lunes 16  de  enero 2023
VENEZUELA

Advierten que mecanismos de censura en Venezuela son "cada vez más sofisticados"

Si bien desde que Nicolás Maduro llegó al poder se ha incrementado la cifra de medios de comunicación que han cerrado, ahora también se registran otro tipo de acciones con el fin de silenciar informaciones específicas.

Por LEDA PIÑERO

CARACAS.- A 20 años de gobierno chavista no es un lugar común decir que las libertades fundamentales en Venezuela están cercenadas. El más reciente caso del cierre de la edición impresa del diario El Nacional, uno de los periódicos más grandes del país, con 75 años de historia, es solo una cara del resultado de la llamada “hegemonía comunicacional” del chavismo, una suerte de plan con el que el régimen ha logrado dominar el sistema de medios de comunicación en el empobrecido país caribeño.

Ante los ataques y violaciones a las libertades de expresión y prensa evidenciadas con el cierre de medios radioeléctricos o la discrecionalidad en la distribución de las divisas necesarias para la compra de papel periódico, expertos advierten que los mecanismos que usa el chavismo para silenciar a la prensa libre son cada vez más sofisticados, lo que se ha incrementado durante la gestión de Nicolás Maduro.

Si bien ha aumentado la cifra de medios que han tenido que cerrar sus puertas -66 desde 2013, 35 de ellos en 2018, según datos del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)-, ahora también se registran otros tipos de acciones, por parte del sector oficial, cuyo fin es acallar a los medios críticos y silenciar informaciones específicas que no son de su agrado.

“Si antes se amenazaba, ahora se ejercen acciones legales contra periodistas donde no solo se les abren juicios, sino que se les prohíbe la salida del país… les dicen que su pasaporte ha sido anulado, los retienen… Al retener al periodista, retener su pasaporte, al amenazar al periodista con cárcel, al incrementarse las agresiones físicas, las restricciones al acceso a información pública, exponer al escarnio público a periodistas o a miembros de organizaciones no gubernamentales, vemos como se usan programas completos (en los medios radioeléctricos) para descalificar, para difundir información sobre dónde viven, los viajes que hacen. Sin duda son mecanismos cada día más novedosos y sofisticados, cuyo fin es tratar de intimidar y generar temor para que no se comunique información que sea sensible (para el régimen)”, explica la profesora Luisa Torrealba, investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones de la Comunicación (Ininco) de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

A esta lista, la investigadora agrega la creación de leyes, como es el caso de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que establece hasta 20 años de cárcel por ejercer la libertad de expresión. Torrealba cita el caso de un ciudadano que publicó en su cuenta en Twitter la ruta que seguiría el avión presidencial de Venezuela durante un viaje no autorizado de Maduro y luego fue puesto preso y no se le ha respetado el debido proceso.

“A pesar de que la información que este ciudadano publicó fue sacada de un satélite y se encuentra pública en Internet, para querer ocultar un viaje que estaba haciendo Maduro sin autorización legal de la Asamblea Nacional, encarcelan a este ciudadano y eso envía un mensaje a periodistas, medios de comunicación y otros ciudadanos de que no publiquen información que pueda ser considerada sensible al gobierno, ya que pueden ser encarcelados”, dice.

Recalca que la libertad de expresión no es solo que actores políticos o los ciudadanos expresen sus opiniones. Es también que ese derecho a expresarse no tenga consecuencias negativas por hacerlo. De manera que, a su juicio, “no cabe duda de que estas medidas tienen que ver con silenciar cualquier tipo de información que deje en evidencia cualquier irregularidad, inacción o corrupción por parte del gobierno”.

En cuanto a las acciones judiciales contra periodistas, el caso del portal Armando.info es emblemático. Este sitio web elaboró una investigación periodística sobre el programa social CLAP, que distribuye alimentos a la población a muy bajo costo, en el que se demostraba la existencia de corrupción en la compra de los productos.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en un hecho sin precedentes debido a que no fue un Tribunal el que dictó la orden, prohibió a las operadoras de Internet en Venezuela publicar información del portal referente a ese caso y, posteriormente, el ciudadano colombiano Alex Nain Saab, involucrado en el presunto hecho de corrupción, demandó a los periodistas que realizaron la investigación.

“La Constitución Nacional (de Venezuela) en su artículo 57 prohíbe la censura, cualquier medida que tome cualquier organismo y que fomente la censura es anticonstitucional”, señaló la experta.

Añade que, además, Conatel maneja de forma “arbitraria y opaca” el otorgamiento de licencias a los medios radioeléctricos.

“Hay muchos medios radiofónicos del interior que han solicitado las licencias para operar y que incuso Conatel ya les está cobrando los impuestos que establecen las leyes que regulan el sector y, sin embargo, Conatel decide de forma arbitraria, en cualquier momento, que ese medio no puede seguir operando porque no tiene licencia y no hay una transparencia sobre el estatus del espectro radioeléctrico”, afirma la investigadora.

EL Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS, de Venezuela, ha contabilizado 34 acciones judiciales en contra de periodistas, medios de comunicación, activistas de Derechos Humanos y ciudadanos entre los años 2014 y 2017. Los más afectados han sido los medios de comunicación impresos, señala el instituto, que añade que las demandas han sido ejercidas, en su mayoría, por funcionarios y contratistas del Estado.

El caso de Internet

Uno de los efectos que ha causado el avance de la hegemonía comunicacional chavista es la aparición de portales informativos en Internet que intentan constituirse en ventanas informativas para noticias y puntos de vista críticos. No obstante, el régimen de Maduro ha extendido la censura a estos sitios web. Tal es el caso de los bloqueos a El Nacional Web, El Pitazo o La Patilla.

“El Internet de Venezuela es el más lento de todo el continente y esto implica dificultades para poder acceder a los contenidos. Pero por otro lado ha habido una política sistemática de Conatel de aplicar bloqueos selectivos a estos portales, y cuando digo selectivos me refiero a que se bloquean en determinados momentos, a determinadas horas, cuando hay informaciones sensibles para el gobierno”, señala.

En añadidura, en Venezuela hay fallas graves en la infraestructura de las telecomunicaciones. “Miles de ciudadanos han sido víctimas de supuestos robos de cable para conexión de telefonía básica y no tienen teléfono fijos en sus hogares y han pasado uno o dos años y no han sido reparadas estas fallas”, dice Torrealba.

Esto hace que muchos hogares venezolanos no cuenten con línea de telefonía básica activa y, por ende, no tienen acceso a Internet. Esta situación sucede en el interior del país.

Resalta que estas limitaciones restringen el acceso universal a Internet y no se garantiza que el ciudadano que vive en el último rincón de Venezuela pueda tener acceso a los contenidos de estos portales de forma plural y oportuna.

Libertad de expresión cercenada

El diario El Nacional dijo adiós a su edición impresa y anunció que seguirán en Internet, para lo que potenciarán su sitio web. La decisión, según lo dijo la directiva del medio, responde a la situación de “hostigamiento” de la que han venido siendo objeto por parte del régimen. No es nuevo que el diario El Nacional enfrentaba problemas para la compra del papel periódico y ya había bajado su circulación a solo cinco días a la semana.

“El cierre de la edición impresa de El Nacional se produce por la dificultad de acceso a las divisas para comprar el papel y otros insumos y eso forma parte de una política sistemática del gobierno para silenciar a estos medios que son críticos. Al silenciar a estos medios impiden que el ciudadano pueda informarse de forma plural y, por lo tanto, el derecho a la libre expresión e información se ven afectados”, explica.

El Nacional es el medio de comunicación impreso número 66 que deja de circular en Venezuela desde 2013, de acuerdo con IPYS.

En 2013, el chavismo creó el Complejo Editorial Alfredo Maneiro, que controla la compra y distribución del papel periódico en Venezuela.

“Esta empresa Alfredo Maneiro, violando la Constitución que prohíbe los monopolios, se constituye en monopólica y controla el papel periódico en Venezuela, que se supone debe distribuirse con criterios de pluralidad, equidad y transparencia”, explica.

Es así como se privilegia a los medios que tienen una línea editorial favorable al régimen o que son financiados con dineros públicos. “Ahí vemos una actuación discrecional del gobierno para cercenar a estos medios que son críticos”, concluye Torrealba.

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