domingo 29  de  enero 2023
AMÉRICA LATINA

Bolivia, en medio de una encrucijada intervencionista

La detención del gobernador de Santa Cruz pudiera estar ligada a pedidos del gobierno cubano, que mantiene su injerencia en los asuntos bolivianos, y el temor por el aumento de la oposición en el país andino

Por MARTÍN AROSTEGUI

Con las miradas del mundo puestas sobre el supuesto golpe derechista en Brasil, el gobierno de Bolivia se mueve hacia una dictadura izquierdista, arrestando a su más importante líder conservador en una maniobra evidentemente promovida por Cuba y Venezuela.

En medio de las navidades, el presidente boliviano Luis Arce ordenó la violenta captura del gobernador del departamento oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, un anticomunista acérrimo quien promovió la ruptura con Cuba cuando participó en el cese del presidente izquierdista Evo Morales.

Camacho encabezaba una resistencia regional contra la expansión de cultivos de coca en su departamento, que fue promovido por sindicatos cocaleros afines al gobierno central del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Agentes encapuchados, hablando con acento caribeño según algunos informes, emboscaron su todoterreno, rompieron los cristales del coche para maniatar y llevarlo por helicóptero a una prisión de alta seguridad en la capital altiplánica de La Paz.

Su detención, bajo supuestos cargos de ‘terrorismo’, por actos que ocurrieron hace años y que deben haber prescrito en la opinión de sus abogados, tuvo lugar una semana después de que Arce volviese de su primera visita oficial a La Habana, donde participó en una reunión de la agrupación Alternativa Bolivariana de las Americas (ALBA), cuyos principales miembros son Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Arce mantuvo largas reuniones con el gobernante cubano Miguel Díaz Canel y ambos emitieron declaraciones conjuntas sobre cómo “estrechar relaciones” entre ambos gobiernos.

Bolivia fue miembro fundador del ALBA durante la anterior administración de Evo Morales, pero abandonó el grupo durante un periodo de gobierno conservador en 2019.

El país andino se mantuvo alejado del grupo, aun después de la renovada victoria electoral del MAS en 2020, cuando Arce, considerado más moderado que su antecesor Morales subió a la presidencia.

Siendo un economista entrenado en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, Arce ejerció como ministro de Economía durante el gobierno de Morales, y así ganó fama de tecnócrata.

El Wall Street Journal le rindió crédito por moderar algunas de las políticas socialistas del MAS, aun durante controvertidas nacionalizaciones de intereses extranjeros cuando logró colocar el primer fondo soberano de Bolivia en la bolsa de Nueva York. Había razón para pensar que navegaría un curso centrista con otros gobiernos de talante social demócrata en Colombia, Chile, Argentina y Uruguay.

Pero presiones políticas internas, la expansión del tráfico de cocaína que complican sus relaciones con EEUU y una coyuntura internacional fortaleciendo la izquierda autoritaria, afianzada por la creciente influencia económica de China, parece haberle llevado a dar un brusco giro en dirección a La Habana.

“Arce estaba perdiendo apoyo político y expuesto a ser desafiado por Morales en las próximas elecciones” declaró el abogado internacional Christian Barrientos, quien enseña derecho en la Universidad Privada de Santa Cruz.

“Sería de esperar que los dirigentes de Cuba y Venezuela hubiesen insistido en medidas duras para desmantelar la oposición derechista atrincherada en la zona tradicionalmente católica conservadora de oriente, que contiene mucha riqueza agrícola y gasífera, a cambio de afianzar su liderazgo del MAS”, dice Barrientos.

No sería la primera vez que un gobierno de MAS encarcele lideres del oriente en el país. En 2008, Morales arrestó al gobernador de la provincia de Pando, después de una escaramuza en la que militares venezolanos fueron identificados entre las bajas.

Los cargos contra Camacho se basan en sus actuaciones durante un supuesto ‘golpe de estado’ en las elecciones del 2019, cuando serias acusaciones de fraude electoral del grupo MAS, para asegurar un tercer mandato a Morales, que fueron investigados y avalados por la OEA y la corte suprema nacional, llevaron al ejército a pedir la dimisión presidencial.

Camacho lideró las protestas ante los cuarteles e instó a los militares a actuar. Colaboró activamente con el gobierno provisional, que estuvo formado por la entonces presidenta del Senado Jeanine Añez, que expuso agentes cubanos y venezolanos, cientos de los cuales fueron expulsados del país.

Cuando Arce compareció con Diaz Canel ante las cámaras en La Habana, el 15 de diciembre, dio prolongadas disculpas por el supuesto mal trato que tuvieron los médicos cubanos, cuyo regreso fue planteado por dirigentes de MAS, después del encarcelamiento de la expresidenta Yañez el año pasado.

El Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública declaró años atrás que la actividad de los médicos cubanos consistía más “en adoctrinamiento político y la realización de trabajos secretos para el régimen de Cuba". El colegio de médicos de La Paz presentó una carta al ministerio de Salud en la que calificó el regreso de “mala idea”.

Dirigentes de MAS afirman que médicos cubanos han realizado gran número de operaciones quirúrgicas en comunidades marginales, curando miles de casos de cataratas.

Pero un informe realizado por el gobierno de Yañez en 2019 aseguró que de los más de 700 agentes cubanos expulsados de Bolivia solo 250 eran médicos. Según fuentes del Departamento de Estado de EEUU, un grupo del servicio de inteligencia militar cubana G-2 trabajaba directamente con el despacho presidencial de Morales.

Dirigentes de MAS, controlados por la Embajada de Cuba en La Paz, alcanzaron posiciones claves en empresas estatales como la minera COMIBOL, desde donde tomaron control de sindicatos y allanando el terreno para que empresas China se adjudicaran vastas reservas de litio y otros minerales estratégicos mediante una serie de contratos firmados con Morales y Arce.

Proyectos de infraestructura financiados con préstamos Chinos, rondando los 3.000 millones de dólares, incluyen un moderno aeropuerto en la zona cocalera del Chapare donde aterrizó el helicóptero Puma, donado por Venezuela, llevando a Camacho para su transbordo a un vuelo militar a prisión el pasado 28 de diciembre. No podían utilizar el aeropuerto de Santa Cruz porque estaba tomado por manifestantes.

China suministra tanquetas, gases lacrimógenos y material antidisturbios para contener las crecientes protestas, según fuentes de inteligencia estadounidense.

También se teme la posible introducción de tecnología china para control del internet, vigilancia electrónica y ciberespacio, homologables con sistemas ya instalados en Cuba y Venezuela.

Una aeronave MD-83, con matrícula YV3445 de una compañía especial chárter, utilizada para misiones de seguridad por el gobierno venezolano, aterrizó en Santa Cruz a finales de diciembre, según el servicio de información digital Bunker, que se especializa en el seguimiento de vuelos no regulares. Sectores de la oposición especulan que venía cargado con equipos para uso policiaco.

Algunos analistas en Washington critican el aparente silencio del Departamento de Estado y de las cancillerías europeas. “Una falta de reacción en Occidente podría envalentonar a regímenes izquierdistas en su afán de criminalizar sus opositores y actuar con impunidad”, comentó el profesor Evan Ellis, especialista en asuntos Latino Americanos del US Army War College.

Un parlamentario español, del partido derechista Vox, se desplazó a Bolivia para informarse sobre la situación de Camacho. Arce lo acusó de “injerencia”.

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