Expertos estiman que PDVSA va a tener que vender su petróleo en el mercado negro con todas las dificultades de descuentos y cobro
Vista de una planta de refinación petrolera de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui, Venezuela, el 4 de noviembre de 2021.
AFP
WASHINGTON.- EEUU reimpuso sanciones a la industria petrolera y gasífera de Venezuela como respuesta al "retroceso democrático" en el país caribeño, debido a que el régimen de Nicolás Maduro impidió que líderes opositores se postularan para las elecciones presidenciales de julio, lo que Washington tomó como incumplimiento al Acuerdo de Barbados, suscrito con la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal alianza opositora.
El Departamento del Tesoro informó que no renovaría la licencia general 44, la cual venció en la media noche del miércoles, la cual permitía la comercialización de petróleo y gas a Venezuela. En su lugar, se anunció la 44A, que permitirá a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) culminar las transacciones que tenga pendientes con socios extranjeros antes del 31 de mayo.
La no renovación de la licencia general 44 es hoy un hecho, aunque a partir de este jueves comenzó a regir un plazo de gracia de 45 días establecido por el Departamento del Tesoro de EEUU para que las empresas que están operando en Venezuela, junto con la estatal de este país PDVSA, cierren sus operaciones, según el anuncio de ayer del Tesoro estadounidense.
No obstante, EEUU cerró la puerta, pero dejó "ventanas abiertas", según indicó Leonardo Vera, presidente de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela.
La licencia 44A, que entró en vigor a partir de hoy, incluye un apartado que permite a las empresas que deseen trabajar con Venezuela solicitar licencias específicas, como la que tiene Chevron. "Son las ventanas que quedan abiertas", señaló Vera.
Repsol y otras empresas europeas como la francesa Maurel & Prom ya "habían pedido licencias individuales", adelantó Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker, en la Universidad de Rice, Texas.
Y "esa señalización de Estados Unidos puede implicar que se aprobarían", siguió el experto, que descarta "un retorno a la política de sanciones previa".
Washington de hecho asomó que puede cambiar la medida si ve cambios significativos en la organización de las presidenciales. "No debe verse como una decisión final en la que ya no creemos que Venezuela pueda celebrar elecciones competitivas e inclusivas", dijo el miércoles un funcionario estadounidense que pidió el anonimato en rueda de prensa telefónica.
Venezuela produce más 900.000 barriles diarios (bd) y aspira cerrar el año en 1.2 millones bd, según el presidente de PDVSA y ministro de Petróleo, Pedro Tellechea.
Monaldi señaló que el impacto en la producción puede ser menor, pues el grueso proviene de la operación de Chevron. Pero destacó que el riesgo está en los ingresos.
La licencia 44A "es mucho más específica y discrecional" y "si no hay empresas que obtengan licencias para comprarle, PDVSA va a tener que vender en el mercado negro con todas las dificultades de descuentos y cobro".
Tellechea dijo que harán las "mediciones correspondientes", pero es tajante en no volver a políticas que abrieron la puerta a la corrupción e insistió en vender a precio internacional.
EEUU impuso un embargo petrolero a Venezuela en 2019 tras desconocer la reelección de Maduro en los comicios de 2018. Desde entonces, la Casa Blanca otorgó licencias para operar en el país caribeño, como la de Chevron, que aún está vigente.
En octubre pasado, tras la firma del Acuerdo de Barbados, en el que el régimen se comprometió a garantizar unas elecciones limpias y transparentes, Washington levantó parcialmente el embargo bajo la condición de que hubiese avances democráticos en torno a la organización de las presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro aspira a un tercer mandato.
Sin embargo, el régimen de Maduro insiste en cercenar los derechos políticos de la oposición. En enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la inhabilitación política a la opositora María Corina Machado, quien tiene oportunidades de ganar las presidenciales. De acuerdo a la medida, Machado no puede ejercer cargos de elección popular por 15 años, contados a partir de junio de 2023. Dicha prohibición es ilegal, según expertos y la propia oposición.
A finales de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), de tendencia chavista, abrió el plazo para que los partidos políticos y aspirantes registraran sus postulaciones. Ante la imposibilidad de inscribirse, Machado designó a una sustituta de su confianza, Corina Yoris, que tampoco pudo hacer su postulación por un veto que le impuso el régimen.
Asimismo, desde el pasado mes de enero, el régimen de Maduro ha detenido arbitrariamente a seis miembros del partido de Machado, Vente Venezuela, y ordenó emitir órdenes de aprehensión contra otros seis integrantes de la organización política, quienes se tuvieron que refugiar en la Embajada de Argentina en Caracas.
FUENTE: REDACCIÓN / Con información de AFP
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