El presidente de la constructora brasileña OAS, Elmar Juan Passos Varjao, y otros empresarios fueron arrestados este vienes por sus presuntos nexos con los fraudes cometidos en el polémico proyecto de trasvase del río Sao Francisco, informaron medios locales.
Las detenciones preventivas de Passos y de ejecutivos de las empresas Coesa, Barbosa Mello y Galvao Engenharia ocurrieron en el marco de un operativo de la policía federal que detectó la existencia de sobrevaloración de contratos y desvíos de fondos en la que es considerada la mayor obra de infraestructura para abastecimiento de agua de la historia de Brasil.
Varios empresarios de OAS y Galvao Engenharia están arrestados hace meses por sus vínculos con el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras.
También los propietarios de las empresas que habrían sido usadas de fachada para desviar 200 millones de reales (unos 52,6 millones de dólares) de las obras del río Sao Francisco están vinculados a la trama ilegal en Petrobras.
Se trata de las empresas MO Consultora, que pertenece al empresario Alberto Youssef, y Legend Engenheiros Associados, cuyo dueño es Adir Assad. Ambos están encarcelados por el caso Petrobras.
La policía sospecha que hay políticos involucrados en el esquema de corrupción en el río Sao Francisco, de la misma manera que los hay en Petrobras.
"Todo indica, por el contexto del grupo de Yousseff, que ese dinero (desviado) fue destinado a políticos", dijo el coordinador del operativo policial, Felipe Leal.
Agregó que existen además "fuertes indicios" de que fue sobrevalorada toda la obra de transposición del río, y no solo la parte que le correspondía al consorcio formado por estas cuatro empresas.
Según Leal, hay indicios además de que los fraudes eran cometidos en función de las necesidades de quienes los perpetraban de obtener dinero ilícito.
"Había fraudes que dependían de la necesidad. Se aumentaba el volumen de tierra retirada, al menos en el papel, pero en realidad no existía ese aumento de hecho. Eso será objeto de peritaje", ejemplificó.
El objetivo del proyecto de desviar las aguas del caudaloso río, de unos 2.800 kilómetros de extensión, es que éstas alimenten a través de canales a otros ríos menores de regiones áridas, y así suplir la falta de agua que afecta de manera dramática a la región noreste del país, la tercera mayor de Brasil.
Según informó este viernes el diario "Folha de Sao Paulo", el valor de los contratos investigados ronda los 680 millones de reales (unos 179 millones de dólares).
Las obras en el que es considerado el "río de la integración nacional", por la cantidad de estados que recorre, comenzaron en 2006, durante el Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y son financiadas por el Gobierno central.
Según datos oficiales citados por la agencia oficial de noticias ABR, más de 12 millones de personas se verán beneficiadas al término de las obras, cuya finalización está prevista para 2017. El costo total del proyecto asciende a 8.200 millones de reales.
Pese a los beneficios alegados por el Gobierno, ambientalistas, indígenas y grupos sociales de diversa índole se han manifestado en contra del emprendimiento, por considerar que el mismo arrasará con el ecosistema del río y sus márgenes y las regiones abarcadas por las obras.
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