La salida a la crisis venezolana es electoral. Así lo han dejado en claro desde la Unión Europea hasta el National Security Council y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Para esto se necesita la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela.

La instancia debe ser “equilibrada y aceptable para todas las partes”, según un comunicado emitido por la cancillería de Canadá. En este comunicado, el Gobierno de Justin Trudeau ratificó que la restauración de la democracia en Venezuela debe ser a través de elecciones libres y justas y del respeto por los derechos humanos (…) Un nuevo CNE (…) sería un primer paso hacia este objetivo.

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Aunque en el proceso de conversaciones para escoger a los nuevos integrantes del árbitro electoral iniciado por el Parlamento designado, el pasado 6 de diciembre se han postulado destacados conocedores del proceso político y electoral venezolano como Roberto Picón, integrante de los equipos técnicos de la Mesa de Unidad Democrática y del Frente Amplio, Luis Lander director del Observatorio Electoral Venezolano o Griselda Colina directora del Observatorio Global de Democracia y Elecciones, la respuesta del Gobierno Interino encabezado por Juan Guiadó no ha cambiado.

Composición

Ante la designación de un nuevo CNE, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, electa en el año 2015, acordó ratificar “que el único ente que puede designar al CNE es la legítima Asamblea Nacional por tanto, se acuerda desconocer la autoridad de un supuesto Consejo Nacional Electoral designado por la espuria Asamblea Nacional, constituida a partir de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre de 2020”.

Adicionalmente los diputados integrantes de esta instancia acordaron reiterar “el compromiso de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela con la recuperación de la institucionalidad democrática y restablecimiento de garantías plenas reales”.

También solicitaron “a los Estados democráticos y a los organismos internacionales que mantengan su posición sobre la invalidez de los procesos convocados en Venezuela por un CNE designado inconstitucionalmente; y que, en consecuencia, continúen apoyando la búsqueda de una salida negociada, pacífica y democrática a la crisis venezolana”.

Esta postura fue respaldada por los partidos políticos que integran al Gobierno Interino, pero rechazada por las organizaciones de la sociedad civil (ONG) defensoras de los derechos humanos y políticos que participan en el proceso.

Según Mariela Ramírez, representante de la organización Dale Letra, instancia que busca promover acuerdos que permitan atender a los ciudadanos afectados por la emergencia humanitaria compleja que sufre el país.

Ramírez comenta que el grupo que mantiene el poder en Venezuela (en alusión a Nicolás Maduro y al Alto Mando Político y Militar del País) tiene una “oportunidad histórica para abrir el camino de regreso al Estado de derecho en Venezuela."

La integrante de Dale Letra mantiene que “alcanzar una negociación integral es una meta compartida por los venezolanos. Vemos en el nombramiento del CNE una oportunidad para abonar el camino para el entendimiento entre todos los sectores de la sociedad. Un paso inicial en un camino que es largo y difícil”.

Énfasis

Entretanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sostiene que el Parlamento, que también preside desde enero de 2019, “una y otra vez ha ratificado su disposición a lograr mecanismos de solución al conflicto venezolano. Ha sido la dictadura la que ha arrastrado a nuestro país a esta catástrofe humanitaria que hoy vemos reflejada en el dolor humano de nuestra gente”.

Guaidó es enfático en indicar que un árbitro “confiable es central, pero la dictadura sigue insistiendo en mecanismos que ya han sido rechazados por los venezolanos y la comunidad internacional. Venezuela necesita un acuerdo para salvarse como país. Vamos a continuar avanzando en lograr una solución urgente”.

Una postura similar expresa el diputado Freddy Guevara quien sostiene que en Venezuela “no hay condiciones electorales, la gente asiste a un proceso electoral pero su voto no cuenta (…)”.

Guevara plantea que el CNE que piensa designar la Asamblea Nacional designada estará conformada “por personas que no van a cumplir con los estándares de la Constitución y que solo servirá para profundizar la crisis que se debería resolver urgentemente.”

Una postura similar mantiene la diputada Delsa Solórzano quien mantiene que “no es cierto que haya candidatos a rector de la oposición. Ese show malo, pero muy caro, que usurpa la Asamblea Nacional, no es representante de la oposición, sino, por el contrario, se trata de oficialismo disfrazado, oposición a la medida del régimen, son una “oposición Vichy”.

Con el calificativo “Vichy”, Solórzano se refiere al gobierno colaboracionista que formó el general Henri Philippe Benoni Omer Pétain en Francia con los invasores nazis durante la II Guerra Mundial.

Sin embargo, la respuesta de las organizaciones de la sociedad civil -agrupadas en torno al llamado Foro Cívico- es, en esencia, similar a las exigencias de los partidos.

La principal diferencia -insalvable en este momento- es como políticos y sociedad civil creen que se pueden lograr elecciones libres, justas y verificables.

“Alcanzar una negociación integral es una meta compartida por los venezolanos. Vemos en el nombramiento del CNE una oportunidad para abonar el camino hacia el entendimiento entre todos los sectores de la sociedad. Un paso inicial en un camino que es largo y difícil”, esta postura de la sociedad civil no es respaldada por la clase política venezolana.

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