CARACAS.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su preocupación ante la magnitud de la emergencia humanitaria en Venezuela tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio y urgen al Estado a garantizar información pública, oportuna, accesible y verificable sobre la situación actual y las acciones de respuesta.
En un comunicado publicado este 28 de julio, expresan que la catástrofe natural ocurrió en un contexto preexistente de ausencia de Estado de Derecho y de emergencia humanitaria caracterizado por el deterioro sostenido de la democracia, limitaciones de los derechos humanos, patrones de represión, crisis económica y deficiencia en los servicios básicos. En este contexto, afirman, la capacidad de respuesta estatal es limitada.
Destacaron que existen: fallas en el sistema hospitalario, dificultades en el acceso al agua potable, necesidad urgente de atención en salud mental y apoyo psicosocial ante los impactos individuales y colectivos derivados del desastre.
En relación con los escombros de los edificios desplomados, subrayan que persisten las limitaciones en su remoción, identificación de personas fallecidas, entrega de restos a sus familiares y gestión digna de los cuerpos.
También, ponen de relieve la sobrecarga de las morgues y servicios forenses, así como barreras económicas para el acceso a servicios funerarios. Y el grave problema por el aumento de personas desplazadas por la pérdida de sus viviendas y los riesgos de desplazamiento interno hacia otras zonas del país.
Alertan sobre posibles traslados no voluntarios de personas afectadas por la emergencia a otros estados y falta de información pública sobre los protocolos aplicables al traslado y reubicación de personas damnificadas en albergues temporales.
Las demandas de la CIDH
- Establecer mecanismos adecuados de registro, información y acompañamiento para las personas afectadas.
- Facilitar la reposición de documentación personal perdida a consecuencia del desastre y garantizar que cualquier medida de traslado, reubicación o retorno sea voluntaria, informada, segura y digna, con pleno respeto de la unidad familiar.
- Garantizar información pública, oportuna, accesible y verificable sobre la magnitud de la emergencia y las acciones de respuesta.
- Garantizar el acceso efectivo a salud, agua potable, saneamiento, alimentación, vivienda y otros servicios esenciales, tanto en las comunidades afectadas como en los albergues temporales.
- Ofrecer especial atención a las personas y grupos en situación de mayor vulnerabilidad: niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas o con necesidades continuas de atención en salud, así como personas privadas de libertad.
- Implementar todas las medidas necesarias, incluyendo la cooperación internacional, para asegurar una gestión digna de los cuerpos.
- Garantizar procesos adecuados de búsqueda, recuperación, identificación, entrega y tratamiento de las personas fallecidas, con respeto a sus familiares y a las prácticas culturales y religiosas de las comunidades.
Sin información oficial
El presidente de la Asamblea nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, que fungió como encargado de dar a conocer las cifras oficiales sobre las personas fallecidas, las heridas, así como el número de damnificados, desde el 24 de julio, cuando se cumplió un mes del doblete sísmico, no ha suministrado más información.
Hasta ese día se contabilizaron 5,536 víctimas mortales, mientras que 16,740 heridos y 6,462 personas rescatadas.
El régimen nunca ha dado a conocer, el número de personas desaparecidas por esta tragedia que asoló a Venezuela. Registros de particulares ubican esta cifra entre 40,000 y 50,000 personas.
FUENTE: Con información de Tal Cual/El Nacional