El letrado renunció a un doctorado Honoris Causa del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos ante la reacción de un alto ejecutivo, tras su denuncia
El abogado cubano Sergio Osmín Fernández Palacios
CORTESÍA SOFPMIAMI. - La publicación de un artículo que documenta una supuesta operación de lavado de activos, que involucra a familiares del fallecido dictador Fidel Castro, podría haber sido la causa de que el abogado cubano Sergio Fernández Palacios fuera eliminado de las plataformas digitales del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos (IIIDDH).
Según explicó Fernández Palacios, su expulsión se produjo el 7 de mayo tras publicar en un grupo de WhatsApp de esa institución un escrito relacionado con el ‘Caso 14.226 contra Cuba’ ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que figuran Alejandro Castro Soto del Valle, hijo de Fidel Castro, y José Antonio Fraga Castro, hijo de Ángela Castro Ruz, una de las hermanas de Raul y Fidel Castro.
“Sin ofrecer una explicación clara”, alega Fernández Palacios, [un alto ejecutivo del IIIDDH], primero me eliminó del grupo de WhatsApp y posteriormente de todas las plataformas digitales, incluso de sus propias cuentas en redes sociales, donde ahora aparezco como ‘bloqueado’ y añade que como argumento para esta acción, "Solo habló de ‘conflicto de intereses’”.
“La abrupta decisión” condujo a Fernández Palacios a renunciar a su Doctorado Honoris Causa en Derechos Humanos anunciado en diciembre por ese instituto que se relaciona con la Organización de Estados Americanos (OEA) y la CIDH.
DIARIO LAS AMÉRICAS contactó al presidente del IIIDDH, Sergio Arellano Rabiela, quien sobre la denuncia del abogado cubano dijo que "nos desligamos de cualquier tema con el Sr. Fernández Palacios, ya que dejó de pertenecer a nuestro instituto, siendo excluido por así convenir a los intereses de una organización académica y de investigación y sin tintes políticos, como se pretende manifestar equivocadamente".
El ‘Caso 14.226 contra Cuba’, presentado por el abogado hace ocho años, se centra en una supuesta actividad criminal desarrollada entre los años 2012 y 2017 a través de la empresa cubana LABIOFAM, S.A. y las embajadas del régimen cubano en Rumanía y Serbia, “con la participación de un grupo de crimen organizado liderado por el empresario rumano Ovidiu Tender”, según se lee en la demanda.
La situación ha reavivado las acusaciones de corrupción dentro del régimen cubano, particularmente en relación con la familia Castro, en un caso que lleva casi una década sin resolución.
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