casi todos han condenado la Constituyente de Maduro, incluidos 11 de los 16 principales socios comerciales de Venezuela que han señalado que la ANC es ilegítima. Pero muchas naciones y organismos internacionales lo han hecho de una manera tan laxa y ambigua que no se sabe si en realidad sólo están contra la imposición de una asamblea fraudulenta o contra la insolencia de un régimen dictatorial que desmantela minuto a minuto una de las repúblicas decanas del continente, en las mismas narices de la comunidad occidental y en pleno siglo XXI.
A un país en estado de máxima tensión, agotado por tantos muertos en las calles después de meses de manifestaciones, no se le debería dar la espalda y tratar con corazón blando a una pandilla de facinerosos, enemigos de las más elementales normas democráticas.
La ingenua interpretación de los métodos totalitarios de Maduro nos sume en la misma incertidumbre que pesa sobre la situación política de Venezuela desde la muerte del bachiller Héctor Moreno de la ULA-Mérida, en 2014.
¿Olvidó nuevamente la opinión pública internacional cuál es el modus operandi de este tipo de dictadura? ¿Acaso no valió de escarmiento el modelo estatista soviético y el falso mito de la revolución cubana para saber que cuando el absolutismo se instala y va convirtiendo a los ciudadanos en vasallos, engañados por la fantasía del paraíso comunista, desparecen los poderes públicos para dar paso a un régimen de partido único que terminará eternizándose en el poder hasta monopolizarlo todo?
¿Se necesita mucho más tiempo para desenmascar la verdadera naturaleza de esta dictadura populista y su falaz etiqueta ideológica, “el socialismo del siglo XXI” que, en realidad, ha ocasionado la ruina de un país rico en recursos económicos y humanos y el descalabro de varias décadas de democratización de América Latina?
Todo lo que acontece en Venezuela no ocurre por azar. Está milimétricamente calculado desde La Habana y desde Miraflores y se encamina hacia la consolidación de un régimen personalista y represivo. Por ello, el golpe de gracia del régimen de Maduro a los últimos bastiones democráticos del país, la toma del Palacio federal Legislativo y la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, abre un escenario incierto y debería ser motivo de preocupación por parte de la comunidad internacional para evitar que Venezuela se hunda en la anarquía y en la guerra civil. .
Esta escalada ofensiva y fanfarrona además está sirviendo de río revuelto a una institución imprevisible que puede resultar un polvorín incontrolado: el Ejército. Los datos que brindan algunos analistas al respecto son muy preocupantes.
Venezuela cuenta con ms de 15 millones de armas, incluidos misiles superficie-aire portátiles, repartidas dentro de un ejército con parte de su oficialidad diezmada y comprada con prebendas, controlada a su vez por un aparato de espionaje militar, policial y de inteligencia diseñado por oficiales y funcionarios cubanos para hacer frente a un eventual golpe militar.
El alzamiento militar que tuvo lugar ayer domingo en el fuerte Paramaracay, ubicado en la ciudad de Valencia, en el centro del país, capitaneado por el ex oficial de la Guardia Nacional Juan Caguaripano, es la punta del iceberg de lo que podría estar pasando en el seno del ejército. De hecho, en los últimos meses varios militares han sido detenidos por la Contrainteligencia Militar venezolana por formar parte de supuestos planes de insurrección.
Mientras tanto, el país se aísla cada vez más del resto del mundo, sin libertades políticas y civiles, sin instituciones democráticas, sin comida, medicinas ni seguridad. Y por supuesto la corrupción que todo ello genera y que siempre sucede golpea sobre todo a los más pobres.
En este clima de intolerancia, persecución y desgobierno se acrecienta el caos que amenaza sepultar los valores democráticos de Venezuela.
¿Está solo el pueblo venezolano ante tan difícil situación?
La comunidad internacional, especialmente la ONU, EEUU y la Unión Europea, que ha defraudado a los demócratas venezolanos durante casi veinte años -el tiempo que los chavistas han boicoteado el Estado de derechos-, tiene ahora la oportunidad y el deber de contribuir a cambiar el rumbo de los acontecimientos hacia un régimen de libertades que ayudaría, por su sola existencia y ejemplo, a normalizar el futuro de una de las regiones democráticamente más inconsistentes del mundo.
(*) Analista y consultor
