SAN JOSÉ.- La salida abrupta de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que llegó el lunes a Nicaragua para continuar conversaciones con el Gobierno de Daniel Ortega, ha dejado con serias dudas al sector político, periodístico y de sociedad civil, dando paso a una serie de hipótesis sobre el futuro de este diálogo.

El consejero del secretario general de la OEA, Luis Almagro, Luis Ángel Rosadillo, quien era el último miembro de la delegación que se había quedado en Managua, salió del país el jueves. Un día antes el embajador Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, y otros dos delegados más también abandonaron el país súbitamente.

Las incógnitas saltaron al momento porque los delegados tenían previsto encuentros con partidos políticos opositores y otros afines al Gobierno sandinista, el mismo día que salieron del país. Las reuniones fueron canceladas por los delegados, alegando “motivos de fuerza mayor, ajenos a la misión”, según respuesta recibida por los partidos políticos que participarían.

“Lamentamos que sorpresivamente la hayan cancelado sin mayor explicación. Nos parece muy extraño”, reaccionó a la prensa el director del organismo Movimiento por Nicaragua, Sergio Bofelli.

“Consideramos que por el respeto que ha caracterizado nuestra relación con ustedes, durante el desarrollo de este esfuerzo de la Secretaría General de la OEA, se nos debe una explicación concreta, en qué consiste esa fuerza mayor y de dónde proviene”, manifestó en una carta que la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, dirigió Koncke.

“Acciones de este tipo sin explicaciones convincentes y claras, debilitan el esfuerzo que ustedes impulsan y que nosotros como organización de Derechos Humanos deseamos que efectivamente contribuya a emprender las actuaciones que puedan aportar a la solución de los graves problemas que sobre la materia en cuestión existe en Nicaragua. La falta de una explicación clara no abonaría a fortalecer la credibilidad que el proceso en general requiere y podría enmarcarse dentro de la política excluyente que hay en nuestro país”, señaló la presidenta del CENIDH en la carta a Koncke.

Nica Act

Presionado por eventuales sanciones de Estados Unidos a su gobierno, si la propuesta de ley Nica Act es aprobada, Daniel Ortega decidió iniciar un diálogo con la OEA desde octubre anterior, en su intento de maquillar su dictadura dinástica en una apertura democrática.

Las partes firmaron memorandos de entendimientos para desarrollarlos en tres años, cuyo costo operativo de la OEA está cifrado en 19 millones de dólares, dinero que el organismo hemisférico no posee.

El principal reto de este año es observar las elecciones municipales de noviembre próximo, tras denuncias de organismos civiles y partidos políticos de los continuos fraudes electorales de Ortega desde que ascendió de nuevo al poder en 2006.

Previo a la partida de los misioneros de la OEA, surgieron hechos que pudieron haber incidido en su abrupta salida. A inicios de semana el presidente Donald Trump propuso recortar ayuda a Latinoamérica para el próximo año fiscal, pero la disminución a Nicaragua fue la más drástica proporcionalmente hablando.

Trump propuso bajar de 10 millones de dólares en ayuda anual a 200.000 dólares, generando un recorte del 98%.

Así mismo, el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes aprobó este miércoles el proyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act H.R.1819, conocida como Nica Act, en un paso más en su ruta para convertirse en una norma legal.

De convertirse en ley, Estados Unidos podría vetar préstamos internacionales a Nicaragua en organismos en el que tenga poder de veto, lo cuál sería drástico para la economía nicaragüense que anualmente recibe unos 300 millones de dólares en cooperación crediticia para completar su presupuesto.

Fue esta propuesta de ley la que obligó a sentar a Ortega con la OEA, en su intento de demostrar democracia que le ayude a frenarla. Así que la abrupta salida de la misión podría estar relacionada a la aprobación del Subcomité.

Analistas consideran que Ortega da por hecho la aprobación de la ley y piensa que no tendría sentido seguir negociando con la OEA. También podría ser una táctica dilatoria para ganar tiempo y cometer un fraude electoral más en las municipales de noviembre próximo.

Estas y otras hipótesis se han tejido entre opositores de un país que bien podría convertirse en la próxima Venezuela del continente, si Ortega continúa con sus desmanes contra las libertades, derechos humanos, instituciones y democracia.

El desprestigio del Gobierno sandinista ha trascendido internacionalmente y la cooperación venezolana que le sostuvo durante los primeros diez años para cooptar el poder, ha caído en picada por lo que los recursos económicos para continuar con el populismo cada vez son más escasos.

“En el Movimiento por Nicaragua estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo. Esto es algo que se salió del guion que se nos ha vendido a los nicaragüenses y lo otro es que continuamos siendo víctimas del secretismo”, cuestionó Boffelli en la prensa local.

El canciller sandinista, Denis Moncada, matizó la abrupta salida de los delegados con la compra de boletos de regreso a Washington para el propio miércoles, y negó que ellos hayan planeado reunirse con grupos independientes y partidos políticos.

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