El debate en Colombia gira alrededor de una pregunta: ¿cómo llegar a la paz? A juicio del Gobierno, el camino es “ceder” ante las pretensiones de los violentos. Pero para otros, concederle impunidad a los violentos y premiarlos con representación política, no contribuye a la paz
El presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño (2d), alias “Timochenko”, se dieron la mano junto al presidente de Cuba, Raúl Castro, el pasado 23 de septiembre de 2015, en La Habana. (EFE)
MIAMI.-DANIEL CASTROPÉ
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@danielcastrope
Nunca en Colombia se había estado tan cerca de alcanzar la paz con las FARC como en el período de Juan Manuel Santos, según lo reconocen expertos en seguridad, pero tampoco el país había mostrado tanta polarización alrededor de esa posibilidad: por un lado el Gobierno defiende el acuerdo negociado en La Habana con la guerrilla más vieja del Continente, mientras que por otro la oposición, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, considera nocivo ese proceso.
Por el momento, en lo único que hay consenso entre las partes es que la firma del acuerdo de paz representa un importante desafío para el futuro del país. A partir de ese punto, las dos vertientes se distancian gradualmente, agriando el discurso en la manera como cada una idealiza la conquista de ese clima de tranquilidad que anhelan los colombianos, por encima de colores o partidos políticos.
El debate en Colombia gira alrededor de una pregunta: ¿cómo llegar a la paz? A juicio del Gobierno, el camino es “ceder” ante las pretensiones de los violentos. Sin embargo, los opositores a esta forma de lograr la armonía entre los actores en conflicto consideran que concederle impunidad a los violentos y premiarlos con representación política, no contribuye a la paz.
En busca de la paz
El Gobierno colombiano y las FARC negocian en La Habana, Cuba, un acuerdo que permita ponerle fin a un conflicto armado de más de 50 años y que le ha costado la vida a 220.000 personas, ha dejado unas 7 millones de víctimas, un 62% de su territorio afectado por minas antipersona y daños incalculables al medio ambiente por la tala masiva de árboles para el cultivo de coca.
Desde que arrancaron las negociaciones en la isla caribeña, el pasado 19 de noviembre del 2012, en la “Mesa de La Habana” se debaten 5 puntos básicos: reforma agraria, abandono de las armas, participación política de exinsurgentes, narcotráfico y reparación a las víctimas.
Después de más tres años de intensas negociaciones, existía una natural expectativa por la posibilidad de que el Gobierno y las FARC pudieran, como lo habían anunciado en septiembre pasado, suscribir un acuerdo final de paz el 23 de marzo próximo.
No obstante, ese “momento para la posteridad” quedó “postergado” como consecuencia de que en las conversaciones bilaterales aún no se había alcanzado la totalidad de los consensos que se requieren respecto a los temas sujetos a discusión.
Pero el jueves pasado, las negociaciones con la guerrilla tomaron un rumbo que podría llevar a un acuerdo definitivo, acorde con el pensamiento del Gobierno.
“Blindaje” para la paz
Tras cinco décadas de enfrentamientos que dejan millones de víctimas entre muertos, desplazados y heridos, las FARC dijeron que el compromiso sobre “garantías jurídicas”, logrado la semana pasada, acerca a las partes al “acuerdo final”.
De tal suerte, el convenio anunciado permitiría incorporar a la Constitución colombiana el negociado acuerdo de paz con las FARC, a través de la inserción de un nuevo artículo que podría surgir de un plebiscito, y lo ajusta a las normas del Derecho Internacional Humanitario, mediante un trámite que el Congreso debe iniciar en breve.
Así las cosas, cuando eventualmente se firme la paz, ese acuerdo definitivo tendría la consideración de “Acuerdo Especial”, figura prevista en las Convenciones de Ginebra de 1949 y que “convertirá lo acordado en norma de obligatorio cumplimiento”, de acuerdo con el derecho internacional, según dijeron las mismas FARC en un comunicado.
En teoría, lo pactado no podrá ser incumplido ni modificado porque quedará plasmado en la Carta Magna, acogiendo las exigencias de la guerrilla para dar el paso definitivo hacia su desarme y transformación en partido político.
Asimismo, este nuevo paso hacia la paz allanaría el camino para el entendimiento en los dos últimos puntos actualmente en discusión: el cese bilateral y definitivo del fuego, que conduciría a la dejación de armas por parte del grupo insurgente y, de igual manera, a un mecanismo para refrendar los acuerdos.
Sin embargo, las FARC no aclararon el método de consulta que están dispuestas a apoyar, tras mostrarse reticentes por años a los planes del Gobierno de someter a plebiscito los acuerdos de paz.
Oposición con resistencia civil
Por otra vía avanza la oposición liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien considera que la paz con las FARC debe negociarse de otra manera, sin “dar tantas concesiones a ese grupo narcoterrorista”.
Seguro de que su postura es la más “conveniente para la institucionalidad del país”, con un apoyo significativo en Colombia y especialmente en el exterior, Uribe hizo un llamado a los colombianos para desplegar una “resistencia civil” en rechazo a las “prebendas” que tendría la guerrilla al firmar la paz con el Gobierno del presidente Santos.
Uribe, acompañado de voces representativas de su movimiento político Centro Democrático, considera que el Gobierno ha acordado con el grupo de las FARC un cambio a la Constitución, “dándole un golpe de Estado a la democracia para garantizarle total impunidad al cartel de cocaína más grande del mundo”.
El expresidente colombiano, quien recientemente estuvo en Miami como invitado especial a la cumbre Concordia de las Américas, insistió en que “lo que está pasando con las FARC no va a agregarle mejoramiento a nuestra democracia, sino destrucción, y justamente a eso es que debemos oponernos y por eso hemos venido proponiendo a los colombianos que compartamos esas preocupaciones con una resistencia civil pública, pacífica, argumentada y persistente”.
De igual manera, Uribe se muestra en desacuerdo con la posibilidad de elevar a plebiscito el acuerdo de paz con las FARC, mecanismo instituido con la Constitución de 1991, bajo el argumento de que con solo el 13% de la población (alrededor de 4.5 millones de votos) un asunto de tanto interés puede convertirse en un mandato de obligatorio cumplimiento.
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