El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, aseguró que el presidente Nicolás Maduro y los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que avalaron la aprobación fraudulenta del presupuesto de la nación para el año 2017, deben responder por el delito de usurpación de funciones.
Marquina sostiene que la Fiscalía General de la República está en la obligación de iniciar la investigación, ya que estos funcionarios se atribuyeron funciones de control propias del Parlamento, al aprobar un presupuesto obviando al Poder Legislativo. Aseguró que se solicitará al Poder Moral que determine la falta grave en la que habrían incurrido los magistrados que autorizaron al presidente a violar la Constitución venezolana.