CARACAS.- 2016 no fue un buen año para la prensa ni para el ejercicio del periodismo en Venezuela, pues no hubo un solo día entre el 1 de enero y el 31 de diciembre pasado en el que no se registrara un ataque, una amenaza o un hostigamiento contra un comunicador o un medio.
Al menos esto es lo que revela el informe sobre la situación de libertad de expresión en el país que la organización Espacio Público difundió esta semana y en el cual se asegura que el año pasado ocurrieron 366 violaciones la libertad de expresión, lo que no solo implica un aumento de 28% en comparación con las 286 ocurridas en 2015, sino que además colocó al 2016 como el segundo período con más vulneraciones a este derecho fundamental, apenas superado por 2014, cuando el país vivió una ola de protestas opositoras y estudiantiles contra el Gobierno de Nicolás Maduro que se prolongó por seis meses.
¿Pero qué pasó el año pasado para que arrojara semejantes resultados? “Hubo un contexto de aumento del conflicto político, el cual trajo consigo más manifestaciones políticas, las cuales son de interés para los periodistas y medios. Si a esto le sumas un discurso más agresivo del presidente Nicolás Maduro, pues obtienes el resultado que está a la vista”, respondió Carlos Correa, director de la organización dedicada a velar por la libertad de expresión del país.
Para Correa las movilizaciones que el año pasado se realizaron para impulsar el fallido proceso de activación del referendo revocatorio presidencial no fueron el único motivo que provocaron el alza de los ataques contra periodistas y medios. “Hay también la pretensión del Gobierno de ocultar problemas como la escasez de alimentos y medicinas y eso quedó verificado con todos los casos de impedimentos que se le pusieron a los comunicadores para reseñar las colas”, indicó.
En 2016 Espacio Público contabilizó 27 casos de ataques y agresiones durante la cobertura de las largas filas de personas que se forman ante comercios para adquirir alimentos, medicinas y otros productos básicos o durante las protestas en contra del desabastecimiento.
En junio pasado 14 trabajadores de medios como los diarios El Universal, 2001, El Nacional, de la televisora web VivoPlay y de los portales El Pitazo, Crónica Uno y Caraota Digital fueron atacados, algunos de ellos físicamente fueron golpeados y despojados de sus implementos de trabajo, mientras cubrían una manifestación espontánea en demanda de alimentos que se dio en la caraqueña avenida Urdaneta, a pocas cuadras del Palacio de Miraflores. Los periodistas, fotógrafos y camarógrafos fueron agredidos, bien por agentes de la Guardia Nacional o por simpatizantes del oficialismo enviados a dispersar la protesta.
¿Pero no hablar de un problema hace que éste se esfume? Obviamente no aseguró Correa, quien por el contrario advirtió que podría agravarlo, pues “si no tienes una vía para canalizar el descontento, para exteriorizarlo éste normalmente se agudiza. Sin embargo, el Gobierno no entiende eso, porque ha sobredimensionado lo que de él se dice en los medios y ve en todas las críticas un ataque que busca derrocarlo”.
Escasez de datos
Pero las autoridades no solo buscan evitar que se hable de algo silenciando a los periodistas y medios, sino también negándoles el principal insumo: la información. En 2006, por ejemplo, las estadísticas de inflación y escasez volvieron a estar ausentes, pese a que la Constitución obliga que esos datos se suministren con regularidad, so pena de destitución de las autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV).
Sólo en diciembre la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó en un día once peticiones de información que la organización Transparencia Venezuela le formuló con el propósito de esclarecer unas denuncias de corrupción que había recibido de ciudadanos.
La agrupación solicitó al máximo juzgado que le ordenara a diez ministerios suministrarle los datos que desde 2015 le venía solicitando a algunos de ellos en relación a supuestos cobros indebidos por revisiones vehiculares y multas injustificadas; sobrefacturación en la presentación de un proyecto para los Juegos Panamericanos Bolívar 2019, irregularidades en la ejecución de una presa y sus obras complementarias en el Valle Quíbor (Lara); irregularidades en la obras en carreteras y puentes de San Juan de Colón (Táchira), en el suministro de medicinas y en la ampliación del alcance físico del Sistema de Riego El Diluvio-Palmar, así como de cobros de comisiones por agilizar trámites de reenganches laborales y a proveedores a cambio de la emisión de pagos pendientes y malversación de vehículos financiados por el Estado.
Sin embargo, la instancia rechazó todas las solicitudes con el mismo argumento: “No se evidencia que lo requerido sea proporcional con el uso que se le pretende dar”.
Sobre las violaciones
La intimidación, la cual abarca desde el impedimento a realizar la cobertura de un determinado hecho noticioso, al robo del material o los equipos y la expulsión del lugar donde estaban ocurriendo los hechos a reseñar, fue la vulneración más frecuente que registró Espacio Público, pues contabilizó 123 (33,6%).
Por su parte, la censura, con 61 casos (16,6%); y las agresiones, con 54 (14,7%), ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, en la lista de violaciones más frecuentes, según el reporte.
Mientras que el 70% de los victimarios son funcionarios públicos, comenzando por el propio presidente Maduro.
Descarga LA APP