La fiscalía restableció las medidas judiciales contra los miembros de tres estructuras luego de que el gobierno colombiano pusiera fin a los procesos de negociación
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AFP
Miembros del grupo disidente de las FARC Segunda Marquetalia marchan en una finca en Llorente, una zona rural de la ciudad portuaria de Tumaco, departamento de Nariño, Colombia, el 31 de agosto de 2024.
AFP/ArchivoBOGOTÁ.– La Fiscalía General de Colombia reactivó este martes las órdenes de captura contra 46 integrantes de tres organizaciones armadas ilegales, luego de que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella decidiera poner fin a los procesos de diálogo que estas estructuras mantenían con el Estado.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 0263 de 2026 y afecta a 27 integrantes del denominado Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), 13 miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y seis integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Entre los afectados se encuentran varios de los principales dirigentes de estas organizaciones, incluido Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, uno de los jefes de las disidencias de las FARC que participó en los acercamientos con el Estado durante la administración del izquierdista Gustavo Petro.
Las órdenes de captura habían sido suspendidas temporalmente mientras los integrantes de estas estructuras contaban con reconocimiento oficial como voceros en las mesas de negociación. Esa condición les permitía participar en los procesos de diálogo sin que las órdenes fueran ejecutadas durante el desarrollo de las conversaciones.
Con la decisión del nuevo Gobierno de terminar los procesos y retirar el reconocimiento a los negociadores, la fiscalía determinó que desaparecieron las condiciones que justificaban mantener suspendidas las órdenes judiciales.
La reactivación implica que los organismos de seguridad colombianos vuelven a tener vía libre para ejecutar las órdenes contra los integrantes incluidos en la resolución, siempre dentro de los procedimientos establecidos por la justicia.
La decisión representa un cambio frente a la estrategia de “paz total” impulsada por el expresidente Gustavo Petro. Durante su administración se instalaron mesas con distintas organizaciones, entre ellas estructuras disidentes de las antiguas FARC, grupos vinculados al denominado Ejército de Liberación Nacional y organizaciones criminales con presencia en diferentes regiones del país.
Sin embargo, varias de esas negociaciones enfrentaron dificultades por el incremento de las acciones armadas, disputas territoriales y cuestionamientos sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por los grupos participantes.
El Gobierno de De la Espriella decidió cerrar los procesos con el EMBF, la CNEB y las ACSN, al considerar que no existían condiciones suficientes para mantener unas negociaciones que, según su postura, no estaban conduciendo a una paz efectiva ni a un sometimiento real a la justicia.
Con la reactivación de las órdenes, los dirigentes que hasta ahora habían contado con la suspensión temporal de las medidas judiciales vuelven a quedar bajo el alcance de las autoridades.
El nuevo escenario marca así el cierre de una de las principales herramientas jurídicas utilizadas durante las negociaciones y confirma el giro de la política de seguridad del nuevo Gobierno colombiano, que optó por abandonar estos procesos y restablecer las acciones judiciales contra los cabecillas de las organizaciones que no avanzaron hacia un acuerdo efectivo con el Estado.
FUENTE: Con información de EFE/El Colombiano/Forbes Colombia/Redes Sociales
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