El dictador sandinista Daniel Ortega junto a su consuegro y jefe de la Policía, Francisco "Paco" Díaz.
Captura de pantalla/19 digital/portal del régimen sandinistaMIAMI – Nicaragua cierra el año con una crisis institucional agravada por la represión, la instauración de un estado policial que impide la movilización de la oposición, con más de 160 presos políticos en las cárceles del régimen y la consolidación de una dictadura que cumple 15 años consecutivos en el poder y se ha garantizado otros cinco años por medio de un reciente proceso electoral, expeditamente manipulado, que se efectuó el 7 de noviembre último.
El año cierra con la radicalización de la dictadura atornillada en el poder y el rostro más duro de la represión que por cuarto año consecutivo padece la población, desde abril de 2018, tras el estallido social que dejo un saldo de 355 muertos debido a la respuesta represiva de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo a las protestas.
El régimen mantiene encarcelados a los siete exaspirantes presidenciales detenidos durante la última ola de arrestos junto a otros 39 opositores, entre ellos líderes del sandinismo disidente que gobernaron con Ortega durante la primera etapa de Ortega en el poder.
Otros 120 opositores guardan prisión en las celdas del Sistema Penitenciario de Nicaragua. Los presos políticos pasaron la Navidad tras las rejas, mientras el régimen liberó el 21 de diciembre a 1.000 reos comunes bajo la figura de “convivencia familiar” para que celebraran la Nochebuena en el seno familiar. Con los últimos 1.000 suman ya 4.000 los presos comunes liberados por el régimen sandinista.
La represión y el ahogamiento económico contra los medios de comunicación continuó en 2021. La dictadura cerró el único medio impreso de circulación nacional y el más importante que quedaba en el país, el diario La Prensa, que también sufrió cierres y censura durante la primera etapa del régimen sandinista (1979-1990).
El gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, fue detenido durante la última ola de arrestos y acusado de un presunto delito de “lavado de dinero”. Otros tres comunicadores permanecen detenidos. Miguel Mora, a quien el régimen le confiscó el canal 100% Noticias, permanece encarcelado por segunda vez. Él es uno de los siete exaspirantes presidenciales.
El periodista deportivo Miguel Mendoza permanece encarcelado por criticar a la dictadura en las redes sociales, y el presentador y comentarista político Jaime Arellano, que retornó al país tras exiliarse en 2018, permanece bajo arresto domiciliario.
Varios periodistas se sumaron al exilio que otros comunicadores iniciaron tras el estallido de abril de 2018 debido a la persecución. El régimen confiscó los bienes de la plataforma digital del medio escrito Confidencial.
Un informe del diario La Prensa revela que 54 comunicadores fueron citados a declarar por el Ministerio Público y sometidos a interrogatorios. La acción del régimen es parte de la “investigación” a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyos exdirectivos son acusados de supuesto “lavado de dinero”.
El Ministerio Público fue sancionado recientemente por Estados Unidos por ser la herramienta represiva del régimen contra la oposición.
Los comicios presidenciales se efectuaron el 7 de noviembre en medio de actos represivos y con los adversarios de Ortega en la cárcel.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) integrado por militantes sandinistas y aliados de Ortega, canceló la personería jurídica a tres partidos políticos de la oposición: Restauración Democrática, Partido Conservador y Ciudadanos por la Libertad (CxL), evitando su participación en los comicios.
Mientras que a Kitty Monterrey, representante de CxL le fue cancelada la nacionalidad nicaragüense y tuvo que exiliarse en Costa Rica.
Las elecciones de noviembre estuvieron marcadas por un alto índice de abstencionismo que superó el 80%, y sin observación electoral.
Las calles y los centros de votación lucieron vacíos. Los resultados demostraron que la base de simpatizantes del régimen se redujo a un 15%. Su máximo ha sido el 38%, que obtuvo en las elecciones de 2006, que le permitió el retorno al poder.
Ortega dijo haber “ganado” con el 75% de los votos. Pero se trata de un 75% de ese 15% que acudió a las urnas.
Las elecciones han sido desconocidas por la comunidad internacional. El bloque europeo integrado por 27 países las calificó como una “farsa electoral”, y pidió designar nuevas sanciones contra el régimen sandinista. Hasta ahora, la UE ha sancionado a 14 funcionarios de la dictadura, entre ellos a Rosario Murillo.
Mientras Estados Unidos catalogó las elecciones como “pantomima”. La Organización de Estados Americanos (OEA) desconoció los resultados electorales a través de una resolución firmada por 25 de los 34 países que integran el bloque regional.
Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña designaron nuevas sanciones tras el fraude electoral.
Estados Unidos promulgó la "Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021", más conocida como Ley RENACER por sus siglas en inglés, y designó sanciones a nueve allegados de Ortega. Con ello, suman más de 30 los sancionados del régimen por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
En el contexto de las sanciones, Estados Unidos anunció que revisa la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), un mandato que establece la Ley RENACER.
Si Nicaragua es excluido del DR-CAFTA, se vería eximida de los privilegios arancelarios de los de que goza y más de 100.000 empleos de zona franca se perderían.
El Reino Unido y Canadá se sumaron a la designación de sanciones de Estados Unidos. El primero sancionó a siete funcionarios del régimen, mientras Canadá a tres del círculo íntimo de Ortega.
A causa de la crisis en Nicaragua la migración incrementó durante el 2021. Unos 50.000 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera estadounidense hasta septiembre pasado, según cifras de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Mientras en México, cerca de 11.000 nicaragüenses fueron arrestados entre enero y octubre, según datos proporcionados por la Unidad de Política Migratoria de México.
El aumento de la migración es producto de la represión, el Estado policial instaurado por el régimen y a la crisis económica que atraviesa Nicaragua.
La migración nicaragüense, que analistas estiman aumentará debido a la crisis política en el país, se ha sumado a la crisis migratoria que los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) están causando en la frontera sur de Estados Unidos.
@FloresJudith7
[email protected]
Descarga LA APP