La tarde del 04MAY17, las embajadas extranjeras en Caracas recibieron una comunicación escrita enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual fueron convocadas para una reunión calificada como “Encuentro con la ciudadana Delsy Rodriguez” que tendría lugar al día siguiente. Diversos jefes de misiones diplomáticas latinoamericanas informaron a sus respectivos gobiernos de la convocatoria y solicitaron instrucciones sobre concurrir o no a la cita en la sede de la cancillería venezolana. En condiciones de normalidad entre dos gobiernos, un jefe de misión diplomática no consulta a su cancillería sobre un asunto como este, pero el estado de las relaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y una creciente lista de países latinoamericanos es de alta tensión, mínima o nula comunicación y aires de inminente ruptura.

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El mismo jueves 04MAY17 el gobierno de Costa Rica, en un comunicado en el cual deploró “la militarización del conflicto” en Venezuela, anunció que la encargada de su Embajada en Caracas viajaba a su país en “consultas”, con lo cual en la práctica queda cerrada la misión diplomática tica en Venezuela. En actitud de rechazo a la conducción política de Maduro, ya tres gobiernos suramericanos (Colombia, Chile y Paraguay) retiraron sus embajadores, dejando sus misiones en Caracas en manos de funcionarios de menor rango en condición de “encargados de negocios a.i.”. El aislamiento político internacional del régimen chavista ha tendido a ampliarse desde el 29MAR17 cuando el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, emitió una sentencia con la cual reemplazaba a la Asamblea Nacional. Maduro ha escogido una línea confrontacional tanto en lo interno como en sus relaciones externas en la cual sólo lo acompañan los gobiernos de Cuba, Bolivia, Rusia y de un par de microestados caribeños.

El tono de los ya rutinarios comunicados de gobiernos del vecindario latinoamericano se ha ido agudizando en la medida que el número de muertos, heridos y detenidos aumenta en Venezuela. En el más reciente de ellos, emitido el 04MAY17, los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay condenaron “el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la población civil que marcha para protestar contra las medidas del Gobierno que afectan la estabilidad democrática, polarizan aún más a la sociedad venezolana y ocasionan la pérdida de vidas humanas, en su mayoría de personas jóvenes”.

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El 26ABR17, pese a la oposición del gobierno Maduro, el Consejo Permanente de la OEA decidió convocar la máxima instancia del organismo, la plenaria de cancilleres del Continente, para tratar la situación venezolana. Previendo la inminente derrota en la OEA, en un desesperado intento de mostrar apoyo internacional, el 25ABR17 la cancillería de Maduro solicitó al gobierno de El Salvador convocar una reunión “urgente” de cancilleres de la CELAC para “tratar las amenazas contra el orden democrático constitucional así como las acciones intervencionistas contra su independencia, soberanía y autodeterminación”. Celac es un club de gobiernos americanos que incluye a Cuba y excluye a EEUU y Canadá. El Salvador, que ejerce la presidencia pro témpore de Celac, informó el 25ABR17 a los 33 gobiernos miembros sobre la solicitud y convocó a la reunión para el 02MAY17 en la sede de la cancillería salvadoreña. Los resultados de la convocatoria fueron un desastre para las pretensiones propagandísticas del chavismo.

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Varios gobiernos objetaron incluso la convocatoria a la reunión de Celac por considerar que no eran claros los objetivos del encuentro y por no existir consenso sobre la realización de la reunión. El 01MAY17, el gobierno de Brasil notificó a El Salvador que no asistiría a la reunión y “no acompañaría cualquier pronunciamiento que eventualmente se produzca”. Dado que los estatutos de Celac obligan a la existencia de consenso para la toma de cualquier decisión, la posición brasileña de antemano condenó la reunión a la intrascendencia. Por su parte, el gobierno paraguayo informó mediante mensaje a los restantes gobiernos parte de Celac, que para el 01MAY17 siete cancillerías habían notificado a El Salvador que no compartían la decisión de realizar una reunión de cancilleres. El día del encuentro se confirmó que siete gobiernos (Bahamas, Brasil, México, Trinidad & Tobago, Barbados, Perú y Paraguay) no enviaron representación. Los gobiernos de Colombia, Chile y Uruguay fueron representados por sus embajadores en El Salvador quienes llevaban instrucciones de no aprobar ningún documento de apoyo al gobierno Maduro en caso de ser presentado.

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De treinta y tres países miembros, sólo cuatro cancilleres estaban presentes en la sala: el anfitrión salvadoreño Hugo Martínez, el cubano Bruno Rodríguez, el boliviano Fernando Huanacuni y la solicitante Delsy Rodriguez. Los restantes gobiernos delegaron en funcionarios de menos rango o no enviaron representación a la cita pedida por Maduro. Ni siquiera el gobierno de Ecuador, aliado ideológico del chavismo, consideró necesario que su canciller viajara a San Salvador. El organismo continental que Fidel Castro y Hugo Chávez pretendían convertir en sustituto de la OEA sirvió de escenario a uno de los mayores reveses de la “diplomacia” chavista. Maduro no obtuvo un pronunciamiento de apoyo a su favor y no pudo usar a Celac como plataforma propagandística contra la Oposición venezolana.

Al contrario de las sesiones de la OEA sobre Venezuela, la reunión de Celac fue privada y sólo se permitió el ingreso de la prensa para cubrir el discurso inicial pronunciado por el presidente Salvador Sánchez Cerén. Al concluir el evento, la canciller de Maduro quien movilizó a San Salvador un ostentoso aparato de medios de comunicación, informó que había recibido un respaldo “casi unánime” para promover el “diálogo” en Venezuela. Pero versiones recogidas por este Informe entre diplomáticos presentes en la reunión aseguran que el encuentro no fue lo plácido que quiso retratar la canciller chavista. En su intervención, el embajador de Colombia en El Salvador, Julio Anibal Riaño, habría manifestado el rechazo de su gobierno al anuncio hecho el día antes por Maduro de pretender cambiar la Constitución mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

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Mientras la Oposición venezolana y decenas de gobiernos de la región exigen que el gobierno venezolano cumpla los mandatos de la Constitución, Maduro mantiene suspendidas las garantías constitucionales desde enero de 2016 y el 01MAY17 anunció su pretensión de cambiar el texto constitucional convocando una Asamblea Constituyente. En Caracas, ante una menguada concentración de seguidores acarreados desde diversos puntos del país, Maduro dijo que convocaría a una constituyente de 500 miembros “de los cuales 200 serán de los movimientos sociales”. En la Gaceta Oficial del 01MAY17 que circuló dos días después, Maduro emitió un decreto “con la bendición de Dios Todopoderoso” convocando una “Asamblea Nacional Constituyente ciudadana” a ser electa con criterios “sectoriales y territoriales”, es decir, sin garantizar la igualdad de los electores. La actual Constitución venezolana no concede a Maduro la potestad de “convocar” una Asamblea que tenga como fin la redacción de una nueva constitución, lo cual sólo es posible mediante aprobación previa en un referendo que consulte “al pueblo” sobre tal extrema medida.

Salvo algunos enunciados genéricos sobre los temas que Maduro considera deben ser tratados por su Constituyente “para seguir cimentando las bases del Socialismo Bolivariano del siglo XXI”, el decreto no incluyó una propuesta de normas para guiar el proceso de elección y funcionamiento de la hipotética Asamblea Constituyente. El tema de la Constituyente pudo ser un bluf de Maduro intentando recuperar la iniciativa política en medio de la grave crisis que vive Venezuela.

Para la redacción de las bases comiciales de su constituyente, Maduro designó una comisión de catorce personas incluyendo a su esposa Cilia Flores, al subjefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas almirante Remigio Ceballos Ichaso y a otros doce funcionarios del régimen. El abogado Hermann Escarrá, miembro de la Comisión, aclaró el 01MAY17 que Maduro no pretende sustituir la constitución bolivariana asociada con Hugo Chávez. La declaración de Escarrá, aparte de intentar calmar a sectores del chavismo que acusan a Maduro de traicionar la herencia de Chávez, sirvió para confirmó que el primer objetivo real de constituyente no es modificar del texto constitucional sino disolver la Asamblea Nacional que está en manos de la Oposición. El régimen chavista juega a aumentar el caos creyendo que en ese ambiente puede imponerse.

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Los gobiernos de Brasil, Argentina, EEUU, Colombia, Costa Rica y México se pronunciaron rápidamente contra el intento de Maduro de cambiar la Constitución. “Es un golpe” tuiteó el canciller brasileño Aloysio Nunes. Maduro “echa más nafta al fuego” afirmó la canciller argentina Susana Malcorra. “No colabora para nada este tipo de medidas que están en contra de la constitución venezolana, no pueden todos los días sacar una idea que sea no constitucional para ver qué sucede” dijo la canciller colombiana María Angela Holguín. La Asamblea Constituyente “erosiona aún más la democracia venezolana", señaló el subsecretario de Estado de EEUU Michael Fitzpatrick.

Desde Quito el economista Alberto Acosta, hombre de izquierda quien presidió la Constituyente ecuatoriana del año 2007, publicitó en Twitter un artículo del boliviano Raúl Prada Alcoreza quien afirma que la constituyente del gobierno “chavista” es “una medida desesperada de la casta burocrática, que se apoderó del proceso de cambio y de la revolución bolivariana”.

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