MIAMI.- Hay que dejarlo claro: el partido radical español Podemos, liderado por Pablo Iglesias, tiene todo el derecho de acudir a los tribunales para defenderse si cree que las declaraciones realizadas por el expresidente español José María Aznar en una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS suponen un delito. La Justicia se encargará de decir si es así.
Pero sorprende que esta joven formación haya decidido ahora lanzarse contra el presidente de honor del Partido Popular cuando son numerosas las informaciones que han aparecido en los medios de comunicación sobre posibles irregularidades de algunos de los miembros de Podemos y que, según se señalaba, podían haber servido para financiar el grupo político.
Es curioso que esta querella se anuncie justo cuando ha comenzado la campaña electoral en Andalucía, una de las principales regiones de España. La vaguedad de los términos y las precisiones expuestas ayer durante la rueda de prensa en la que se anunció dicha acción judicial hace sospechar que los de Podemos tan sólo tratan de presentarse ante la sociedad como víctima y ganar así réditos electorales.
Hasta ahora quedan más dudas que certezas sobre gran parte del dinero, por ejemplo, que algunos de los líderes de Podemos han obtenido de ciertos gobiernos sudamericanos, especialmente de Venezuela. Hace pocos días, Juan Carlos Monedero, número tres del partido, salió a dar una rueda de prensa para tratar de explicar el origen de 425.000 euros obtenidos por su presunto trabajo para dichos países. Despachó el tema sin presentar ni el contrato ni el informe y alegando que eran confidenciales y tan sólo develó una factura de su empresa realizada al banco del ALBA.
Por eso, es exigible que ante tantas acusaciones y dudas, exista una mayor transparencia. Esta querella da más la impresión de ser una estrategia para desviar la atención de las dudosas cuentas del partido.