CARACAS.- A doce días de que los niños y adolescentes venezolanos vuelvan a las aulas, expertos y organizaciones de Derechos Humanos temen que el número de pupitres vacíos crezca debido la severa crisis económica que atraviesa el país, la cual hoy tiene como síntomas más visibles una escasez de alimentos y medicinas que supera el 80% y una inflación que, según cifras extraoficiales salidas del Banco Central de Venezuela, superó el 330% hasta agosto.

“Este año promete que va a ser muy difícil para la educación tanto pública como privada. La situación económica pone en riesgo que las aulas sigan abiertas”, advirtió Lila Vega, directiva de la agrupación civil Red de Padres y Representantes, la cual instó a las autoridades de las escuelas, los docentes, los padres y los vecinos de los centros educativos a “hacer un esfuerzo para ver cómo evitamos que ningún niño se salga de su escuela bien sea para irse de una privada a otra más económica o a una pública y mucho menos para que abandone el sistema”.

Entre 2005 y 2015, 141.823 estudiantes de primaria y secundaria desertaron, de acuerdo con las propias cifras del Ministerio de Educación, la mayoría de los cuales estaban en centros administrados por el Estado.

Desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), por su parte, no dudaron en calificar de “preocupante” el panorama, pues “una de las grandes banderas del Gobierno ha sido la educación y hasta 2012 ciertamente se produjo un proceso de inclusión, pero a partir de allí se ha producido una reversión y en este momento estamos en una situación de exclusión social, porque hay más pobreza y más jóvenes fuera de las escuelas”, afirmó el excoordinador de la organización, Marino Alvarado.

Para ambos expertos la incapacidad del Gobierno de garantizarles a todos los niños en todas las escuelas públicas la alimentación es uno de los factores que más ha incidido en el abandono escolar. En la actualidad la Gobernación de Miranda es la única de las 23 entidades que aún ofrece a los alumnos que están en sus escuelas desayuno y almuerzo, según corresponda.

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La escasez de alimentos también ha provocado un aumento del ausentismo escolar. Una encuesta difundida la semana pasada por la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional arrojó que el 33,6% de los padres admitió que el año pasado no envió a sus hijos a la escuela algún día porque ellos tuvieron que acompañarlos a buscar comida y el 38,1% porque dijo que algún día no los llevó a clases porque no tenían qué comer en la casa.

“La crisis está sacando a niños de las aulas, no solo porque tienen que acompañar a sus padres a hacer cola para comprar comida sino porque tienen que buscar cómo ganar dinero para ayudar al sustento del hogar”, denunció Alvarado.

¿Avalancha a la pública?

El sondeo de la AN también reveló que el 17,5% de los encuestados admitió que tendrá que sacar a sus hijos del colegio privado donde lo tenía a uno público, por no tener cómo costearlo. Hoy por hoy hay mensualidades de colegios que superan los dos o tres salarios mínimos, a lo cual habría que agregar el costo de los útiles y uniformes.

La posibilidad de que se produjera un trasiego importante de estudiantes desde la educación privada a la pública fue señalada por algunos como la explicación a la sorpresiva decisión del Gobierno de postergar por diez días el reinicio de las clases. Sin embargo, esta versión fue rechazada por el secretario de Educación de la Gobernación de Miranda, Juan Maragall, quien afirmó: “Todavía no hay forma de saber si será una importante migración, eso lo se sabrá cuándo inicien las clases y hayan cerrado definitivamente las inscripciones en los centros educativos”.

Para el funcionario el aplazamiento revela la poca importancia que el Ejecutivo da a este asunto. “La escuela debe ser algo previsible. Cuando postergas el inicio de clases, postergas el desayuno de los niños”, apuntó.

En días pasados el ministro de Educación, Rodulfo Pérez, atribuyó la medida a la entrada en vigencia de un nuevo currículo escolar para la educación secundaria y a los cursos que debían dictar a los docentes que participarán en el plan piloto. Maragall dijo desconocer el contenido del nuevo pensum.

“No hemos sido notificados sobre ningún cambio y eso que nosotros tenemos 65 liceos (escuelas secundarias). Todo lo que sabemos es lo que ha salido en la prensa”, afirmó.

Los medios han difundido unos papeles de trabajo donde se afirma que a partir de ahora los estudiantes de bachillerato ya no verán matemáticas, física, química o biología como materias independientes, sino como una sola.

“¿Cómo ayuda esto a superar la exclusión de 800.000 adolescentes que deberían estar estudiando? ¿Cómo ayuda a superar la escasez de profesores especializados? Si es difícil conseguir profesores de química o de física, imagínate lo que costará conseguir a uno que sepa de física y química. Este currículo lo que busca es simplificar todo”, se quejó Maragall.

La encuesta solicitada por la AN sacó a la luz que en el curso pasado el 40% de los padres dijeron que sus hijos faltaron algún día a clases porque el plantel donde estaban carecía de uno de los maestros para dictar una materia. Para el Secretario de Educación de Miranda eso responde a los bajos salarios y al hecho de que el Ministerio de Educación tiene una década aplicando una política discriminatoria para adjudicar cargos docentes. “Solo contratan a egresados de universidades politécnicas, donde no se forman más que docentes para educación inicial y primaria y no los que salieron de las autónomas”, apuntó.

Por último, Alvarado advirtió que una de las grandes fallas del sistema educativo venezolano es que la inversión en educación es insuficiente y de paso no está distribuida de acuerdo a los estándares internacionales, pues la correlación entre el gasto en educación primaria y secundaria es similar a la universitaria.

En cifras

En el año escolar 2014-2015 7,3 niños y adolescentes fueron clases, de los cuales el 82,4% lo hizo en planteles públicos mientras que el 17,6% lo hizo en las privadas.

El año pasado en Venezuela operaron 27.626 planteles, la cifra más alta de la década. Sin embargo, proyectos como las 1.500 ciudades escolares que se iban a construir con China siguen sin materializarse. Tampoco las autoridades han informado sobre reparaciones o refacciones a centros educativos.

Para 2016 el Gobierno reservó 85.000 millones de bolívares (850 millones de dólares al cambio oficial de 10 bolívares por dólar) para la educación inicial, primaria y secundaria, apenas un 16% más de lo que originalmente dijo que iba a gastar en 2015, mientras que la inflación superó el 180% el año pasado y este ya va por 330%.

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