De la mano del expansionismo castrista con dinero venezolano, el siglo XXI en América Latina trajo consigo la división de la región en países democráticos y no democráticos. El denominado socialismo del siglo XXI -con bandera de izquierda y populismo- cambió la estructura política de las Américas e instauró gobiernos de término indefinido, caracterizados por la liquidación del estado de derecho, la desaparición de la división e independencia de los órganos del poder público, la violación de los derechos humanos, la manipulación y el fraude electoral, y la pretensión de un sistema de partido único con simulación de oposición. Ahora que el proyecto neo castrista está en crisis, declina y ve próxima su terminación, se ve con claridad que además de todos los daños a la libertad y la vida de los pueblos, ha introducido al narcotráfico como eje de confrontación en la política regional.

La actividad criminal del narcotráfico ganó notoriedad política con las dictaduras militares del siglo pasado que en algunos países de América Latina se vieron directamente comprometidas. Con el advenimiento de la democracia el problema se hizo patente por el marcado propósito del narcotráfico de intervenir e influir en la actividad política. Se acuñó el término “‘narcoestado’, que es un neologismo que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes de tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados en sus potestades legales”.

El concepto de narcoestado, un término establecido “como definición para aquel territorio donde el narcotráfico es un actor político que le disputa el poder al Estado”, parece haber avanzado con las dictaduras del socialismo del siglo XXI en Venezuela y Bolivia, ya que en estos países el narcotráfico en lugar de disputar el poder al Estado, ha tomado control del Estado, ha modificado el Estado y lo maneja. En la década de los ochenta se trataba de que el narcotráfico quería infiltrarse en la política y en las instituciones del Estado, por eso financiaba, sobornaba, extorsionaba y amenazaba. En el siglo XXI se trata de que un grupo de gobiernos no democráticos sostiene, defiende, representa y eventualmente son el narcotráfico.

Nunca en el siglo pasado, ni en gobiernos dictatoriales militares ni en el marco de la guerra fría, se había visto un a jefe de estado en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) defendiendo el narcotráfico como lo hizo en el 71 periodo ordinario de sesiones el líder cocalero y jefe del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales. Unos meses antes el mismo, Morales expresó en la reunión especial de la ONU que “la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo”. De esta manera, el narcotráfico latinoamericano ha resultado políticamente representado, no solo en el control de países ya calificados como “narcoestados”, sino en el seno mismo de la ONU. Este grupo de poder internacional ha dado al Estado del líder cocalero una representación en el Consejo de Seguridad.

La realidad muestra que con las FARC en Colombia, con el gobierno cocalero de Bolivia, con Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, el narcotráfico de la coca ha tomado en el siglo XXI nuevas dimensiones de carácter estrictamente político, que sin el ejercicio del poder ilimitado en el modelo dictatorial, no hubieran sido nunca posible. Uno de los efectos devastadores que esta situación ha producido es convertir a los países de América Latina en importante mercado de consumo. Expertos han establecido que la coca del estado plurinacional de Evo Morales tiene como principales mercados a Brasil, Argentina, Chile y como línea de comercialización a Venezuela. En los hechos Evo Morales ha incrementado los cultivos de coca ilegal de sus sindicatos de 3.000 a más de 40.000 hectáreas.

El canciller de Brasil acaba de declarar que “Venezuela es cada vez más exportador de cocaína”, situación reconocida por los gobiernos de América Latina, advertida por los de Europa y por los Estados Unidos, evidenciada con hechos como la detención de los sobrinos de la primera dama de Venezuela, que ahora son juzgados por narcotráfico en un tribunal de Nueva York; o por el escándalo de que el exjefe de inteligencia de Hugo Chávez (alias Pollo Carvajal) haya sido objeto de un “rescate de estado” por parte del gobierno venezolano de manos de la DEA, para luego ser convertido en asambleísta como una manera de darle impunidad. El jefe antinarcóticos de Evo Morales está condenado por narcotráfico, por un tribunal federal de Estados Unidos y cumple cárcel en la Florida. Además de las denuncias respecto al cartel de los soles y las implicaciones de altos mandos políticos y militares del gobierno venezolano, y las denuncias de prensa internacional respecto a la conexión de los “narcoestados” con el financiamiento del terrorismo de origen islámico.

El socialismo del siglo XXI ha convertido el narcotráfico de la coca en un motivo de confrontación política regional. No se trata del choque de izquierdas con derechas, es el de gobiernos de “narcoestados” contra gobiernos que tienen que proteger su juventud, su población, su seguridad ciudadana y su economía contra la arremetida de la droga. Cuando los líderes de los “narcoestados” aluden a los consumidores, ya no se refieren como hace 20 años a Estados Unidos y los países del primer mundo solamente, ahora se trata de Brasil, Argentina, Chile, México y los propios pueblos de los “narcoestados”, cuya prevalencia en el consumo de droga registra índices alarmantes. Hoy el narcotráfico es un eje de confrontación política regional entre los “narcoestados” dictatoriales y las democracias.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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