CURITIBA, BRASIL.-DPA
Odebrecht, heredero de la constructora del mismo nombre, está detenido hace aproximadamente cuatro meses. Se lo acusa de ser uno de los cabecillas del grupo de constructoras nacionales que formaron un cartel para repartirse licitaciones
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La Justicia brasileña abrió este lunes un nuevo proceso penal contra el presidente de la mayor constructora del país, Marcelo Odebrecht, y dos exfuncionarios de Petrobras: el exgerente de Servicios Renato Duque y el exdirector de esa repartición Pedro Barusco, informaron medios locales.
Al acoger las denuncias formuladas por el Ministerio Público (fiscalía) el juez federal Sergio Moro decretó además una nueva prisión preventiva para los tres mencionados y para otras tres personas a raíz de irregularidades detectadas en ocho contratos entre la constructora y Petrobras, precisó el portal "G1", del grupo Globo.
Odebrecht, heredero de la constructora del mismo nombre, está detenido hace aproximadamente cuatro meses. Se lo acusa de ser uno de los cabecillas del grupo de constructoras nacionales que formaron un cartel para repartirse las licitaciones de la petrolera, inflar contratos y pagar sobornos a cambio de beneficios ilícitos.
Según los fiscales, Odebrecht pagó unos 138 millones de reales (unos 36,3 millones de dólares) en sobornos para obtener contratos con la petrolera, entre otros, los vinculados a la refinería Abreu e Lima, en el estado de Pernambuco, y el Complejo Petroquímico de Río de Janeiro (Comperj).
Los sobornos fueron pagados entre diciembre de 2006 y julio de 2014, a través de dinero en efectivo y depósitos en el exterior.
Según Moro, existen "pruebas documentales significativas de la materialidad de los delitos, por lo que no es posible afirmar que la denuncia se basa únicamente en declaraciones que delincuentes colaboradores".
La defensa de Odebrecht emitió un comunicado en el que sostiene que se pronunciará sobre la nueva orden de prisión ante la Justicia.
Los abogados de los exejecutivos de Petrobras no se pronunciaron. Ambos fueron condenados a 20 años y ocho meses de prisión en un proceso anterior, también vinculado a los fraudes en el ente estatal, por los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir.
Todas las condenas dictadas hasta el momento admiten apelación ante instancias judiciales superiores.
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