La tesis que evalúan en foros internacionales tiene su asidero en que el CNE se niega a publicar las actas y a reconocer al electo presidente de Venezuela
EL CNE proclamó a Nicolás Maduro bajo sin publicar actas, bajo la sombra del fraude.
CORTESÚA/REDESCARACAS.- A casi dos semanas de la elección presidencial del 28J, en Venezuela y en la comunidad internacional se posiciona con fuerza la presunción de que hubo fraude, es decir, que el CNE al servicio del régimen de Nicolás Maduro, escamoteó el triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo, y ubicó como ganador al gobernante.
Según el segundo boletín que el CNE hizo público cinco días más tarde del primer reporte oficial, el ente electoral favoreció a Maduro con el 51,95% de los sufragios escrutados (96,87%) y ubicó en desventaja de votos a González Urrutia a quien solo le reconocieron el 43,18%, del sufragio. Sin embargo, este resultado, tal y como lo manifestó de inmediato la reacción popular, no recogen la voluntad de los votantes.
¿Cuáles son las razones que imperan y sostienen que se consumó un fraude?
El CNE se niega a desvirtuar el fraude. El organismo electoral sigue sin hacer públicas las actas de votación –a pesar del plazo legal de dos días-. No fueron sometidas a auditoría, verificación ni totalización, como precisa la ley, antes de los resultados y la proclamación del candidato a la reelección.
La oposición unitaria que encabeza González Urrutia y la líder María Corina Machado mostró sus actas. Según las 24.532 actas, documentos más importantes del proceso electoral, que proporcionaron testigos acreditados y voluntarios, ahora perseguidos, González Urrutia es el ganador y Maduro, tras 13 años en el poder, habría perdido la elección.
Las actas que corresponderían al 81,7% del total, no solo se pueden verificar a través de un link de fácil acceso, sino que han sido evaluadas en el exterior.
Sin embargo, el “fraude electoral” se habría perfilado a lo largo de un proceso amañado y lleno de amenazas y obstáculos para la oposición, según analistas políticos que siguieron paso a paso su evolución.
15 marzo de 2024, el CNE publicó el cronograma electoral para las presidenciales, de manera inconsulta y sin publicar en Gaceta Electoral. Tres días después, sin informar a los electores, inició la jornada especial con 315 puntos de registro nacional e internacional. Para el referéndum consultivo sobre el Esequibo, el CNE instaló 500 puntos.
21 de marzo, fuerzas de seguridad del régimen detuvieron a dos miembros de Vente Venezuela, plataforma que encabeza María Corina Machado, con lo que aumentaron a ocho los dirigentes presos. Los aprehendidos fueron Henry Alviárez y Dignora Hernández.
El fiscal afín al régimen, Tarek William Saab, confirmó en sus redes las detenciones y orden de aprehensión a otros siete dirigentes del comando de Machado. Todos ellos lograron refugiarse en la embajada de Argentina en Venezuela y allí permanecen.
25 de marzo, el último día de postulaciones, la académica Corina Yoris, abanderada tras acuerdo de Machado y la Plataforma Democrática, denunció que las tarjetas de la MUD y de UNT, únicas habilitadas para postular, no habían podido ser ingresadas al sistema electoral. El CNE impidió a Yoris, quien representaba a Machado por estar inhabilitada, inscribir su candidatura a la presidencia.
26 de marzo, la Plataforma logró inscribir al diplomático Edmundo González Urrutia como candidato provisional a las elecciones, luego de que el CNE aceptó una prórroga. Con esta inscripción, fueron 13 los candidatos, incluido Maduro, aceptados por el CNE. De estos, 11 se identificaron como afines al chavismo.
Se conoció que el 18 de marzo, Luis Ratti, político afín a Maduro y después candidato, pidió en el Supremo la nulidad de la tarjeta de la MUD que postuló la candidatura de González.
16 de abril, de modo apresurado, el CNE cerró el padrón electoral y fijó la población de votantes en 21.3 millones. Cuantificó en el exterior 69.211, es decir 0,32% de los 107.000 a los que permitieron inscribirse para votar fuera de Venezuela. Migrantes no contaron con operativos para actualizar la dirección ni para registrarse en el plazo de un mes.
17 de junio, en otro episodio de detenciones arbitrarias, aprehendieron a dos jóvenes activistas de Vente Venezuela, luego de participar con Machado en una actividad política. A estos se sumaron otros tres activistas, uno de ellos periodista, que participaron con González en una concentración en La Guaira, en el norte de Venezuela.
La cifra de presos políticos durante la campaña electoral superó los 280, según el conteo de la ONG Foro Penal, y a 42 las víctimas de violencia político-electoral, reportadas por la Fundación Paz y Reconciliación.
19 de junio, a 38 días de las presidenciales, Jaime González, diputado suplente de la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez, integrante del PSUV, pidió en el Supremo la “suspensión temporal” de las elecciones.
17 de julio, Maduro afirmó que de no ganar la reelección, el país podría iniciar una revolución armada y “caer en un baño de sangre, en una guerra civil”. Con ello, inició una campaña electoral de intimidación y violencia.
Otros voceros del régimen, los diputados Rodríguez y Diosdado Cabello, así como el gobernador chavista Freddy Bernal amedrentaron a oficialistas con que se sabría por quién iban a votar.
26 de julio, dos días antes de la elección, el CNE “reubicó” 31 centros de votación en 13 estados. También hubo cambios en Madrid (España) y Bogotá (Colombia), con gran cantidad de venezolanos migrantes y exiliados.
28 de julio, día de la elección, las 30.026 mesas electorales iniciaron su apertura a las 6:00 am con normalidad, pero luego se reportaron retrasos, lentitud y fallas en las máquinas. Del total, 18 no pudieron instalarse.
Maduro, desde su centro de votación, conminó a sus seguidores a “la operación remate” que significó copar los centros para “convencer y vencer”.
En 22% de los centros de votación se observó la movilización de electores simpatizantes del oficialismo con recursos públicos, según reportes recogidos en un informe de la OEA.
Se impidió a testigos de la oposición incorporarse a 1.300 mesas de votación.
A las 6:00 pm, se inició el cierre de los 15.797 centros electorales y comenzaron las denuncias de irregularidades.
En más de 400 centros no se entregó actas de escrutinio a los testigos, e incluso en algunos casos fueron echados de los recintos, lo que violó la ley electoral.
Militares negaron a los testigos principales de oposición ante la Junta Nacional del CNE el ingreso a la sede del órgano electoral para presenciar el proceso.
La transmisión de datos se detuvo de repente, sin causa aparente, cerca de las 9:00 pm, según reportes de centros de votación. El CNE “hizo aparecer” 40% más de mesas que no habían transmitido desde los centros de votación, según datos registrados en el informe.
El conteo de votos manuales en centros en zonas populares de Caracas y el interior fue “protegido” por militares.
Grupos violentos seguidores del régimen hostigaron a testigos y ciudadanos en centros de votación. También encapuchados se llevaron cajas de votación, según denuncias por redes.
A las 12:07 am Amoroso leyó el primer boletín oficial. Especialistas detectaron “errores aritméticos”. Las actas no se imprimieron en la sala de totalización ni en presencia de testigos, denunció el candidato Enrique Márquez.
FUENTE: Con información de redes, Diario Las Américas
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