Una jueza de Andorra remitió a Venezuela una lista con los nombres de 35 personas a quienes está investigando el pequeño país europeo en una causa sobre una trama de corrupción que involucra a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y exaltos directivos de esa empresa.

Según la investigación de la jueza Canòlic Mingorance, varios expresidentes y altos ejecutivos de la petrolera venezolana, durante el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), depositaron 2.000 millones de euros en la Banca Privada d’ Andorra (BPA), dinero proveniente de presuntas comisiones ilegales.

Mingorance habría también solicitado a las autoridades venezolanas el organigrama de Pdvsa y de sus filiales.

La magistrada desea conocer los cargos, responsabilidades y competencias de las 35 personas incluidas en la lista que fue remitida a Venezuela.

De acuerdo a las pesquisas, los 2.000 millones de euros depositados en BPA provenían de “pagos de comisiones ilegales a través de Pdvsa y otras corporaciones públicas, como la Corporación Eléctrica S.A”, dijo Mingorance.

Mingorance afirma que los investigados “aprovechándose de su influencia en los círculos de poder, organizaron un sistema de comisiones en relación con los contratos públicos de la empresa PDVSA que comportaba que las empresas que accedían a las licitaciones se veían obligadas a contratar con su entramado para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando millones de euros los implicados por asesoramiento, a menudo verbal, en contrapartida por sus gestiones donde el pago era imprescindible para acceder a los mercados públicos de PDVSA y sus filiales”.

De acuerdo a la información, publicada por el diario El País, los presuntos pagos se habrían hecho entre los años 2007 y 2012. El dinero se movió a través de 37 cuentas bancarias a nombre de sociedades panameñas. Luego, el dinero salía de Andorra hacia Suiza o Belice.

Entre los investigados por la jueza están el exviceministro de Energía y Petróleo, Nervis Villalobos; el exviceministro de Energía y expresidente de Corpoelec, Javier Alvarado, y Diego Salazar, primo del exministro de Energía y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez.

Según el expediente de la jueza Mingorance, Villalobos manejó 11 sociedades panameñas en la BPA, en las que se movilizaron 1.347 millones de euros. Para ello, se usaron “facturas poco detalladas que se hacían entre ellas mismas”.

El entramado corrupto se ideó para “ocultar el origen y propietario de los fondos” y que con la excepción de una sociedad de nombre Trismas Foundation, el resto de las sociedades eran manejadas por un gestor del banco llamado Pablo Laplana.

Villalobos fue detenido en octubre de 2017 en Madrid, pero por una causa distinta que se sigue en EEUU, país que reclama su extradición. Villalobos también es investigado en España por presuntos sobornos de la firma asturiana Duro Felguera.

 

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