Amnistía Internacional emitió un informe este martes en el que denunció que en Venezuela continúan las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.

La ONG afirmó que en el transcurso del año ha recibido de nuevo noticias sobre ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por el cuerpo de seguridad Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo de élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). También señaló como responsables de estos abusos a la policía científica, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), reseñó El Nacional .

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“En la crisis continuada de derechos humanos que sufría Venezuela se recibieron de nuevo noticias sobre ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad a lo largo del año. Quienes criticaban las políticas del gobierno -como periodistas, profesionales de la salud y activistas de la política- eran objeto de medidas represivas que incluían la criminalización, los juicios injustos y la detención arbitraria”, señaló el informe.

El documento precisó que unas 2.000 personas murieron en Venezuela en medio de operativos de seguridad ocurridos entre el 1 de enero y septiembre de 2020. El estado occidental de Zulia fue el más afectado con 377 muertes violentas a manos de las fuerzas de seguridad aliadas al régimen.

En cuanto a las detenciones arbitrarias, Amnistía Internacional señaló que se registraron 413, de acuerdo a las cifras suministradas por la ONG venezolana Foro Penal, y advirtió que este tipo de detenciones aumentó durante la declaratoria de estado de alarma por parte del régimen, a partir de marzo de 2020.

Amnistía también señaló que en el contexto de la pandemia por COVID-19, al menos 12 profesionales de la salud fueron detenidos por criticar el manejo de la crisis sanitaria por parte del oficialismo.

“Se utilizó la pandemia del covid-19 para restringir la notificación de las detenciones, por lo que las familias de las personas recluidas se veían obligadas a depender de información no oficial sobre su paradero. Esta incertidumbre y la vulnerabilidad de quienes estaban en prisión se vieron agravadas por la suspensión de las actividades de los tribunales y del Ministerio Público dictada como parte de las medidas para contener la pandemia”, indicó el informe.

FUENTE: REDACCIÓN/EL NACIONAL

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