La gente grita consignas contra el presidente de Chile, Gabriel Boric, durante una protesta convocada tras el asesinato del policía Daniel Palma, en la plaza Baquedano de Santiago, Chile.
AP/Esteban FélixSANTIAGO DE CHILE.- La oposición de Chile solicitó al gobierno del presidente Gabriel Boric la expulsión de los inmigrantes indocumentados del país y la tipificación de la entrada irregular al territorio chileno como un delito.
El secretario general del centroderechista Partido Renovación Nacional, Diego Schalper, acudió a la sede de gobierno para presentar una carta dirigida al mandatario en la que pide que se tramite con urgencia un proyecto de ley que tipifique la inmigración ilegal como un delito. Según Schalper, se necesita "una mayor acción punitiva" del Estado frente al ingreso clandestino.
El líder del conservador Partido Republicano, José Antonio Kast, también se unió a esta solicitud y pidió la designación de un ministro especial que coordine entidades gubernamentales para identificar a extranjeros que no cuenten con los documentos necesarios para permanecer en el país y expulsarlos. Kast sugirió la creación de residencias especiales para los inmigrantes irregulares "hasta que sean expulsados".
Chile ha experimentado un intenso flujo migratorio en los últimos años, pero el número de inmigrantes irregulares ha disminuido en un 55% desde que el presidente Boric desplegó un contingente militar en la frontera chilena con Perú y Bolivia para frenar la llegada de extranjeros irregulares a principios de este año.
El proyecto de ley que tipifica la inmigración ilegal como un delito se encuentra actualmente estancado en una comisión de diputados, y la oposición está instando al gobierno a actuar con urgencia para abordar esta situación.
El gobierno chileno y los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado chileno anunciaron el viernes un acuerdo político transversal para desarrollar 31 propuestas legislativas con medidas de refuerzo en seguridad, control fronterizo, expulsión de migrantes que cometan delitos o persecución de las rutas de dinero del crimen organizado.
El gabinete de Boric representado por su ministra del Interior, Carolina Tohá, junto con Vlado Mirosevic, titular del Congreso, y, Juan Antonio Coloma, del Senado chileno promovieron una batería de leyes que implican desde pequeñas reformas a grandes proyectos legislativos.
El acuerdo político transversal cuenta con personas del oficialismo y de la oposición y trata el desafío “del problema del crimen violento que hoy está presente en muchos territorios de nuestro país”, señaló Tohá, afirmando que el gobierno le da “el mayor valor” al acuerdo logrado.
Entre las materias a tratar, plantean leyes para acelerar los procesos administrativos de expulsión de inmigrantes que cometan delitos, para una persecución penal más fuerte a reincidentes en delitos graves, para el control de identidad a personas en zonas fronterizas, así como para la creación de fiscalías especializadas en homicidios más complejos y de una defensoría de las víctimas.
También incluyen en sus planes una ley de delitos económicos, una ley anticelulares en las cárceles, proyectos de inteligencia financiera y para perseguir las rutas del dinero de las bandas de crimen organizado, entre otros.
Las propuestas incluyen varios tramos legislativos, de próxima aprobación, en un plazo de 75 o 150 días o de aquí a final de año.
“Chile lo necesita”, reiteró Coloma, afirmando que lo que buscan los ciudadanos es un acuerdo “para recuperar la seguridad” en el país.
En los próximos 75 días, se abordarán proyectos de ciberseguridad e infraestructura crítica de la información, delito de contrabando, sanciones a la usurpación, un proyecto para añadir formas alternativas de notificación en los procesos de expulsión a extranjeros, mayores exigencias para la libertad condicional o la obligatoriedad de realizar registros audiovisuales de las actuaciones policiales en procedimiento penal.
Las estadísticas oficiales indican que durante el año pasado la delincuencia creció un 44% en comparación con 2021, incluidos los homicidios y robos con violencia o con sorpresa.
El gobierno ha dispuesto una serie de acciones que incluyen un aporte extraordinario de 1.500 millones de dólares para reforzar la seguridad policial en sus operativos e implementos y adelantó para este mes intervenciones policiales en las 30 barriadas con mayores cifras de delitos graves, una cifra que podría ampliarse en las próximas semanas, según lo anunciado por Tohá.
FUENTE: Con información de AP
Descarga LA APP