El dinero público debe cuidarse como un tesoro y distribuirse con mucho juicio, y sobre todo, mucha claridad. Es por ello que preocupa ver la manera tan desprolija que se está llevando la administración de la Agencia para el Desarrollo Comunitario (CRA, por sus siglas en inglés) y de la cual se desprendió un informe que muestra datos para la reflexión y que requieren la atención de todos los que residimos en el condado.
La CRA tiene como objetivo financiar la construcción de viviendas asequibles para personas de bajos recursos en áreas donde hay poca disponibilidad de este tipo de soluciones. Es una premisa muy noble, pero que al parecer está divorciada de la realidad.
De acuerdo al informe que llevó a cabo un jurado de consulta de la fiscalía estatal del Condado Miami-Dade es prácticamente inexistente un marco jurídico para distribuir el dinero, lo que deja abierta las puertas para negocios que no benefician a la comunidad sino a terceros. Se menciona además que algunas juntas terminan gastando el dinero de los contribuyentes en proyectos “de interés personal para el funcionario electo”.
Son descubrimientos alarmantes, porque ese tipo de procedimientos irregulares constituyen las bases de la corrupción.
Para Francis Suárez, comisionado de la ciudad y vicepresidente de la CRA en Overtown, la intención es que este tipo de entidades tengan una visión más amplia, pero más allá de las líneas de pensamiento, el funcionario también considera que se debe dar un marco legal más estricto o, al menos, más claro sobre cómo deben operar.
La falta de un manual de operaciones, por así llamarlo, atenta contra la franqueza y alienta la opacidad. A primera vista, la CRA es una iniciativa noble, pero urge establecer una normativa que regule sus parámetros, de lo contrario, en lugar de una solución para muchos, se convertirá en una respuesta para pocos. Muy pocos.