CARLI DIMINO, ANALISTA DE POLÍTICAS DE INICIATIVA LIBRE
Un debate robusto y abierto. Consejos y supervisión por parte de expertos. Un fuerte y coherente equilibrio de poderes. Estos son los aspectos esenciales de un próspero sistema político americano, diseñado para que nuestros representantes electos sean responsables a la hora de tomar decisiones importantes a nombre nuestro. Nuestro gobierno federal no está supuesto a gastar dinero, aumentar los impuestos, o tomar acciones substanciales como el ir a la guerra sin antes tener una discusión abierta y un voto para que el pueblo americano pueda evaluar esta decisión. El proceso puede ser frustrante. A momentos pareciera que Washington es incapaz de llegar a un acuerdo sobre los temas legislativos más simples. Pero este proceso es el que ayuda a garantizar que las decisiones importantes no se tomen a la ligera. La lentitud inherente con la que nuestros funcionarios electos crean las leyes no es una falla en el sistema. Por el contrario, es un aspecto importante del sistema. Los controles y los balances a veces retrasan el proceso de creación de leyes, pero son una manera de asegurarles a los ciudadanos que el gobierno no se está extralimitando o está tomando decisiones a la ligera. Así es, al menos, como debería ser.
Desafortunadamente, existe una rama del gobierno americano que no tiene el mismo escrutinio que tiene el sistema legislativo: es nuestro sistema regulatorio. Cada año, diversas agencias del gobierno han ido tomando, silenciosamente, miles de acciones a puertas cerradas, frecuentemente sin una previa revisión por parte de las instituciones creadas por el Congreso –y las cargas se están sumando.
Según un reciente estudio del Mercatus Center, las agencias reguladoras han estado evitando, por años, ciertos requerimientos legales, a menudo eludiendo el sistema de controles diseñado para desacelerar el proceso de la creación de reglas y proteger a los americanos de cargas innecesarias establecidas por reguladores sin control.
No se supone que las cosas sean de este modo. La opinión del pueblo americano es un componente importante en un sistema de creación de reglas justo. Tal es así, que esto es lo que exige la ley desde 1946 bajo la ley de Procedimiento Administrativo. El Congreso reconoció que los consumidores y las agencias reguladoras saben más sobre el impacto y el costo de las nuevas regulaciones que los expertos gubernamentales de Washington. La Oficina de Información y Asuntos Regulatorios fue creada a comienzos de 1980 como una vía para asegurar que las reglas o acciones que tomen las agencias sean pensadas desde un punto de vista económico. Pero lo que el informe de Mercatus destaca es que hay muchas maneras –intencionales y no- mediante las que las agencias se libran de estos procesos de control.
Un ejemplo específico destacado en el informe asegura que las agencias, en más de la mitad de las regulaciones finalizadas entre 1955 y 2012, no se acataron al proceso de control que facilita la participación pública. Otro ejemplo señala como las agencias federales colaboraron con las autoridades estatales para otorgar exenciones a sus propias normas. Específicamente, en 2009, el EPA le otorgó a California una exención que libraba al estado de cumplir una regla creada por el EPA sobre el control de la emisión de gases –una movida realizada sin evaluar adecuadamente el costo/beneficio de la acción. En 2014, el Departamento de Seguridad Interna y Fronteras eligió no hacer cumplir leyes existentes al emitir una serie de memorandos relacionados a las reglas de inmigración. Este último ejemplo hizo más difícil alcanzar una reforma legislativa al sistema migratorio y generó la vigente incertidumbre con respecto a las políticas de inmigración.
Nos merecemos algo mejor. Afortunadamente hay un número de soluciones a los problemas, que pueden ser llevadas a cabo por el Congreso. Entre ellas se incluiría u mejor seguimiento de estas astutas tácticas, aumentar los recursos para las agencias de control del gobierno, y asegurarse de que el Congreso sea más específico a la hora de autorizar a una agencia a tomar acción. Estos pasos ayudarían enormemente a prevenir el abuso y exceso de regulaciones que se ha convertido en algo erróneamente común. Ahora con nuevas regulaciones le cuestan a las familias trabajadoras miles de millones de dólares al año, y que con frecuencia le limitan las acciones que pueden tomar para mejorar su estilo de vida, estos pasos de control deberían ser seriamente considerados.
