La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó las recientes decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el régimen de Nicolás Maduro, referidas al nombramiento de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Entre sus argumentos, la CIDH resalta que la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela es el órgano facultado constitucionalmente para designar a los árbitros del Poder Electoral, por lo que considera que las sentencias emanadas del tribunal "chavista" "atentan contra la institucionalidad democrática en perjuicio de las libertades fundamentales y los derechos humanos", señaló la CIDH, que insta a las autoridades a "que se retomen los mecanismos constitucionales para el restablecimiento del Estado de Derecho".

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"Resulta especialmente preocupante que el TSJ, en lugar de ser el garante de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes del Estado, haya proferido en las últimas semanas decisiones que desconocen mandatos constitucionales en cabeza de la Asamblea Nacional, desestiman los procesos democráticos internos de dos partidos políticos de oposición y siembran desconfianza en las reglas de juego democráticas de cara a una eventual elección parlamentaria", indicó el organismo.

Asimismo, la CIDH condenó las decisiones del TSJ en contra de las directivas de los partidos opositores Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ) en Venezuela.

Exhortó la CIDH a que una solución en la nación caribeña debe ser "de manera pacífica" y constitucional, "con pleno respeto de las libertades fundamentales (expresión, reunión y asociación) y de los derechos humanos.

El TSJ de Maduro anunció el 12 de junio la designación de Indira Alfonzo como presidenta del CNE en Venezuela. Junto a Alfonzo también se designó al resto de rectores principales y suplentes, tras declarar "la omisión inconstitucional, por parte de la Asamblea Nacional en desacato, en la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral" y ordenó por ello "asumir el desarrollo normativo al CNE" impuesto por el régimen.

FUENTE: REDACCIÓN

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